El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, exigió ayer al grupo contratista de la ampliación de esa vía interoceánica que evite la huelga anunciada para mañana por los trabajadores a raíz de un reclamo salarial, porque el conflicto puede retrasar la inauguración de las obras, prevista para principios de abril de 2016.
Quijano manifestó en conferencia de prensa que las autoridades ven con preocupación el surgimiento de un nuevo conflicto entre el consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc), liderado por la constructora española Sacyr, y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), que reclama un aumento salarial de 8,9 por ciento.
"No vamos a tratar nada que esté fuera del contrato, absolutamente nada; esto es responsabilidad de ellos (el grupo contratista), que Gupc no trate de traspasar su responsabilidad una vez más hacia nosotros", afirmó Quijano. Agregó que "cualquier retraso adicional va a tener un impacto negativo en los ingresos del país" porque "un día de interrupción puede convertirse en más de un día de retraso al final de la obra".
El administrador del canal recordó que en el contrato firmado con Gupc en 2009, cuando el grupo se adjudicó el proyecto de las nuevas esclusas por 3.118 millones de dólares, se estipula que los reclamos salariales no son responsabilidad de la administración de la vía interoceánica sino del contratista. La ACP calcula que cada día de huelga en las obras de ampliación tiene un costo aproximado de un millón de dólares.
"Estoy seguro de que Gupc va a tomar las acciones correctas; esto es un escollo en una negociación y el costo de no pactar es mucho mayor al costo de pactar", apuntó la máxima autoridad de la vía marítima.
Por su parte, el secretario general del Suntracs, Saúl Méndez, dijo que los obreros llevan dos meses negociando y exigiendo un aumento salarial de 8,9 %, sobre la base de acuerdos que debieron ser aplicados.
El Gupc emitió un comunicado en el que señaló que había solicitado "apoyo" a la ACP en procura de "una solución económica compatible con los pedidos del sindicato", pero encontró una "actitud intransigente".

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