La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea querellante en la causa en la que se investiga la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa en la última dictadura cívico-militar y la presunta vinculación de directivos del grupo Clarín y La Nación.
Así lo resolvió la Sala III del máximo tribunal penal del país, la cual consideró que "el Estado Nacional se encuentra representado en el marco de estas actuaciones a través del rol que como querellante ha asumido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". "Es ese mismo Ministerio el que participa activamente en la UIF, no sólo en los procesos de selección de los cargos presidenciales de aquella, sino que también posee dentro del ámbito de la Unidad, un vocal que integra el Consejo Asesor de la UIF, representante del Ministerio indicado", señalaron los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky.
La UIF, a través de José Sbatella, había pedido ser querellante al juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, pero el magistrado rechazó la petición, en una decisión confirmada por la Cámara Federal y ahora por Casación. El tribunal entendió, al respecto, que "la supuesta legitimación alegada por el impugnante (la UIF) se sustenta en la posible comisión del delito de lavado de activos, norma sancionada en el año 2011, cuando los hechos investigados habrían tenido lugar durante el transcurso de 1976 y 1977".
En la causa, el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió el miércoles pasado la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; y del director de La Nación, Bartolomé Mitre, en el marco de la causa por la presunta apropiación irregular de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer que la Unidad de Información Financiera (UIF) sea querellante en la causa en la que se investiga la transferencia de acciones de la empresa Papel Prensa en la última dictadura cívico-militar y la presunta vinculación de directivos del grupo Clarín y La Nación.
Así lo resolvió la Sala III del máximo tribunal penal del país, la cual consideró que "el Estado Nacional se encuentra representado en el marco de estas actuaciones a través del rol que como querellante ha asumido el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos". "Es ese mismo Ministerio el que participa activamente en la UIF, no sólo en los procesos de selección de los cargos presidenciales de aquella, sino que también posee dentro del ámbito de la Unidad, un vocal que integra el Consejo Asesor de la UIF, representante del Ministerio indicado", señalaron los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky.
La UIF, a través de José Sbatella, había pedido ser querellante al juez federal Julián Ercolini, a cargo de la causa, pero el magistrado rechazó la petición, en una decisión confirmada por la Cámara Federal y ahora por Casación. El tribunal entendió, al respecto, que "la supuesta legitimación alegada por el impugnante (la UIF) se sustenta en la posible comisión del delito de lavado de activos, norma sancionada en el año 2011, cuando los hechos investigados habrían tenido lugar durante el transcurso de 1976 y 1977".
En la causa, el fiscal Leonel Gómez Barbella pidió el miércoles pasado la indagatoria de los directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble; y del director de La Nación, Bartolomé Mitre, en el marco de la causa por la presunta apropiación irregular de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar.