La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró hoy válidas las elecciones provinciales de agosto último y ordenó proclamar gobernador al oficialista Juan Manzur, mientras que el opositor José Cano adelantó que apelará la sentencia ante el máximo tribunal de la Nación.
La decisión de la Corte provincial ordenó el inmediato cese de la medida cautelar que impedía la proclamación de los ganadores, adoptada la semana pasada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que había anulado los comicios por presuntas irregularidades, avalando así el reclamo del frente opositor Acuerdo por el Bicentenario.
El fallo que revocó la medida de la Cámara fue firmado por los vocales titulares René Goane -en disidencia parcial- y Daniel Posse, y los camaristas civiles Carlos Ibáñez -en disidencia parcial-, Benjamín Moisá y Raúl Bejas.
Por su parte, Manzur, su compañero de fórmula Osvaldo Jaldo, el actual gobernador José Alperovich y la senadora Beatriz Rojkés encabezaron un acto ante militantes oficialistas en la plaza Yrigoyen de la ciudad de San Miguel de Tucumán, frente al Palacio de Justicia, para festejar la sentencia que benefició al binomio del Frente Para la Victoria.
Se espera que en breve Manzur sea proclamado gobernador, mientras el reclamo opositor llegará a la Corte Suprema nacional, que podría finalmente no tomar el caso y dejar en pie el fallo de su similar provincial.
En su fallo, la Corte tucumana consideró infundada la nulidad de los comicios decretada por los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek aunque, de todos modos, el tribunal exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para combatir el "clientelismo político" y propuso que se evalúe la conveniencia de perfeccionar el sistema electoral.
Los magistrados propusieron además que los poderes políticos evalúen "la factibilidad, pertinencia y conveniencia" de establecer modificaciones para perfeccionar el sistema electoral imperante -el llamado régimen de acoples- en pos de asegurar de una manera más efectiva la "preservación de los valores esenciales democráticos".
Tras conocerse la sentencia, Cano, quien había denunciado irregularidades en los comicios, sostuvo que va a respetar el fallo del máximo tribunal tucumano que dio por válidas las elecciones provinciales, pero ratificó que recurrirá a Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"El fallo de la Justicia lo tenemos que respetar, le guste a uno o no le guste. La Justicia de Tucumán decidió que (Juan) Manzur es el gobernador electo y lo tenemos que respetar", sostuvo Cano.
No obstante, se quejó de que "la Corte quedó integrada con mayoría de jueces ligados al oficialismo", y advirtió que su espacio va "a seguir las vías republicanas para demostrar que hubo un fraude que alteró la voluntad popular en Tucumán".
"Nuestros apoderados ya tienen resuelto el recurso ante la Corte Suprema de la Nación, donde esperamos que se dirima la cuestión lo más pronto posible", sostuvo el legislador radical y líder del Acuerdo para el Bicentenario.
El escrutinio definitivo arrojó que Manzur -que llevó como compañero de fórmula a Jaldo- se impuso por casi 12 puntos de diferencia sobre el opositor Cano, del Acuerdo para el Bicentenario (APB).
La Corte Suprema, asimismo, exhortó al Poder Ejecutivo a convocar a elecciones complementarias en las mesas que la Junta Electoral Provincial había anulado como consecuencia de los hechos de violencia ocurridos durante la votación.
El juez Goane sostuvo que la aseveración de que la existencia de anomalías en el proceso electoral se traducía sin más en la "falta de libertad genuina" de un sector del electorado carecía de sustento y, por ende, era descalificable por "dogmática".
"No es posible soslayar (...) la circunstancia incontrastable de que del clientelismo no se sigue inexorablemente la falta de autonomía de los electores involucrados, quienes, al ingresar solos al cuarto oscuro, quedan fuera del alcance de toda injerencia extraña", señaló el voto de Goane.
Posse y Bejas, por su parte, llamaron la atención sobre la falta de sujeción de la Sala I a las prescripciones del Código Electoral Nacional y expresaron que las prácticas clientelares consideradas por los camaristas Ruiz y López Piossek habían sido "casos concretos" no acreditados en forma fehaciente.
En su voto, Ibáñez manifestó que anular el acto electoral sin que las irregularidades sean trascendentales o esenciales o sustanciales implicaba desconocer la voluntad del pueblo expresada mediante el voto igualitario, libre y secreto.
Moisá, por su parte, se inclinó por considerar que la Sala I de la Cámara carecía de competencia para dictar la sentencia que anuló los comicios y, según su criterio, por tratarse de una cuestión de la máxima gravedad institucional, correspondía que el caso sea abordado directamente por la Corte local, en una instancia única.
