El Gobierno de Perú prorrogó ayer, durante un mes, la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en las regiones sureñas de Arequipa, Puno y Madre de Dios, con el objetivo de "asegurar el control interno y evitar actos de violencia por movilizaciones promovidas por la minería ilegal".
Una resolución suprema, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, precisó que la intervención militar, ordenada dos meses, se prolongará hasta el 15 de julio próximo.
De esa manera se mantendrá la militarización en Arequipa, afectada por las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México, que en mayo pasado dejaron cuatro muertos y más de 200 heridos.
Además, en la andina Puno y la selvática Madre de Dios se mantiene el combate a la minería ilegal.
La resolución precisó que las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo a las tareas de la Policía Nacional y no relevan la activa participación de ésta en el control del orden interno en esas regiones.
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El Gobierno de Perú prorrogó ayer, durante un mes, la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional en las regiones sureñas de Arequipa, Puno y Madre de Dios, con el objetivo de "asegurar el control interno y evitar actos de violencia por movilizaciones promovidas por la minería ilegal".
Una resolución suprema, publicada ayer en el diario oficial El Peruano, precisó que la intervención militar, ordenada dos meses, se prolongará hasta el 15 de julio próximo.
De esa manera se mantendrá la militarización en Arequipa, afectada por las protestas contra el proyecto minero Tía María, de la Southern Copper, filial del Grupo México, que en mayo pasado dejaron cuatro muertos y más de 200 heridos.
Además, en la andina Puno y la selvática Madre de Dios se mantiene el combate a la minería ilegal.
La resolución precisó que las Fuerzas Armadas actuarán en apoyo a las tareas de la Policía Nacional y no relevan la activa participación de ésta en el control del orden interno en esas regiones.