A pesar de las pruebas que pesaban contra la mayoría de los cinco gendarmes acusados, el Tribunal Criminal II sólo pudo condenar a Roberto Omar González (35) a la pena de "prisión perpetua" por el horrendo crimen de Carola Elina Carretero y su posterior encubrimiento.
Mientras que el acusado y expareja de la víctima, Cristian Ariel Monje (31) fue sobreseído debido a la falta de imputación por parte del fiscal de cámara Gustavo Almirón. En tanto que los demás gendarmes: Diego Alberto Tapia (34), Agustín Ángel Castillo (31) y Mario Antonio Olivares (34), quedaron libres por la prescripción de las acciones penales por las que habían sido acusados.
Monje había sido acusado por el supuesto delito de "participación criminal secundaria de homicidio calificado", González por el aparente delito de "homicidio calificado por alevosía", Diego Alberto Tapia y Agustín Ángel Castillo por el supuesto delito de "encubrimiento agravado", y Mario Antonio Olivares, por el aparente delito de "falso testimonio".
En su alegato el fiscal Almirón hizo un detalle de las pruebas por las que creía que el acusado Monje mentía en todo su relato.
Sobre éste dijo que Monje había sido visto junto a la víctima en el boliche "El Príncipe" y luego reconocido por las mismas amigas en el velorio de Carretero.
También Almirón esgrimió como prueba fundamental la coincidencia en más de un 99,9 % en el cotejo de los fluidos hallados en la bombacha y el pantalón de Carretero con el ADN de Monje.
Pero a pesar de esto el fiscal dijo que se había probado que Monje mintió al decir que ese 5 de marzo del 2005 no había visto a quien era su pareja "porque está probado que estuvo con Carretero" aunque también entendió que "es difícil probar qué intención tuvo Monje".
Por lo que ante el Tribunal Criminal II desistió de su acusación contra Monje al entender que "no tengo elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de Monje alrededor del hecho".
En cambio sobre la culpabilidad de González el fiscal dijo que "todo su testimonio es armado para justificar su accionar homicida". Y puntualizó sobre la víctima que "es imposible que se haya suicidado de la forma en que lo quieren hacer parecer" y que "Castillo y Tapia ayudaron a inventar el teatro del crimen".
Por otro lado argumentó que el testimonio del exjefe del Escuadrón 53 "Jujuy", Daniel Héctor de la Colina, "es lapidario al decir que González quería tener relaciones consentidas con Carretero".
Por ello solicitó para González la pena de "prisión perpetua", mientras que para Tapia y Castillo "cuatro años de prisión efectiva" y Olivares para el fiscal quedó en la misma situación que Monje.
Por su parte uno de los querellantes adhesivos, Guillermo Vásquez, fue explícito en su alegato al indicar que "la querella discrepa con el Ministerio Público Fiscal en torno a las lesiones producidas a Carretero".
"Las lesiones contra Carretero fueron producidas por Monje" porque "la sangre que fue hallada en el pantalón de Carretero es compatible con su ADN". Prosiguió en que "ante esto González, quien estaba al tanto de lo que pasaba en la pieza de Monje, se aprovecha y ve la oportunidad de tener una relación sexual con la víctima".
De allí que "González después de saber lo que hizo, decide quitarle la vida con el cinto de Monje", puesto que para el letrado "Monje realizó todas las acciones necesarias para que González se aproveche de la situación" y "su accionar omisivo preparó el terreno para González".
En tanto que sobre los otros acusados dijo que "existió una red de encubrimiento por parte de Gendarmería", debido a que "toda la actividad de los miembros de Gendarmería Nacional tendían a que el hecho quede como suicidio". Por ello solicitó 10 años de prisión para Monje y prisión perpetua para González.
A su vez la co-querellante Natalia Segovia, pidió que Olivares fuera condenado a 3 años de prisión.
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A pesar de las pruebas que pesaban contra la mayoría de los cinco gendarmes acusados, el Tribunal Criminal II sólo pudo condenar a Roberto Omar González (35) a la pena de "prisión perpetua" por el horrendo crimen de Carola Elina Carretero y su posterior encubrimiento.
Mientras que el acusado y expareja de la víctima, Cristian Ariel Monje (31) fue sobreseído debido a la falta de imputación por parte del fiscal de cámara Gustavo Almirón. En tanto que los demás gendarmes: Diego Alberto Tapia (34), Agustín Ángel Castillo (31) y Mario Antonio Olivares (34), quedaron libres por la prescripción de las acciones penales por las que habían sido acusados.
Monje había sido acusado por el supuesto delito de "participación criminal secundaria de homicidio calificado", González por el aparente delito de "homicidio calificado por alevosía", Diego Alberto Tapia y Agustín Ángel Castillo por el supuesto delito de "encubrimiento agravado", y Mario Antonio Olivares, por el aparente delito de "falso testimonio".
En su alegato el fiscal Almirón hizo un detalle de las pruebas por las que creía que el acusado Monje mentía en todo su relato.
Sobre éste dijo que Monje había sido visto junto a la víctima en el boliche "El Príncipe" y luego reconocido por las mismas amigas en el velorio de Carretero.
También Almirón esgrimió como prueba fundamental la coincidencia en más de un 99,9 % en el cotejo de los fluidos hallados en la bombacha y el pantalón de Carretero con el ADN de Monje.
Pero a pesar de esto el fiscal dijo que se había probado que Monje mintió al decir que ese 5 de marzo del 2005 no había visto a quien era su pareja "porque está probado que estuvo con Carretero" aunque también entendió que "es difícil probar qué intención tuvo Monje".
Por lo que ante el Tribunal Criminal II desistió de su acusación contra Monje al entender que "no tengo elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de Monje alrededor del hecho".
En cambio sobre la culpabilidad de González el fiscal dijo que "todo su testimonio es armado para justificar su accionar homicida". Y puntualizó sobre la víctima que "es imposible que se haya suicidado de la forma en que lo quieren hacer parecer" y que "Castillo y Tapia ayudaron a inventar el teatro del crimen".
Por otro lado argumentó que el testimonio del exjefe del Escuadrón 53 "Jujuy", Daniel Héctor de la Colina, "es lapidario al decir que González quería tener relaciones consentidas con Carretero".
Por ello solicitó para González la pena de "prisión perpetua", mientras que para Tapia y Castillo "cuatro años de prisión efectiva" y Olivares para el fiscal quedó en la misma situación que Monje.
Por su parte uno de los querellantes adhesivos, Guillermo Vásquez, fue explícito en su alegato al indicar que "la querella discrepa con el Ministerio Público Fiscal en torno a las lesiones producidas a Carretero".
"Las lesiones contra Carretero fueron producidas por Monje" porque "la sangre que fue hallada en el pantalón de Carretero es compatible con su ADN". Prosiguió en que "ante esto González, quien estaba al tanto de lo que pasaba en la pieza de Monje, se aprovecha y ve la oportunidad de tener una relación sexual con la víctima".
De allí que "González después de saber lo que hizo, decide quitarle la vida con el cinto de Monje", puesto que para el letrado "Monje realizó todas las acciones necesarias para que González se aproveche de la situación" y "su accionar omisivo preparó el terreno para González".
En tanto que sobre los otros acusados dijo que "existió una red de encubrimiento por parte de Gendarmería", debido a que "toda la actividad de los miembros de Gendarmería Nacional tendían a que el hecho quede como suicidio". Por ello solicitó 10 años de prisión para Monje y prisión perpetua para González.
A su vez la co-querellante Natalia Segovia, pidió que Olivares fuera condenado a 3 años de prisión.