Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa de cuya desaparición se cumplirá un año el sábado próximo iniciaron ayer en la plaza principal de la ciudad de México un ayuno de 43 horas, lapso durante el cual se trasladarán hoy a la residencia presidencial de Los Pinos para entrevistarse con el mandatario Enrique Peña Nieto, a quien le solicitarán la creación de fiscalías específicas para desentrañar el hecho que destapó la crítica situación de violencia social y política que padece el país.
Los padres y demás familiares se instalaron ayer por la tarde en el Zócalo (plaza principal) para ayunar una hora por cada uno de sus hijos desaparecidos (43), con un acto político que dio inicio a una serie de actividades en la capital del país, que se extenderán hasta el sábado, primer aniversario del ataque de los policías del municipio Iguala, en el estado sureño Guerrero, que luego los entregaron a la organización criminal Guerreros Unidos, según la versión oficial de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
Para la reunión con Peña Nieto "no se suspende el ayuno; el ir a platicar con el presidente no evita que sigamos con la misma actividad y exigencia", dijo el vocero de los parientes Felipe de la Cruz, quien reiteró que las familias siguen sin creer en la versión oficial de la cremación de cadáveres en el basurero de Cocula, municipio cercano a Iguala.
Hasta ahora sólo se han podido identificar restos calcinados de dos estudiantes, uno de ellos con certeza moderada, a partir de estudios de ADN realizados en un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck, Austria.
La posición de los familiares se basa en informes de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a partir del análisis de un perito que colaboró con sus investigaciones, que rechazaron que en el basurero se haya registrado un incendio de dimensiones suficientes para la incineración de 43 víctimas.
Además, en un duro informe hecho público a principios de este mes, la Cidh acusó a la PGR de haber cometido graves irregularidades, que incluyen la destrucción de pruebas y la obtención de declaraciones por medio de torturas.
El gobierno mexicano adelantó que en la audiencia con los familiares Peña Nieto estará acompañado por la procuradora general, Arely Gómez; el secretario de Gobernación, Miguel Osorio, así como por funcionarios del área de derechos humanos

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