Una segunda protesta contra la presidente brasileña Dilma Rousseff y el gigantesco desvío de fondos descubierto en Petrobras promete hoy sacudir el poder político y sacar a las calles de todo Brasil a una multitud harta de la corrupción.
Los organizadores esperan convocar a más de un millón de personas en más de 400 ciudades de Brasil.
La primera protesta del 15 de marzo reunió a más de 1,7 millones de personas, según la policía, aunque las cifras de Sao Paulo fueron cuestionadas por la encuestadora Datafolha.
"El principal objetivo es obtener la destitución de Rousseff, o su renuncia", dijo el politólogo Fabio Ostermann, uno de los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL) que organiza las protestas.
"La elección no da a la presidenta un salvoconducto para hacer lo que quiera. Su omisión con el escándalo en Petrobras la coloca en una situación de mucha irresponsabilidad. El cargo de presidente de la República debe estar por encima de cualquier sospecha", dijo Ostermann.
"Además, Rousseff practicó un engaño electoral flagrante: en el período electoral advirtió sobre desvíos si su adversario era electo, que aumentaría la cuenta de luz, que aumentaría el precio de la gasolina, que retiraría derechos laborales, cuando en realidad quien ha hecho eso es ella", afirmó el politólogo.
Los expertos jurídicos aseguran que no hay elementos que permitan la destitución de Rousseff.
Sospechas
La mandataria brasileña se encuentra con una escasa popularidad, pese a que envió al Congreso un paquete de medidas para luchar contra la corrupción tras las multitudinarias protestas del 15 de marzo.
Ocho de cada 10 brasileños creen que Rousseff estaba al tanto de la corrupción en Petrobras, según Datafolha. La aprobación a su gestión cayó 33 puntos a apenas 19 por ciento, según el último sondeo Ibope, algo que también se explica por el estancamiento económico y la inflación.
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Una segunda protesta contra la presidente brasileña Dilma Rousseff y el gigantesco desvío de fondos descubierto en Petrobras promete hoy sacudir el poder político y sacar a las calles de todo Brasil a una multitud harta de la corrupción.
Los organizadores esperan convocar a más de un millón de personas en más de 400 ciudades de Brasil.
La primera protesta del 15 de marzo reunió a más de 1,7 millones de personas, según la policía, aunque las cifras de Sao Paulo fueron cuestionadas por la encuestadora Datafolha.
"El principal objetivo es obtener la destitución de Rousseff, o su renuncia", dijo el politólogo Fabio Ostermann, uno de los líderes del Movimiento Brasil Libre (MBL) que organiza las protestas.
"La elección no da a la presidenta un salvoconducto para hacer lo que quiera. Su omisión con el escándalo en Petrobras la coloca en una situación de mucha irresponsabilidad. El cargo de presidente de la República debe estar por encima de cualquier sospecha", dijo Ostermann.
"Además, Rousseff practicó un engaño electoral flagrante: en el período electoral advirtió sobre desvíos si su adversario era electo, que aumentaría la cuenta de luz, que aumentaría el precio de la gasolina, que retiraría derechos laborales, cuando en realidad quien ha hecho eso es ella", afirmó el politólogo.
Los expertos jurídicos aseguran que no hay elementos que permitan la destitución de Rousseff.
Sospechas
La mandataria brasileña se encuentra con una escasa popularidad, pese a que envió al Congreso un paquete de medidas para luchar contra la corrupción tras las multitudinarias protestas del 15 de marzo.
Ocho de cada 10 brasileños creen que Rousseff estaba al tanto de la corrupción en Petrobras, según Datafolha. La aprobación a su gestión cayó 33 puntos a apenas 19 por ciento, según el último sondeo Ibope, algo que también se explica por el estancamiento económico y la inflación.