Policías federales del Departamento Interpol allanaron ayer tarde las empresas de los tres acusados argentinos por el megaescándalo de coimas en la Fifa buscando datos que permitan conocer su paradero, ya que a dos días de la denuncia siguen sin aparecer y virtualmente en calidad de prófugos.
La orden de allanar las firmas Torneos, de Alejandro Burzaco, y Full Play International Television SA, de Hugo y Mariano Jinkins, emanó del juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, que quedó a cargo de la causa abierta por la extradición solicitada desde los Estados Unidos.
Los tres empresarios fueron denunciados como integrantes de una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos para la comercialización de los campeonatos de la Fifa y de lavado de dinero en bancos norteamericanos.
Los Jinkins se encontrarían dentro del país ya que, al menos legalmente, no se registran datos de su tránsito por pasos fronterizos.
Más enigmática resulta la situación de Burzaco, quien un día antes de estallar el escándalo escribió en su cuenta personal Twitter que se encontraba en Londres, camino a Zurich, pero luego cerró su perfil.
Agentes de Interpol de la Policía Federal ingresaron a la sede de Torneos, en Balcarce 130 del barrio porteño de San Telmo, a las 16,30 en busca de datos sobre pasajes o comunicaciones que permitan ubicar a al CEO de la compañía, que es la mayor productora televisiva de espectáculos deportivos de Sudamérica.
En simultáneo y con idéntico propósito, los policías que responden a las órdenes de Interpol ingresaron en las oficinas de Libertador 6552, en Núñez, sede Full Play, donde habrían secuestrado computadoras.
Antes de ayer, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que recibió de la Cancilleria el pedido de extradición cursado por las autoridades estadounidenses, les denegó el pedido que, a través de sus abogados, hicieron para obtener la eximición de prisión.
El juez hizo lugar al razonamiento del fiscal federal Federico Delgado, quien se opuso a permitirles que permanezcan en libertad durante el proceso aduciendo que los tres tienen medios y recursos para eludir la acción de la justicia, si así se lo proponen.
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Policías federales del Departamento Interpol allanaron ayer tarde las empresas de los tres acusados argentinos por el megaescándalo de coimas en la Fifa buscando datos que permitan conocer su paradero, ya que a dos días de la denuncia siguen sin aparecer y virtualmente en calidad de prófugos.
La orden de allanar las firmas Torneos, de Alejandro Burzaco, y Full Play International Television SA, de Hugo y Mariano Jinkins, emanó del juzgado federal a cargo de Claudio Bonadio, que quedó a cargo de la causa abierta por la extradición solicitada desde los Estados Unidos.
Los tres empresarios fueron denunciados como integrantes de una asociación ilícita destinada a cobrar sobornos para la comercialización de los campeonatos de la Fifa y de lavado de dinero en bancos norteamericanos.
Los Jinkins se encontrarían dentro del país ya que, al menos legalmente, no se registran datos de su tránsito por pasos fronterizos.
Más enigmática resulta la situación de Burzaco, quien un día antes de estallar el escándalo escribió en su cuenta personal Twitter que se encontraba en Londres, camino a Zurich, pero luego cerró su perfil.
Agentes de Interpol de la Policía Federal ingresaron a la sede de Torneos, en Balcarce 130 del barrio porteño de San Telmo, a las 16,30 en busca de datos sobre pasajes o comunicaciones que permitan ubicar a al CEO de la compañía, que es la mayor productora televisiva de espectáculos deportivos de Sudamérica.
En simultáneo y con idéntico propósito, los policías que responden a las órdenes de Interpol ingresaron en las oficinas de Libertador 6552, en Núñez, sede Full Play, donde habrían secuestrado computadoras.
Antes de ayer, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que recibió de la Cancilleria el pedido de extradición cursado por las autoridades estadounidenses, les denegó el pedido que, a través de sus abogados, hicieron para obtener la eximición de prisión.
El juez hizo lugar al razonamiento del fiscal federal Federico Delgado, quien se opuso a permitirles que permanezcan en libertad durante el proceso aduciendo que los tres tienen medios y recursos para eludir la acción de la justicia, si así se lo proponen.