Una persona murió el viernes en un nuevo enfrentamiento entre manifestantes que intentaban bloquear una carretera y la Policía.
El gobierno de Perú declaró el sábado el estado de emergencia en la provincia de Islay, que llevaba más de dos meses en paro indefinido en rechazo al proyecto minero Tía María y que el viernes sumó un cuarto fallecido durante las protestas.
A pesar de que la empresa Southern Copper, del Grupo México, anunció el pasado 15 de mayo una pausa de 60 días en la ejecución del proyecto minero para buscar un entendimiento con la población, las movilizaciones contra el proyecto continuaron en demanda de que se suspenda por la presunta contaminación ambiental que ocasionará.
Al entrar en vigencia el estado de emergencia, las tanquetas del Ejército comenzaron el sábado a recorrer los distritos de Islay para ayudar a la Policía Nacional a restablecer el orden y levantar los bloqueos.
Aunque el estado de emergencia restringe los derechos a la libertad de reunión y de tránsito, algunos manifestantes que participaron en las movilizaciones de los últimos días se congregaron el sábado en la céntrica plaza de Cocachacra, donde la comisaría fue atacada con explosivos.
Un nuevo muerto
El viernes hubo un nuevo enfrentamiento entre manifestantes que intentaban bloquear una carretera nacional y la Policía Nacional, con el saldo de un manifestante muerto y al menos cinco heridos, dos de ellos agentes policiales, según informó el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, en una rueda de prensa conjunta con el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, lamentó ayer que los hechos de violencia del viernes, "con el empleo de cartuchos de dinamita", haya forzado la declaratoria de emergencia para "garantizar que los agricultores puedan completar la cosecha y que no sufran pérdidas", y que "los niños puedan asistir a las escuelas porque están al borde de perder el año escolar".
Humala dijo que el gobierno tiene que "garantizar la vida en comunidad en paz, que los pobladores puedan salir a las calles y que no les estén cobrando cupos (dinero) o vejando a algunas personas que piensan diferente" a los opositores del proyecto.
El mandatario también afirmó que hay una "estigmatización de los proyectos (mineros) con fines ideológicos y preelectorales" y señaló que los autores de las "campañas violentistas" tienen en su mayoría vinculaciones con Sendero Luminoso.
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Una persona murió el viernes en un nuevo enfrentamiento entre manifestantes que intentaban bloquear una carretera y la Policía.
El gobierno de Perú declaró el sábado el estado de emergencia en la provincia de Islay, que llevaba más de dos meses en paro indefinido en rechazo al proyecto minero Tía María y que el viernes sumó un cuarto fallecido durante las protestas.
A pesar de que la empresa Southern Copper, del Grupo México, anunció el pasado 15 de mayo una pausa de 60 días en la ejecución del proyecto minero para buscar un entendimiento con la población, las movilizaciones contra el proyecto continuaron en demanda de que se suspenda por la presunta contaminación ambiental que ocasionará.
Al entrar en vigencia el estado de emergencia, las tanquetas del Ejército comenzaron el sábado a recorrer los distritos de Islay para ayudar a la Policía Nacional a restablecer el orden y levantar los bloqueos.
Aunque el estado de emergencia restringe los derechos a la libertad de reunión y de tránsito, algunos manifestantes que participaron en las movilizaciones de los últimos días se congregaron el sábado en la céntrica plaza de Cocachacra, donde la comisaría fue atacada con explosivos.
Un nuevo muerto
El viernes hubo un nuevo enfrentamiento entre manifestantes que intentaban bloquear una carretera nacional y la Policía Nacional, con el saldo de un manifestante muerto y al menos cinco heridos, dos de ellos agentes policiales, según informó el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, en una rueda de prensa conjunta con el jefe del gabinete, Pedro Cateriano, y el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén.
El presidente de Perú, Ollanta Humala, lamentó ayer que los hechos de violencia del viernes, "con el empleo de cartuchos de dinamita", haya forzado la declaratoria de emergencia para "garantizar que los agricultores puedan completar la cosecha y que no sufran pérdidas", y que "los niños puedan asistir a las escuelas porque están al borde de perder el año escolar".
Humala dijo que el gobierno tiene que "garantizar la vida en comunidad en paz, que los pobladores puedan salir a las calles y que no les estén cobrando cupos (dinero) o vejando a algunas personas que piensan diferente" a los opositores del proyecto.
El mandatario también afirmó que hay una "estigmatización de los proyectos (mineros) con fines ideológicos y preelectorales" y señaló que los autores de las "campañas violentistas" tienen en su mayoría vinculaciones con Sendero Luminoso.