El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Jujuy reanudó ayer la audiencia escuchando el alegato de la defensa de todos los imputados que está integrada por los letrados Matías Gutiérrez Perea, defensor oficial; junto a las abogadas María Victoria Nager y María Esther Retondo, en el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado.
La defensa solicitó al Tribunal la absolución lisa y llana de los trece imputados que se juzgan, manifestando que no participaron del operativo de traslado de las 90 víctimas desde el Servicio Penitenciario de Gorriti hasta la Unidad 9 de La Plata, en un avión Hércules, el 7 de octubre de 1976.
También pidieron la nulidad de la causa, hicieron varios planteos al proceso judicial como la calificación del delito de privación ilegítima de la libertad y tormento a los trece acusados, en las dos causas que se juzgan Marengo I y II.
Respecto al imputado Horacio Marengo exteniente del Ejército, Gutiérrez Perea expresó que se violó el principio de inocencia de su defendido, ya que estuvo detenido 4 años, 8 meses y 20 días, sin ser juzgado, y que debería haber concurrido al juicio "en libertad", afirmó.
La sentencia será el 2 de julio. A las 14.30 será la última palabra de los imputados y a las 19 la lectura de la resolución del TOF.
También cuestionó el abogado sobre la difusión del juicio oral y público que "ha influenciado en la opinión pública". Otro de los planteos, fue el cuestionamiento a la actuación del fiscal Pablo Pelazzo en el proceso judicial, así también resaltó la ausencia del fiscal Francisco Snopek en algunas audiencias y asimismo la múltiple querella en este juicio.
Gutiérrez Perea, en un extensa exposición, argumentó la nulidad de los alegatos de la querella y la Fiscalía. En cuanto al contexto histórico interpretó que el Estado en ese momento perseguía la lucha subversiva, pero no a trabajadores, obreros como planteó la otra parte. En cuanto a las leyes vigentes en ese momento como la ley de Seguridad Nacional, dijo que era el marco normativo legal y que no todos sabían lo que sucedía, haciendo referencia a los acusados y desestimando el plan sistemático represivo. En cuanto a las pruebas documentales y testimoniales dijo que fue contaminada. (Mariana Mamaní)
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El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) Jujuy reanudó ayer la audiencia escuchando el alegato de la defensa de todos los imputados que está integrada por los letrados Matías Gutiérrez Perea, defensor oficial; junto a las abogadas María Victoria Nager y María Esther Retondo, en el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado.
La defensa solicitó al Tribunal la absolución lisa y llana de los trece imputados que se juzgan, manifestando que no participaron del operativo de traslado de las 90 víctimas desde el Servicio Penitenciario de Gorriti hasta la Unidad 9 de La Plata, en un avión Hércules, el 7 de octubre de 1976.
También pidieron la nulidad de la causa, hicieron varios planteos al proceso judicial como la calificación del delito de privación ilegítima de la libertad y tormento a los trece acusados, en las dos causas que se juzgan Marengo I y II.
Respecto al imputado Horacio Marengo exteniente del Ejército, Gutiérrez Perea expresó que se violó el principio de inocencia de su defendido, ya que estuvo detenido 4 años, 8 meses y 20 días, sin ser juzgado, y que debería haber concurrido al juicio "en libertad", afirmó.
La sentencia será el 2 de julio. A las 14.30 será la última palabra de los imputados y a las 19 la lectura de la resolución del TOF.
También cuestionó el abogado sobre la difusión del juicio oral y público que "ha influenciado en la opinión pública". Otro de los planteos, fue el cuestionamiento a la actuación del fiscal Pablo Pelazzo en el proceso judicial, así también resaltó la ausencia del fiscal Francisco Snopek en algunas audiencias y asimismo la múltiple querella en este juicio.
Gutiérrez Perea, en un extensa exposición, argumentó la nulidad de los alegatos de la querella y la Fiscalía. En cuanto al contexto histórico interpretó que el Estado en ese momento perseguía la lucha subversiva, pero no a trabajadores, obreros como planteó la otra parte. En cuanto a las leyes vigentes en ese momento como la ley de Seguridad Nacional, dijo que era el marco normativo legal y que no todos sabían lo que sucedía, haciendo referencia a los acusados y desestimando el plan sistemático represivo. En cuanto a las pruebas documentales y testimoniales dijo que fue contaminada. (Mariana Mamaní)