La normativa denominada de "Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina" fue sancionada por unanimidad en el Congreso durante diciembre de 2014, y promulgada por el Ejecutivo Nacional en enero de este año.
Dicho marco legal fue analizado en el Ministerio de Producción, congregando al máximo referente de la cartera, Gabriel Romarovsky, y a representantes del INTA, INTI, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF –NOA), intendentes, movimientos campesinos y productores asociados de distintos puntos del territorio.
En ese marco, Romarovsky ponderó los alcances de la ley, ratificando que la misma se traduce en una "verdadera reparación histórica" que promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas y originarias.
Al mismo tiempo, repasó la labor efectuada desde 2014 junto a organismos, movimientos campesinos y productivos para el armado de una Ley Provincial de Agricultura Familiar, cuyo sentido se vio reflejado finalmente en esta nueva norma federal.
"Afortunadamente salió la ley nacional. A pedido de este sector ahora plantearemos un proyecto de ley que enviaremos a la Legislatura desde el Ministerio, para que nuestros diputados impulsen la adhesión de Jujuy, recordando que muchos de ellos ya demostraron su constante apoyo a este sector. Esta ley establece y garantiza múltiples beneficios, como fondos equivalentes a 1.500 millones de pesos que los agricultores de Jujuy deben aprovechar", dijo Romarovsky.
A su turno, el productor Carlos Rodríguez de la Asociación Tierra Fértil de Palma Sola aseveró: "una etapa culmina con la presentación de esta ley; hemos participado de muchas reuniones el año pasado y hay que destacar el fortalecimiento y el reconocimiento a esta actividad, que años antes no se reconocía. Todo esto se lo debemos al gobierno nacional y provincial, hay que luchar para que se siga con este proyecto".
Los alcances de la ley
"Se trata de una mirada incluyente para los que menos tienen, para uno de los sectores más olvidados y desposeídos en la ruralidad", dijo el coordinador técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingeniero Hugo Iza. "Esta ley se inscribe en el listado de muchas leyes significativas, como la ley de peón rural, la estatización de YPF y de ferrocarriles", prosiguió.
El análisis de la Ley 27.718 incluyó puntos relevantes: la transformación de políticas públicas para la atención diferenciada a regiones postergadas, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; el aprovechamiento de semillas, la producción agropecuaria como contribuyente a la soberanía y seguridad alimentaria, entre otros aspectos.
Cabe recordar que la agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. A escala país comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de productores. La actividad constituye el 53 por ciento del empleo rural.
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La normativa denominada de "Reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina" fue sancionada por unanimidad en el Congreso durante diciembre de 2014, y promulgada por el Ejecutivo Nacional en enero de este año.
Dicho marco legal fue analizado en el Ministerio de Producción, congregando al máximo referente de la cartera, Gabriel Romarovsky, y a representantes del INTA, INTI, Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJU, Subsecretaría de Agricultura Familiar, Instituto para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF –NOA), intendentes, movimientos campesinos y productores asociados de distintos puntos del territorio.
En ese marco, Romarovsky ponderó los alcances de la ley, ratificando que la misma se traduce en una "verdadera reparación histórica" que promueve el desarrollo humano integral de pequeños productores, comunidades campesinas y originarias.
Al mismo tiempo, repasó la labor efectuada desde 2014 junto a organismos, movimientos campesinos y productivos para el armado de una Ley Provincial de Agricultura Familiar, cuyo sentido se vio reflejado finalmente en esta nueva norma federal.
"Afortunadamente salió la ley nacional. A pedido de este sector ahora plantearemos un proyecto de ley que enviaremos a la Legislatura desde el Ministerio, para que nuestros diputados impulsen la adhesión de Jujuy, recordando que muchos de ellos ya demostraron su constante apoyo a este sector. Esta ley establece y garantiza múltiples beneficios, como fondos equivalentes a 1.500 millones de pesos que los agricultores de Jujuy deben aprovechar", dijo Romarovsky.
A su turno, el productor Carlos Rodríguez de la Asociación Tierra Fértil de Palma Sola aseveró: "una etapa culmina con la presentación de esta ley; hemos participado de muchas reuniones el año pasado y hay que destacar el fortalecimiento y el reconocimiento a esta actividad, que años antes no se reconocía. Todo esto se lo debemos al gobierno nacional y provincial, hay que luchar para que se siga con este proyecto".
Los alcances de la ley
"Se trata de una mirada incluyente para los que menos tienen, para uno de los sectores más olvidados y desposeídos en la ruralidad", dijo el coordinador técnico del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, ingeniero Hugo Iza. "Esta ley se inscribe en el listado de muchas leyes significativas, como la ley de peón rural, la estatización de YPF y de ferrocarriles", prosiguió.
El análisis de la Ley 27.718 incluyó puntos relevantes: la transformación de políticas públicas para la atención diferenciada a regiones postergadas, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable; el aprovechamiento de semillas, la producción agropecuaria como contribuyente a la soberanía y seguridad alimentaria, entre otros aspectos.
Cabe recordar que la agricultura familiar representa el 20 por ciento del PBI del sector agropecuario nacional, el 20 por ciento de tierras productivas y el 27 por ciento del valor de la producción. A escala país comprende 30,9 millones de hectáreas totales y el 65 por ciento del total de productores. La actividad constituye el 53 por ciento del empleo rural.