Pagos en especie, reformulación de contratos, procedimientos para regular facturaciones y cobros, normas poco claras de contrataciones, diferencias en montos millonarios.
El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) relacionado al Fútbol Para Todos (FPT), que todavía no fue aprobado, pero que ya fue enviado por el organismo a la Justicia puede traerle más de un dolor de cabeza a los funcionarios y dirigentes del fútbol investigados por la jueza federal María Servini de Cubría.
Los fondos devengados al FPT desde el inicio hasta el cierre del ejercicio 2012 totalizaron 2.967.556.300,12 pesos.
Un medio porteño accedió al borrador de 60 carillas que la jueza deberá escudriñar, con durísimos cuestionamientos al FPT.
En su génesis, el contrato entre la Jefatura de Gabinete y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), celebrado el 20 de agosto del 2009, fue destinado a la televisación abierta y gratuita de todos los partidos de los torneos de fútbol de primera división organizados por la AFA, con una vigencia contractual de cesión por 10 años. Sin embargo, luego de una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de un informe del programa de televisión, la Justicia puso la lupa en supuestos manejos irregulares en los millones destinados al fútbol.
El informe detectó una diferencia de 178.935.292 pesos entre el total devengado y la suma de las órdenes de pago.
El informe, que hasta ahora se trata de un borrador "sujeto a discusión", fue enviado por la AGN comandada por Leandro Despouy a Servini de Cubría, que lo había solicitado a principios de mes. Los exjefes de Gabinete Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina; el actual, Aníbal Fernández; y la dirigencia del fútbol quedó en la mira judicial.
Según dicha auditoría, los fondos devengados al FPT desde el inicio, en agosto del 2009, hasta el cierre del ejercicio 2012 totalizaron 2.967.556.300,12 pesos, según la ejecución presupuestaria. El programa Fútbol Para Todos, en tanto, dispone de 63 personas contratadas, y no posee Servicio Administrativo Financiero propio. "Por tal motivo la administración de los fondos y recursos se originan en partidas presupuestarias gestionadas por la Jefatura de Gabinete".
El primer cuestionamiento de la AGN se debe a que el contrato "mediante el cual la Jefatura de Gabinete de Ministros adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional".
Uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno y la AFA en la suscripción del acuerdo fue el fortalecimiento de los clubes asociaciones civiles sin fines de lucro con alternativas para mejorar sus ingresos. Sin embargo, según el informe "no obran en las actuaciones donde tramitó la formalización del contrato ni antes de la firma ni después aquellos documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por estos denunciadas por AFA".
De hecho, el borrador transcribe una circular de AFA del 11 de julio del 2012 en la que la asociación reconoce que los clubes generaron "mayor endeudamiento" en sus cuentas y "promesas contractuales en muchos casos impagables". "La situación expuesta en esta nota pone en evidencia que el saneamiento financiero de los clubes, que es uno de los objetivos principales del contrato celebrado con AFA, no se cumplió, sino que por el contrario la situación empeoró a partir de un mayor endeudamiento de los mismos".
Una de las claves se centra en la ejecución presupuestaria del programa, a partir de una diferencia de 178.935.292 pesos verificada entre el total devengado (2.967.556.300 pesos) y la suma de las órdenes de pago (2.788.621.008 pesos).
Además del informe, que se suma a la causa caratulada "Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y Asociación del Fútbol Argentino s/defraudación contra la administración pública", la Auditoría se comprometió con la magistrada a enviar una persona que ayude a los peritos a examinar la información.
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Pagos en especie, reformulación de contratos, procedimientos para regular facturaciones y cobros, normas poco claras de contrataciones, diferencias en montos millonarios.
El informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) relacionado al Fútbol Para Todos (FPT), que todavía no fue aprobado, pero que ya fue enviado por el organismo a la Justicia puede traerle más de un dolor de cabeza a los funcionarios y dirigentes del fútbol investigados por la jueza federal María Servini de Cubría.
Los fondos devengados al FPT desde el inicio hasta el cierre del ejercicio 2012 totalizaron 2.967.556.300,12 pesos.
Un medio porteño accedió al borrador de 60 carillas que la jueza deberá escudriñar, con durísimos cuestionamientos al FPT.
En su génesis, el contrato entre la Jefatura de Gabinete y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), celebrado el 20 de agosto del 2009, fue destinado a la televisación abierta y gratuita de todos los partidos de los torneos de fútbol de primera división organizados por la AFA, con una vigencia contractual de cesión por 10 años. Sin embargo, luego de una denuncia de la legisladora Graciela Ocaña a raíz de un informe del programa de televisión, la Justicia puso la lupa en supuestos manejos irregulares en los millones destinados al fútbol.
El informe detectó una diferencia de 178.935.292 pesos entre el total devengado y la suma de las órdenes de pago.
El informe, que hasta ahora se trata de un borrador "sujeto a discusión", fue enviado por la AGN comandada por Leandro Despouy a Servini de Cubría, que lo había solicitado a principios de mes. Los exjefes de Gabinete Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina; el actual, Aníbal Fernández; y la dirigencia del fútbol quedó en la mira judicial.
Según dicha auditoría, los fondos devengados al FPT desde el inicio, en agosto del 2009, hasta el cierre del ejercicio 2012 totalizaron 2.967.556.300,12 pesos, según la ejecución presupuestaria. El programa Fútbol Para Todos, en tanto, dispone de 63 personas contratadas, y no posee Servicio Administrativo Financiero propio. "Por tal motivo la administración de los fondos y recursos se originan en partidas presupuestarias gestionadas por la Jefatura de Gabinete".
El primer cuestionamiento de la AGN se debe a que el contrato "mediante el cual la Jefatura de Gabinete de Ministros adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional".
Uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno y la AFA en la suscripción del acuerdo fue el fortalecimiento de los clubes asociaciones civiles sin fines de lucro con alternativas para mejorar sus ingresos. Sin embargo, según el informe "no obran en las actuaciones donde tramitó la formalización del contrato ni antes de la firma ni después aquellos documentos técnicos demostrativos de la invocada crisis de los clubes ni de la verosimilitud de las millonarias sumas adeudadas por estos denunciadas por AFA".
De hecho, el borrador transcribe una circular de AFA del 11 de julio del 2012 en la que la asociación reconoce que los clubes generaron "mayor endeudamiento" en sus cuentas y "promesas contractuales en muchos casos impagables". "La situación expuesta en esta nota pone en evidencia que el saneamiento financiero de los clubes, que es uno de los objetivos principales del contrato celebrado con AFA, no se cumplió, sino que por el contrario la situación empeoró a partir de un mayor endeudamiento de los mismos".
Una de las claves se centra en la ejecución presupuestaria del programa, a partir de una diferencia de 178.935.292 pesos verificada entre el total devengado (2.967.556.300 pesos) y la suma de las órdenes de pago (2.788.621.008 pesos).
Además del informe, que se suma a la causa caratulada "Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y Asociación del Fútbol Argentino s/defraudación contra la administración pública", la Auditoría se comprometió con la magistrada a enviar una persona que ayude a los peritos a examinar la información.