Se celebro la quinta audiencia con tres declaraciones de carácter testimonial ofrecidos por la querella, en este cuarto proceso judicial por delitos de lesa humanidad en la provincia, la causa donde se investiga sobre el secuestro y desaparición de 17 militantes del Partido Comunista, la mayoría de Tumbaya, en 1976, en la última dictadura cívico-militar.

El primer testimonio fue de Juan Mamaní, quien relató que era oficial el Servicio Penitenciario de Jujuy.

La querella solicito exhibirle unos libros de seguridad interna al testigo, sobre un asiento del ingreso de las víctimas de este juicio. Dijo no recordar y que estaban a cargo de Arjona, un superior jefe de seguridad interna y externa. "Teníamos orden de no controlar los internos por estar a cargo del Poder Ejecutivo Nacional", contestó.

El segundo en testificar fue Andrés Cayón, relató su extensa trayectoria en la Policía de la Provincia. Situado en 1976, relato al Tribunal que el sargento Ernesto Jaig ascendió en poco tiempo a comisario. Destacó la llegada de equipamiento de comunicación para modernizar la fuerza,y se desempeñó como operador en el Comando Radioléctrico que se encontraba en la Central de Policía, donde estaba el área 323 del Ejército, pero que era un sector restringido. Desconoció ver a detenidos, pero que si los había. Sitúo a los imputados Rafael Braga, Eduardo Bulgheroni, Jones Tamayo, Carbone, como militares de la patota de tareas. Además el testigo fue chofer del coronel Bulacio, de Urdapilleta y del ingeniero Carlos Snopek. Recordó al mayor Juan Espinoza que era un torturador. También a los policías Lezcano y Morales que detuvieron a gente de Ledesma.

El ultimo testigo fue Miguel Jaime, quien era policía en 1976, pero renunció al año siguiente por todo lo que se decía. Destacó que los militares estaban concentrados en el tema de los comunistas.