La jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada ayer, en el marco de la causa penal iniciada por el Gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.
La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el "cese inmediato de la comisión del delito", que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra -en principio- a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (Fogl), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron a las empresas, el pasado 21 de abril, la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas".
El fundamento de los fiscales es que las operaciones se realizan sin "autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Por su parte el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto con la titular de la -recientemente creada- Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, precisaron el 1 de junio los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para "asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados".
La URA logró identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.
La jueza Herráez ordenó la "interdicción de navegar" de todos los barcos, con el argumento de que "no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques", quedando impedidos de salir de los puertos.
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La jueza federal de Río Grande en Tierra del Fuego, Lilian Herráez, ordenó embargos por 156,4 millones de dólares, además del secuestro de barcos y de otros bienes pertenecientes a empresas petroleras que operan ilegalmente en las Islas Malvinas.
La medida judicial solicitada por el Ministerio Público Fiscal fue dictada el 25 de junio pasado y revelada ayer, en el marco de la causa penal iniciada por el Gobierno argentino por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental de nuestro país.
La magistrada fueguina dispuso también, como medida de no innovar, el "cese inmediato de la comisión del delito", que para el caso implica la interrupción de las actividades que llevan en la zona, las cinco compañías denunciadas de forma directa, y otras cuatro que le prestan distintos servicios.
La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
La denuncia que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra -en principio- a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (Fogl), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Carlos Gonella y el fiscal general coordinador de distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Adrián García Lois, les imputaron a las empresas, el pasado 21 de abril, la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas".
El fundamento de los fiscales es que las operaciones se realizan sin "autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Por su parte el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, junto con la titular de la -recientemente creada- Unidad de Recupero de Activos (URA) de la Procuración General de la Nación, María del Carmen Chena, precisaron el 1 de junio los pedidos de medidas cautelares patrimoniales para "asegurar y decomisar los activos ilícitos involucrados".
La URA logró identificar los activos de las compañías en el exterior y descubrió que una de las firmas imputadas, la estadounidense Noble Energy, registra una sucursal local en la Argentina, por lo que también impulsaron el embargo de sus bienes.
La jueza Herráez ordenó la "interdicción de navegar" de todos los barcos, con el argumento de que "no se encuentran inscriptos en el Registro Nacional de Buques", quedando impedidos de salir de los puertos.