Cuatro partidos opositores en Brasil presentaron una denuncia contra la presidenta Dilma Rousseff, por un supuesto delito contra las finanzas públicas, en busca de dar paso a un juicio político que termine con la destitución de la jefa de Estado.
La denuncia está impulsada por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Demócratas (DEM) y Solidaridad (SD), los cuatro mayores de la oposición, y fue presentada ante la Procuraduría General de la República.
Las fuerzas opositoras señalan a Rousseff por un "delito de responsabilidad" por unas maniobras fiscales realizadas por su gobierno en 2013 y 2014 para que las cuentas públicas se enmarcaran dentro de las previsiones del Ejecutivo.
El pasado abril, el Tribunal de Cuentas consideró que el Gobierno incurrió en un delito por haber usado fondos de los bancos públicos para mejorar los resultados de las cuentas del Estado en esos años, aunque el responsable por la investigación, el magistrado Jose Múcio, descartó que las irregularidades fueran cometidas de mala fe. El delito de responsabilidad es uno de los que la Constitución menciona como una causa para iniciar un juicio político con fines de destitución del jefe del Estado.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
Cuatro partidos opositores en Brasil presentaron una denuncia contra la presidenta Dilma Rousseff, por un supuesto delito contra las finanzas públicas, en busca de dar paso a un juicio político que termine con la destitución de la jefa de Estado.
La denuncia está impulsada por los partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Demócratas (DEM) y Solidaridad (SD), los cuatro mayores de la oposición, y fue presentada ante la Procuraduría General de la República.
Las fuerzas opositoras señalan a Rousseff por un "delito de responsabilidad" por unas maniobras fiscales realizadas por su gobierno en 2013 y 2014 para que las cuentas públicas se enmarcaran dentro de las previsiones del Ejecutivo.
El pasado abril, el Tribunal de Cuentas consideró que el Gobierno incurrió en un delito por haber usado fondos de los bancos públicos para mejorar los resultados de las cuentas del Estado en esos años, aunque el responsable por la investigación, el magistrado Jose Múcio, descartó que las irregularidades fueran cometidas de mala fe. El delito de responsabilidad es uno de los que la Constitución menciona como una causa para iniciar un juicio político con fines de destitución del jefe del Estado.