Los sicarios, que han causado zozobra en los últimos meses en Perú, podrán ser condenados a cadena perpetua, según una reciente modificación de la legislación, que prevé sanciones tanto para quien ejecuta como para quien ordena un asesinato. Según informó ayer el gobierno, el Código Penal peruano incorpora el delito de "sicariato", que define como "el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole".
El autor de este delito será sancionado con una pena no menor de 25 años, y la pena se convertirá en cadena perpetua si se comete valiéndose de un menor de edad, para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal.
También serán sancionados con hasta ocho años a quienes promuevan la acción de los sicarios, ya sea mediante la conspiración, intermediación u ofrecimiento.
Todas estas disposiciones forman parte de un decreto emitido por el Gobierno, luego de que el Congreso le concediera facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana.
Un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en dinero o bienes.
Según una encuesta publicada el último domingo, el 76% de los peruanos se siente inseguro por un aumento de la delincuencia, y esperan que el presidente Ollanta Humala anuncie medidas para combatirla, en su mensaje a la Nación de hoy, al iniciar su último año de gobierno.
Los directores de unos 50 colegios del distrito más populoso de Lima, San Juan de Lurigancho, han denunciado ser víctimas de extorsionadores, que les exigen dinero para dejarlos trabajar, bajo la amenaza de matarlos si no lo hacen.
En los últimos dos meses, fueron asesinados el director de una escuela y dos vigilantes de otra, mientras que granadas de guerra han aparecido en los alrededores de centros educativos. Incluso una de ellas fue lanzada en el patio de una escuela.
Recientemente un explosivo fue lanzado en el interior de un circo, causando una decena de heridos.
Algunos alcaldes han pedido al Gobierno que declare en emergencia la seguridad ciudadana y permita que las Fuerzas Armadas ayuden a resguardar el orden público, tomando como ejemplo la intervención militar en las favelas de Río de Janeiro para combatir el narcotráfico, en apoyo de la Policía.
El Gobierno se ha mostrado en contra de ese pedido, pues asegura que los militares no están capacitados para ejercer una función policial.
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Los sicarios, que han causado zozobra en los últimos meses en Perú, podrán ser condenados a cadena perpetua, según una reciente modificación de la legislación, que prevé sanciones tanto para quien ejecuta como para quien ordena un asesinato. Según informó ayer el gobierno, el Código Penal peruano incorpora el delito de "sicariato", que define como "el que mata a otro por orden, encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para sí o para otro un beneficio económico o de cualquier otra índole".
El autor de este delito será sancionado con una pena no menor de 25 años, y la pena se convertirá en cadena perpetua si se comete valiéndose de un menor de edad, para dar cumplimiento a la orden de una organización criminal.
También serán sancionados con hasta ocho años a quienes promuevan la acción de los sicarios, ya sea mediante la conspiración, intermediación u ofrecimiento.
Todas estas disposiciones forman parte de un decreto emitido por el Gobierno, luego de que el Congreso le concediera facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana.
Un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro, por lo que recibe un pago, generalmente en dinero o bienes.
Según una encuesta publicada el último domingo, el 76% de los peruanos se siente inseguro por un aumento de la delincuencia, y esperan que el presidente Ollanta Humala anuncie medidas para combatirla, en su mensaje a la Nación de hoy, al iniciar su último año de gobierno.
Los directores de unos 50 colegios del distrito más populoso de Lima, San Juan de Lurigancho, han denunciado ser víctimas de extorsionadores, que les exigen dinero para dejarlos trabajar, bajo la amenaza de matarlos si no lo hacen.
En los últimos dos meses, fueron asesinados el director de una escuela y dos vigilantes de otra, mientras que granadas de guerra han aparecido en los alrededores de centros educativos. Incluso una de ellas fue lanzada en el patio de una escuela.
Recientemente un explosivo fue lanzado en el interior de un circo, causando una decena de heridos.
Algunos alcaldes han pedido al Gobierno que declare en emergencia la seguridad ciudadana y permita que las Fuerzas Armadas ayuden a resguardar el orden público, tomando como ejemplo la intervención militar en las favelas de Río de Janeiro para combatir el narcotráfico, en apoyo de la Policía.
El Gobierno se ha mostrado en contra de ese pedido, pues asegura que los militares no están capacitados para ejercer una función policial.