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La querella pidió 25 años para los trece imputados | tercer juicio de lesa humanidad, Servicio Penitenciario Federal, causa Marengo y otros, aeropuerto ex El Cadillal

Sabado, 13 de junio de 2015 00:00
<p>ALEGATOS. SE INICIARON AYER CON LA QUERELLA ADHESIVA.</p>

La querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Hijos y particulares, solicitó al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Federal (TOF) Nº 1, veinticinco años de prisión efectiva para los trece acusados en la causa "Marengo y otros" y su acumulado.

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La querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Hijos y particulares, solicitó al Tribunal Oral Federal en lo Criminal Federal (TOF) Nº 1, veinticinco años de prisión efectiva para los trece acusados en la causa "Marengo y otros" y su acumulado.

En este sentido vale decir que los acusados por los hechos antes descriptos son Domingo Horacio Marengo, y los exagentes del Servicio Penitenciario Federal identificados como Rogelio Mason Iglesias, Osvaldo Chiaparo, Juan Héctor Guenchal, Jorge Néstor Ibáñez, Arnaldo Ezequiel Jorge, Eduardo José Juárez, Ricardo César Juárez, Juan Carlos Pugni, Jaime Oscar Quintela, Cristóbal José Antonio Retamoso, Andrés Aldo Savorani y Rubén Eduardo Zinc.

"Vuelo A718"

También cabe recordar que esta causa es conocida como "Vuelo A-718", mediante el cual se llevó a cabo el traslado de 90 presos políticos (durante el 7 de octubre de 1976) desde el penal de Villa Gorriti hasta el aeropuerto ex El Cadillal (hoy "Dr. Horacio Guzmán") donde fueron subidos a un avión Hércules y luego alojados en la Unidad 9 de la ciudad de La Plata.

El debate continuará el jueves próximo, a las 14.30, con el alegato del Ministerio Público Fiscal.

En este sentido las víctimas fueron sacadas con los ojos vendados, maniatados y subidos al avión, donde recibieron amenaza de ser arrojados al vacío, golpeados, engrillados a la aeronave y obligados a cantar canciones regionales en forma de burla mientras eran golpeados, entre otras vejaciones.

De ahí que el presidente del TOF, Gabriel Casas, inició la audiencia pasadas las 8 de ayer, donde los primero en formular sus alegatos fueron los representantes de la querella adhesiva, las letradas María José Castillo y Andrea Lupiañez en representación de Armando Tilca Barreix (desaparecido) y sus colegas Paula Álvarez Carreras y Ariel Ruarte por las víctimas Eulogia Cordero de Garnica y Hugo Condorí.

Según las previsiones la sentencia de este tercer juicio se conocerá el 2 de julio, a las 14 aproximadamente.

Ante esto los representantes de la querella, durante varias horas, expresaron la valoración detallada en este proceso judicial sobre la veracidad de los testimonios, sobrevivientes al dolor de la tortura y la humillación vivida durante el terrorismo de estado ejercido por el gobierno de facto.

Así también realizaron una contextualización histórica de los hechos, pormenorizando la documentación sobre el operativo de traslado de las 90 víctimas, documento que a su vez coincide con similares operativos realizados en otras provincias y donde los imputados también figuran, corroborando con certezas la responsabilidad penal de los acusados.

Pasado el mediodía

Por eso es que pasado el mediodía de ayer, se escuchó en la sala el pedido de pena de 25 años a los trece imputados, por los delitos de "privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados".

También las partes que conforman la querella solicitaron ante el tribunal que el criterio aplicable fueran para delitos de "lesa humanidad" por los crímenes que se juzgan, los cuales fueron cometidos en el marco de un "genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar en Jujuy".

Debido a esto es que la letrada Castillo, antes de solicitar la pena, expuso la magnitud de la gravedad de los hechos, como así también la extrema crueldad del "aparato terrorista estatal", el cual justamente fue utilizado por los responsables de este juicio.

Cobarde negación

Al respecto, también detalló que los acusados utilizaron los recursos del Estado para pergeñar y llevar a cabo este genocidio. A su vez la letrada hizo notar la cobarde negación de los imputados antes sus hechos criminales, como así también las "maniobras posteriores" al genocidio y finalmente la "extensión del daño causado".