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La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró hoy válidas las elecciones provinciales de agosto último y ordenó proclamar gobernador al oficialista Juan Manzur, mientras que el opositor José Cano adelantó que apelará la sentencia ante el máximo tribunal de la Nación.
La decisión de la Corte provincial ordenó el inmediato cese de la medida cautelar que impedía la proclamación de los ganadores, adoptada la semana pasada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que había anulado los comicios por presuntas irregularidades, avalando así el reclamo del frente opositor Acuerdo por el Bicentenario.
El fallo que revocó la medida de la Cámara fue firmado por los vocales titulares René Goane -en disidencia parcial- y Daniel Posse, y los camaristas civiles Carlos Ibáñez -en disidencia parcial-, Benjamín Moisá y Raúl Bejas.
Por su parte, Manzur, su compañero de fórmula Osvaldo Jaldo, el actual gobernador José Alperovich y la senadora Beatriz Rojkés encabezaron un acto ante militantes oficialistas en la plaza Yrigoyen de la ciudad de San Miguel de Tucumán, frente al Palacio de Justicia, para festejar la sentencia que benefició al binomio del Frente Para la Victoria.
Se espera que en breve Manzur sea proclamado gobernador, mientras el reclamo opositor llegará a la Corte Suprema nacional, que podría finalmente no tomar el caso y dejar en pie el fallo de su similar provincial.
En su fallo, la Corte tucumana consideró infundada la nulidad de los comicios decretada por los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek aunque, de todos modos, el tribunal exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para combatir el "clientelismo político" y propuso que se evalúe la conveniencia de perfeccionar el sistema electoral.
Los magistrados propusieron además que los poderes políticos evalúen "la factibilidad, pertinencia y conveniencia" de establecer modificaciones para perfeccionar el sistema electoral imperante -el llamado régimen de acoples- en pos de asegurar de una manera más efectiva la "preservación de los valores esenciales democráticos".
Tras conocerse la sentencia, Cano, quien había denunciado irregularidades en los comicios, sostuvo que va a respetar el fallo del máximo tribunal tucumano que dio por válidas las elecciones provinciales, pero ratificó que recurrirá a Corte Suprema de Justicia de la Nación.
"El fallo de la Justicia lo tenemos que respetar, le guste a uno o no le guste. La Justicia de Tucumán decidió que (Juan) Manzur es el gobernador electo y lo tenemos que respetar", sostuvo Cano.
No obstante, se quejó de que "la Corte quedó integrada con mayoría de jueces ligados al oficialismo", y advirtió que su espacio va "a seguir las vías republicanas para demostrar que hubo un fraude que alteró la voluntad popular en Tucumán".
"Nuestros apoderados ya tienen resuelto el recurso ante la Corte Suprema de la Nación, donde esperamos que se dirima la cuestión lo más pronto posible", sostuvo el legislador radical y líder del Acuerdo para el Bicentenario.
El escrutinio definitivo arrojó que Manzur -que llevó como compañero de fórmula a Jaldo- se impuso por casi 12 puntos de diferencia sobre el opositor Cano, del Acuerdo para el Bicentenario (APB).
La Corte Suprema, asimismo, exhortó al Poder Ejecutivo a convocar a elecciones complementarias en las mesas que la Junta Electoral Provincial había anulado como consecuencia de los hechos de violencia ocurridos durante la votación.
El juez Goane sostuvo que la aseveración de que la existencia de anomalías en el proceso electoral se traducía sin más en la "falta de libertad genuina" de un sector del electorado carecía de sustento y, por ende, era descalificable por "dogmática".
"No es posible soslayar (...) la circunstancia incontrastable de que del clientelismo no se sigue inexorablemente la falta de autonomía de los electores involucrados, quienes, al ingresar solos al cuarto oscuro, quedan fuera del alcance de toda injerencia extraña", señaló el voto de Goane.
Posse y Bejas, por su parte, llamaron la atención sobre la falta de sujeción de la Sala I a las prescripciones del Código Electoral Nacional y expresaron que las prácticas clientelares consideradas por los camaristas Ruiz y López Piossek habían sido "casos concretos" no acreditados en forma fehaciente.
En su voto, Ibáñez manifestó que anular el acto electoral sin que las irregularidades sean trascendentales o esenciales o sustanciales implicaba desconocer la voluntad del pueblo expresada mediante el voto igualitario, libre y secreto.
Moisá, por su parte, se inclinó por considerar que la Sala I de la Cámara carecía de competencia para dictar la sentencia que anuló los comicios y, según su criterio, por tratarse de una cuestión de la máxima gravedad institucional, correspondía que el caso sea abordado directamente por la Corte local, en una instancia única.