A raíz de las innumerables denunciadas registradas en los distintos organismos que defienden los derechos de los consumidores, el senador nacional Gerardo Morales presentó un proyecto de ley para que la telefonía móvil sea declarada servicio público, ya que al no ser considerada como tal no se pueden aplicar las sanciones vigentes para los servicios que sí lo son.
De lograrse este reconocimiento se modificarían las obligaciones de las empresas prestatarias, los derechos de los usuarios, además de establecerse el derecho a reclamar indemnizaciones de los usuarios y crear un organismo de control específico, así como una Comisión Bicameral ad hoc, es decir una serie de ventajas destinadas a garantizar a los usuarios un mejor servicio, potenciar el control y resolver las diversas problemáticas que enfrentan los consumidores.
La norma apunta a asegurar el acceso al servicio y la no discriminación en su utilización en todo el territorio nacional; proteger el ambiente y la salud de la población; garantizar tarifas justas y razonables y el derecho de rescisión del contrato.
Con respecto a los derechos de los usuarios, el proyecto obliga a recibir un servicio adecuado, exigir la prestación del servicio en los niveles de calidad y eficiencia conforme los estándares vigentes, recibir información sobre interrupciones del servicio, modificación en la prestación o régimen tarifario aplicable, entre otros aspectos importantes.
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De lograrse este reconocimiento se modificarían las obligaciones de las empresas prestatarias, los derechos de los usuarios, además de establecerse el derecho a reclamar indemnizaciones de los usuarios y crear un organismo de control específico, así como una Comisión Bicameral ad hoc, es decir una serie de ventajas destinadas a garantizar a los usuarios un mejor servicio, potenciar el control y resolver las diversas problemáticas que enfrentan los consumidores.
La norma apunta a asegurar el acceso al servicio y la no discriminación en su utilización en todo el territorio nacional; proteger el ambiente y la salud de la población; garantizar tarifas justas y razonables y el derecho de rescisión del contrato.
Con respecto a los derechos de los usuarios, el proyecto obliga a recibir un servicio adecuado, exigir la prestación del servicio en los niveles de calidad y eficiencia conforme los estándares vigentes, recibir información sobre interrupciones del servicio, modificación en la prestación o régimen tarifario aplicable, entre otros aspectos importantes.