El Gobierno de Perú autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay, de la región de Arequipa, donde murió otro policía herido en las protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, de la minera mexicana Southern Copper, aunque el Ejecutivo insistió en su intención de resolver las diferencias a través del diálogo.
Una resolución suprema del Ministerio del Interior autorizó la participación de los militares "en apoyo de la Policía Nacional, del 9 de mayo al 7 de junio de 2015, con el fin de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno".
Las Fuerzas Armadas también deberán "evitar actos de violencia o cualquier otro acto ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones" en Islay, donde las protestas derivaron en un paro que ya lleva 48 días.
La decisión del Ejecutivo parece una respuesta a la muerte, de otro policía, uno de los cuatro que seguía hospitalizado tras los violentos choques con manifestantes del miércoles pasado en la ciudad de Mollendo.
La minera Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su vocero oficial en Perú anunciara su cancelación por lo que definió como "terrorismo antiminero".
Southern contempla la inversión de unos 1.200 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
El paro indefinido en la provincia de Islay fue convocado desde el 23 de marzo por el Frente de Defensa del Valle de Tambo, cuyos agricultores consideran que la actividad minera perjudicará su producción agrícola.
La titular de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, insistió en que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero reclamó "interlocutores válidos". "Nosotros manifestamos nuestra entera voluntad de diálogo pero con gente que represente a la población".
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El Gobierno de Perú autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en la provincia de Islay, de la región de Arequipa, donde murió otro policía herido en las protestas contra el proyecto cuprífero Tía María, de la minera mexicana Southern Copper, aunque el Ejecutivo insistió en su intención de resolver las diferencias a través del diálogo.
Una resolución suprema del Ministerio del Interior autorizó la participación de los militares "en apoyo de la Policía Nacional, del 9 de mayo al 7 de junio de 2015, con el fin de asegurar el control y el mantenimiento del orden interno".
Las Fuerzas Armadas también deberán "evitar actos de violencia o cualquier otro acto ilícito que se pudiera cometer con ocasión de las movilizaciones" en Islay, donde las protestas derivaron en un paro que ya lleva 48 días.
La decisión del Ejecutivo parece una respuesta a la muerte, de otro policía, uno de los cuatro que seguía hospitalizado tras los violentos choques con manifestantes del miércoles pasado en la ciudad de Mollendo.
La minera Southern Copper, filial del Grupo México, anunció el pasado 27 de marzo que seguirá desarrollando el proyecto, horas después de que su vocero oficial en Perú anunciara su cancelación por lo que definió como "terrorismo antiminero".
Southern contempla la inversión de unos 1.200 millones de dólares para la construcción de Tía María, cuya producción estimada es de 120 mil toneladas métricas anuales de cátodos de cobre a partir del inicio de sus operaciones.
El paro indefinido en la provincia de Islay fue convocado desde el 23 de marzo por el Frente de Defensa del Valle de Tambo, cuyos agricultores consideran que la actividad minera perjudicará su producción agrícola.
La titular de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, insistió en que el Gobierno está dispuesto a dialogar, pero reclamó "interlocutores válidos". "Nosotros manifestamos nuestra entera voluntad de diálogo pero con gente que represente a la población".