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Estaría elevada a juicio otra causa de "El Triángulo"

Sabado, 28 de noviembre de 2015 01:30
DESALOJO EFECTIVOS INTENTABAN DESPEJAR LA ZONA TOMADA (FOTO DE ARCHIVO AGENCIA DE PRENSA). 
Tras conocerse el fallo que absolvió a los dos imputados que llegaron a juicio, acusados de asesinar al agente Emanuel Farfán, en un hecho ocurrido en una toma de tierras el 28 de julio de 2011 en la ciudad de Libertador General San Martín, se supo que otras causas donde están imputadas varias personas, cerró su etapa de investigación y estaría elevada a juicio. Entre los imputados figura Andrés "Quique" Mosquera, referente de la Corriente Clasista y Combativa de la ciudad ramaleña y funcionarios policiales.
Además ocho comisarios están imputados por los delitos de "incumplimiento en los deberes de funcionario público".
La jueza de Instrucción de Causas de la ciudad de San Pedro, Carolina Pérez Rojas, cerró la etapa de investigación por la que quince personas serían llevadas a juicio por los supuestos delitos de "atentado y resistencia a la autoridad calificado, instigación a cometer delito calificado, lesiones, incendio y daños".
Además se formuló requerimiento de instrucción judicial en contra de los entonces comisarios de la Policía provincial Jorge Ayarde, Sergio Vilca, Fabián Sosa, Néstor Vera, Miguel Ángel Castro, Federico Flores y Marcos Reyes, por los supuestos delitos de "incumplimientos en los deberes de funcionario público", encuadrada en la figura del artículo 239 del Código Penal de la Nación.
La imputación sobre los exfuncionarios públicos, tiene sus fundamentos a partir de las investigaciones preliminares, donde se sostiene que la Policía no cumplió con el deber de controlador y de previsión en el desalojo de "El Triángulo" y llevaron a sus subalternos a cometer ciertas irregularidades que luego no pudieron controlar.
Esto da cuenta que la Policía estaba cumpliendo una orden de desalojo, pero luego, ante otra orden judicial de retirarse de inmediato del lugar, emitida por la jueza Pérez Rojas, no la transmitieron a los efectivos recargados y siguieron apostados en lugar, enfrentándose con los manifestantes. En cuanto a las quince personas que están imputadas por instigadoras, atentar y resistir ante la autoridad durante la toma del predio y la resistencia al desalojo, se supo a través de declaraciones de testigos del juicio anterior que "ordenaron juntar piedras, robar combustible de una finca contigua para fabricar las bombas molotov y arengar al resto de los manifestantes a resistir el desalojo". Además se estableció que desde el grupo manifestante se hallaban personas con armas de fuego.
Otro dato que surgió y se debe comprobar es que los referentes de la CCC no permitían que las personas heridas sean trasladadas hasta el hospital local, y desde ese entorno además se habría dicho que dos bebés habían muerto a causa de los gases lacrimógenos, rumor que hizo que la situación se descontrolara.

Tres muertes más
Además se dispuso respecto a las restantes 72 denuncias obrantes en continuar con las investigaciones para tratar de determinar quiénes fueron los autores responsables del “triple homicidio calificado”, en el que Juan José Velázquez, Ariel Arnaldo Farfán y Félix Víctor Hernán Reyes perdieron la vida a causa de disparos con armas de fuego. Como así también se ordenó investigar quienes fueron los responsables de herir a otras 39 personas en el enfrentamiento, con diferentes elementos.
Teniendo en cuenta el antecedente del juicio inmediatamente anterior, la sociedad que clama justicia, teme que no se puedan condenar a los responsables directos de las vidas que se perdieron en el desalojo. Donde hay aspectos que quedaron para el profundo análisis social, entre ellas la necesidad de generar espacios habitacionales por parte del Estado, la instigación a través de organizaciones sociales a cometer delitos de usurpación y la precaria preparación policial para intervenir en estos tipos situaciones.
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Tras conocerse el fallo que absolvió a los dos imputados que llegaron a juicio, acusados de asesinar al agente Emanuel Farfán, en un hecho ocurrido en una toma de tierras el 28 de julio de 2011 en la ciudad de Libertador General San Martín, se supo que otras causas donde están imputadas varias personas, cerró su etapa de investigación y estaría elevada a juicio. Entre los imputados figura Andrés "Quique" Mosquera, referente de la Corriente Clasista y Combativa de la ciudad ramaleña y funcionarios policiales.
Además ocho comisarios están imputados por los delitos de "incumplimiento en los deberes de funcionario público".
La jueza de Instrucción de Causas de la ciudad de San Pedro, Carolina Pérez Rojas, cerró la etapa de investigación por la que quince personas serían llevadas a juicio por los supuestos delitos de "atentado y resistencia a la autoridad calificado, instigación a cometer delito calificado, lesiones, incendio y daños".
Además se formuló requerimiento de instrucción judicial en contra de los entonces comisarios de la Policía provincial Jorge Ayarde, Sergio Vilca, Fabián Sosa, Néstor Vera, Miguel Ángel Castro, Federico Flores y Marcos Reyes, por los supuestos delitos de "incumplimientos en los deberes de funcionario público", encuadrada en la figura del artículo 239 del Código Penal de la Nación.
La imputación sobre los exfuncionarios públicos, tiene sus fundamentos a partir de las investigaciones preliminares, donde se sostiene que la Policía no cumplió con el deber de controlador y de previsión en el desalojo de "El Triángulo" y llevaron a sus subalternos a cometer ciertas irregularidades que luego no pudieron controlar.
Esto da cuenta que la Policía estaba cumpliendo una orden de desalojo, pero luego, ante otra orden judicial de retirarse de inmediato del lugar, emitida por la jueza Pérez Rojas, no la transmitieron a los efectivos recargados y siguieron apostados en lugar, enfrentándose con los manifestantes. En cuanto a las quince personas que están imputadas por instigadoras, atentar y resistir ante la autoridad durante la toma del predio y la resistencia al desalojo, se supo a través de declaraciones de testigos del juicio anterior que "ordenaron juntar piedras, robar combustible de una finca contigua para fabricar las bombas molotov y arengar al resto de los manifestantes a resistir el desalojo". Además se estableció que desde el grupo manifestante se hallaban personas con armas de fuego.
Otro dato que surgió y se debe comprobar es que los referentes de la CCC no permitían que las personas heridas sean trasladadas hasta el hospital local, y desde ese entorno además se habría dicho que dos bebés habían muerto a causa de los gases lacrimógenos, rumor que hizo que la situación se descontrolara.

Tres muertes más
Además se dispuso respecto a las restantes 72 denuncias obrantes en continuar con las investigaciones para tratar de determinar quiénes fueron los autores responsables del “triple homicidio calificado”, en el que Juan José Velázquez, Ariel Arnaldo Farfán y Félix Víctor Hernán Reyes perdieron la vida a causa de disparos con armas de fuego. Como así también se ordenó investigar quienes fueron los responsables de herir a otras 39 personas en el enfrentamiento, con diferentes elementos.
Teniendo en cuenta el antecedente del juicio inmediatamente anterior, la sociedad que clama justicia, teme que no se puedan condenar a los responsables directos de las vidas que se perdieron en el desalojo. Donde hay aspectos que quedaron para el profundo análisis social, entre ellas la necesidad de generar espacios habitacionales por parte del Estado, la instigación a través de organizaciones sociales a cometer delitos de usurpación y la precaria preparación policial para intervenir en estos tipos situaciones.