El Gobierno de Bolivia y los líderes de la región de Potosí lograron en la segunda jornada de diálogo los primeros acuerdos sobre la petición de proyectos energéticos, pero la huelga y los bloqueos en ese departamento continúan y cumplieron 22 días consecutivos, causando perjuicios económicos.
Las extensas negociaciones, que son transmitidas en vivo por el canal estatal, se extendieron por más de 10 horas en esta segunda jornada.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que encabeza las protestas, participa con medio centenar de dirigentes en los debates con un grupo de ministros, dirigidos por los titulares de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Gobierno, Carlos Romero.
Las sesiones estuvieron repletas de reproches de parte de los dirigentes cívicos y mineros contra los ministros por el retraso en la atención de los proyectos de desarrollo para esa región, donde la pobreza urbana es del 30 % y la rural, del 67 %, según Comcipo.
Uno de los primeros acuerdos consiste en verificar en 48 horas la posibilidad de construir un complejo hidroeléctrico sobre el río Yura y, de ser así, formar una comisión que buscará financiación. También se acordó que el próximo jueves 30 de julio se analice la implementación de la planta hidroeléctrica Supay Chaca en el río Pilcomayo, cuyas aguas también transcurren hacia Argentina y Paraguay.
Los proyectos energéticos representan los primeros dos puntos de un conjunto de 26 peticiones, que incluyen un aeropuerto internacional en Potosí, fábricas, represas, rutas, un puente en la frontera con Argentina y la preservación del Cerro Rico de Potosí, la principal atracción turística del lugar. La jornada también se destinó a debatir la construcción de un hospital con especialidades y de un centro médico materno-infantil para la capital potosina y otro centro asistencial público para la zona minera de Llallagua, con la respectiva dotación de médicos y enfermeras. Asimismo, los dirigentes de Comcipo señalaron que paralelamente al diálogo se deberá instalar la audiencia judicial para determinar la situación de los cuatro manifestantes, tres mineros y un periodista, detenidos durante los disturbios del miércoles pasado.
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El Gobierno de Bolivia y los líderes de la región de Potosí lograron en la segunda jornada de diálogo los primeros acuerdos sobre la petición de proyectos energéticos, pero la huelga y los bloqueos en ese departamento continúan y cumplieron 22 días consecutivos, causando perjuicios económicos.
Las extensas negociaciones, que son transmitidas en vivo por el canal estatal, se extendieron por más de 10 horas en esta segunda jornada.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que encabeza las protestas, participa con medio centenar de dirigentes en los debates con un grupo de ministros, dirigidos por los titulares de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Gobierno, Carlos Romero.
Las sesiones estuvieron repletas de reproches de parte de los dirigentes cívicos y mineros contra los ministros por el retraso en la atención de los proyectos de desarrollo para esa región, donde la pobreza urbana es del 30 % y la rural, del 67 %, según Comcipo.
Uno de los primeros acuerdos consiste en verificar en 48 horas la posibilidad de construir un complejo hidroeléctrico sobre el río Yura y, de ser así, formar una comisión que buscará financiación. También se acordó que el próximo jueves 30 de julio se analice la implementación de la planta hidroeléctrica Supay Chaca en el río Pilcomayo, cuyas aguas también transcurren hacia Argentina y Paraguay.
Los proyectos energéticos representan los primeros dos puntos de un conjunto de 26 peticiones, que incluyen un aeropuerto internacional en Potosí, fábricas, represas, rutas, un puente en la frontera con Argentina y la preservación del Cerro Rico de Potosí, la principal atracción turística del lugar. La jornada también se destinó a debatir la construcción de un hospital con especialidades y de un centro médico materno-infantil para la capital potosina y otro centro asistencial público para la zona minera de Llallagua, con la respectiva dotación de médicos y enfermeras. Asimismo, los dirigentes de Comcipo señalaron que paralelamente al diálogo se deberá instalar la audiencia judicial para determinar la situación de los cuatro manifestantes, tres mineros y un periodista, detenidos durante los disturbios del miércoles pasado.