El próximo 29 de octubre caducarán todos los mandatos de los cargos electivos de Tucumán, de modo que si hasta entonces no está resuelta la causa judicial sobre la nulidad de los comicios, la provincia entraría en una situación de acefalía que podría forzar una intervención federal.
Así lo interpretaron ayer el gobernador tucumano, José Alperovich, y funcionarios suyos, al cuestionar el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró la nulidad de los comicios del 23 de agosto pasado y ordenó que se vuelva a votar, debido a una serie de irregularidades.
"Todo es posible", admitió Alperovich sobre la posibilidad de que la presidenta Cristina Kirchner disponga la intervención federal de Tucumán si no se resuelve a tiempo la causa judicial sobre la nulidad de los comicios.
El artículo 6 de la Constitución Nacional dice que "el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisión de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia".
El gobierno nacional puede intervenir una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante un decreto presidencial, que luego debe ser refrendado por las dos Cámaras del Congreso, pero el Poder Ejecutivo también puede enviar el proyecto de intervención federal directamente al Congreso para que sea aprobado por el Parlamento.
El plazo de una intervención dura 180 días y puede prorrogarse, tras lo cual tendrá la obligación de restituir el Poder en la provincia llamando a elecciones.
De ser dispuesta tal medida en Tucumán, será la segunda desde la restauración de la democracia, en 1983, ya que en 1991 el entonces presidente Carlos Menem dispuso la intervención federal y dejó cesante al gobernador peronista, José Domato.
Tucumán enfrentaba entonces una grave situación económica y social, que desató huelgas en reparticiones públicas -entre ellas, la Policía-, por lo cual Menem ordenó la medida y designó interventor a Julio César "Chiche" Aráoz.
La última intervención federal a una provincia se dispuso en 2004, a Santiago del Estero, cuando Néstor Kirchner tomó nota de denuncias de corrupción, persecución política y crímenes relacionados con el gobierno de Mercedes Marina "Nina" Aragonés,esposa del peronista caudillo Carlos Juárez.
Kirchner dejó cesante a la mandataria y nombró de interventor al abogado Pablo Lanusse, quien después de una breve gestión llamó a unas elecciones en las que resultó ganador el radical Gerardo Zamora.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la invalidez de "la totalidad del proceso electoral celebrado en la provincia en fecha 23/08/2015", debido a "la magnitud de las anomalías registradas".
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
El próximo 29 de octubre caducarán todos los mandatos de los cargos electivos de Tucumán, de modo que si hasta entonces no está resuelta la causa judicial sobre la nulidad de los comicios, la provincia entraría en una situación de acefalía que podría forzar una intervención federal.
Así lo interpretaron ayer el gobernador tucumano, José Alperovich, y funcionarios suyos, al cuestionar el fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró la nulidad de los comicios del 23 de agosto pasado y ordenó que se vuelva a votar, debido a una serie de irregularidades.
"Todo es posible", admitió Alperovich sobre la posibilidad de que la presidenta Cristina Kirchner disponga la intervención federal de Tucumán si no se resuelve a tiempo la causa judicial sobre la nulidad de los comicios.
El artículo 6 de la Constitución Nacional dice que "el Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y a requisión de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia".
El gobierno nacional puede intervenir una provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante un decreto presidencial, que luego debe ser refrendado por las dos Cámaras del Congreso, pero el Poder Ejecutivo también puede enviar el proyecto de intervención federal directamente al Congreso para que sea aprobado por el Parlamento.
El plazo de una intervención dura 180 días y puede prorrogarse, tras lo cual tendrá la obligación de restituir el Poder en la provincia llamando a elecciones.
De ser dispuesta tal medida en Tucumán, será la segunda desde la restauración de la democracia, en 1983, ya que en 1991 el entonces presidente Carlos Menem dispuso la intervención federal y dejó cesante al gobernador peronista, José Domato.
Tucumán enfrentaba entonces una grave situación económica y social, que desató huelgas en reparticiones públicas -entre ellas, la Policía-, por lo cual Menem ordenó la medida y designó interventor a Julio César "Chiche" Aráoz.
La última intervención federal a una provincia se dispuso en 2004, a Santiago del Estero, cuando Néstor Kirchner tomó nota de denuncias de corrupción, persecución política y crímenes relacionados con el gobierno de Mercedes Marina "Nina" Aragonés,esposa del peronista caudillo Carlos Juárez.
Kirchner dejó cesante a la mandataria y nombró de interventor al abogado Pablo Lanusse, quien después de una breve gestión llamó a unas elecciones en las que resultó ganador el radical Gerardo Zamora.
La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán declaró la invalidez de "la totalidad del proceso electoral celebrado en la provincia en fecha 23/08/2015", debido a "la magnitud de las anomalías registradas".