El defensor de los Derechos de los Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meacca, acusó a la Policía pampeana de "vulnerar" los derechos de dos nenas de 12 años que fueron detenidas el jueves en General Pico en una comisaría para mayores, acusadas erróneamente de robar un teléfono celular.
Las menores fueron demoradas durante unas siete 7 horas en la seccional Primera de la Policía de General Pico porque un joven las acusó de haberle robado el teléfono celular.
El procedimiento incluyó un patrullero, cuatro motos y una camioneta de la policía para arrestar a las nenas que habían salido solas por primera vez a las 18:00 a la Plaza Seca, el principal paseo de la ciudad, a tomar un helado.
La madre de una de ellas relató que las niñas iban por la calle cuando las interceptó un joven de unos 25 años de apellido Fernández, las acusó de haberle sacado el celular del banco.
DATO: La menores recién recuperaron su libertad después de 7 horas, luego de que las trasladaran a la comisaría del menor.
"Se les ponía adelante, no les permitía seguir, por lo que buscaron amparo en un hombre mayor de edad a quien presentaron como su abuelo", aseguró.
Las nenas negaron la acusación y el joven hizo la denuncia a la Policía por lo que cuando se disponían a retomar su caminata fueron detenidas.
Los efectivos policiales intentaron forzarlas a que se subieran a un patrullero pero una de ellas llamó llorando a su madre, quien asistió de inmediato hasta el lugar.
El abogado aseguró que pidió "información al fiscal que está interviniendo porque la madre de una de las niñas hizo una denuncia" dado que no tenían relación con el robo del celular.
Meacca aclaró que "desde lo legal, la importancia de la participación de un hecho delictivo es a partir de los 16 años. Aunque hayan participado, el Estado renuncia a la posibilidad que tiene de perseguir el hecho y de sancionarlos".
En esos casos, apuntó, "el procedimiento que corresponde, es la comunicación inmediata con los padres, la intervención de las áreas de la policía de Género y Niñez, que ponen a resguardo al niño hasta que lleguen los progenitores para entregárselo". Además, añadió, se debe "notificar al Ministerio de Bienestar Social a través de las Unidades de Niñez y Adolescencia, para plantear esta situación, dónde puede haber una situación de niños desprotegidos y dónde debe intervenir el equipo".
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El defensor de los Derechos de los Niños y Adolescentes de La Pampa, Juan Pablo Meacca, acusó a la Policía pampeana de "vulnerar" los derechos de dos nenas de 12 años que fueron detenidas el jueves en General Pico en una comisaría para mayores, acusadas erróneamente de robar un teléfono celular.
Las menores fueron demoradas durante unas siete 7 horas en la seccional Primera de la Policía de General Pico porque un joven las acusó de haberle robado el teléfono celular.
El procedimiento incluyó un patrullero, cuatro motos y una camioneta de la policía para arrestar a las nenas que habían salido solas por primera vez a las 18:00 a la Plaza Seca, el principal paseo de la ciudad, a tomar un helado.
La madre de una de ellas relató que las niñas iban por la calle cuando las interceptó un joven de unos 25 años de apellido Fernández, las acusó de haberle sacado el celular del banco.
DATO: La menores recién recuperaron su libertad después de 7 horas, luego de que las trasladaran a la comisaría del menor.
"Se les ponía adelante, no les permitía seguir, por lo que buscaron amparo en un hombre mayor de edad a quien presentaron como su abuelo", aseguró.
Las nenas negaron la acusación y el joven hizo la denuncia a la Policía por lo que cuando se disponían a retomar su caminata fueron detenidas.
Los efectivos policiales intentaron forzarlas a que se subieran a un patrullero pero una de ellas llamó llorando a su madre, quien asistió de inmediato hasta el lugar.
El abogado aseguró que pidió "información al fiscal que está interviniendo porque la madre de una de las niñas hizo una denuncia" dado que no tenían relación con el robo del celular.
Meacca aclaró que "desde lo legal, la importancia de la participación de un hecho delictivo es a partir de los 16 años. Aunque hayan participado, el Estado renuncia a la posibilidad que tiene de perseguir el hecho y de sancionarlos".
En esos casos, apuntó, "el procedimiento que corresponde, es la comunicación inmediata con los padres, la intervención de las áreas de la policía de Género y Niñez, que ponen a resguardo al niño hasta que lleguen los progenitores para entregárselo". Además, añadió, se debe "notificar al Ministerio de Bienestar Social a través de las Unidades de Niñez y Adolescencia, para plantear esta situación, dónde puede haber una situación de niños desprotegidos y dónde debe intervenir el equipo".