Un legislador y una ONG de Colombia pidieron que el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sean investigados por la venta de una empresa generadora de electricidad a una firma canadiense.
La denuncia contra Santos fue instaurada por el congresista Edward Rodríguez en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (Diputados), que por normas constitucionales se encarga de abrir procesos penales contra el jefe de Estado en Colombia.
Rodríguez, del opositor Centro Democrático que dirige el ex presidente Álvaro Uribe, dijo que esa célula del Congreso debe investigar si Santos incurrió en irregularidades en la venta de la empresa Isagen a la firma canadiense Brookfield Asset Management.
La venta del 57,6 % de las acciones que el Estado tenía en la generadora y comercializadora de electricidad se concretó este miércoles en una transacción efectuada en la Bolsa de Valores de Colombia.
Además, se pide investigar por qué el Ejecutivo hizo caso omiso a las advertencias sobre la venta de la generadora de energía.
Brookfield Asset Management se quedó con ese paquete accionario tras ofrecer casi $6,5 billones (cerca de 2.000 millones de dólares), dinero que será usado por el gobierno para financiar la construcción de rutas.
Diversos sectores políticos, tanto de la oposición de derecha e izquierda como de la propia alianza centro-derechista de gobierno, pidieron a Santos suspender el proceso de privatización al considerar irregular y sospechoso que solamente un oferente estuviese interesado en la compra.
Rodríguez reclamó que se investigue si en la venta se incurrió en un detrimento patrimonial para el Estado y si existen "vínculos contractuales, personales o legales" entre los directivos de Brookfield Asset Management y funcionarios colombianos. Por su parte, la ONG Red de Veedurías Ciudadanas denunció al ministro Cárdenas ante entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, encargadas de procesos penales, disciplinarios y fiscales, respectivamente.
En una carta enviada ante los organismos de control, la Red de Veedurías afirmó que en el proceso de privatización de Isagen "se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en el patrimonio colectivo de los principios básicos de la función pública y de la contratación administrativa".
"Se determinó y direccionó el proceso contractual para impedir la concurrencia real y efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final", agregó la ONG.
El ministro Cárdenas indicó por su parte que el gobierno está dispuesto a "responder todas las preocupaciones e inquietudes" como, según él, lo ha hecho fielmente desde hace tres años, cuando inició el proceso de venta.
Asimismo, se refirió a las acusaciones que tiene la empresa en Brasil por el pago de supuestos sobornos y aseguró que la ley de ese país es la encargada de investigar.
"Nunca encontramos en el caso de Brookfield una circunstancia en Colombia que pudiera ser reprochable y censurable. Sobre ese tema les hemos pedido (a Brookfield) que expliquen", refirió.
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Un legislador y una ONG de Colombia pidieron que el presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sean investigados por la venta de una empresa generadora de electricidad a una firma canadiense.
La denuncia contra Santos fue instaurada por el congresista Edward Rodríguez en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (Diputados), que por normas constitucionales se encarga de abrir procesos penales contra el jefe de Estado en Colombia.
Rodríguez, del opositor Centro Democrático que dirige el ex presidente Álvaro Uribe, dijo que esa célula del Congreso debe investigar si Santos incurrió en irregularidades en la venta de la empresa Isagen a la firma canadiense Brookfield Asset Management.
La venta del 57,6 % de las acciones que el Estado tenía en la generadora y comercializadora de electricidad se concretó este miércoles en una transacción efectuada en la Bolsa de Valores de Colombia.
Además, se pide investigar por qué el Ejecutivo hizo caso omiso a las advertencias sobre la venta de la generadora de energía.
Brookfield Asset Management se quedó con ese paquete accionario tras ofrecer casi $6,5 billones (cerca de 2.000 millones de dólares), dinero que será usado por el gobierno para financiar la construcción de rutas.
Diversos sectores políticos, tanto de la oposición de derecha e izquierda como de la propia alianza centro-derechista de gobierno, pidieron a Santos suspender el proceso de privatización al considerar irregular y sospechoso que solamente un oferente estuviese interesado en la compra.
Rodríguez reclamó que se investigue si en la venta se incurrió en un detrimento patrimonial para el Estado y si existen "vínculos contractuales, personales o legales" entre los directivos de Brookfield Asset Management y funcionarios colombianos. Por su parte, la ONG Red de Veedurías Ciudadanas denunció al ministro Cárdenas ante entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, encargadas de procesos penales, disciplinarios y fiscales, respectivamente.
En una carta enviada ante los organismos de control, la Red de Veedurías afirmó que en el proceso de privatización de Isagen "se advertirían vicios en el desempeño como servidores públicos y en el patrimonio colectivo de los principios básicos de la función pública y de la contratación administrativa".
"Se determinó y direccionó el proceso contractual para impedir la concurrencia real y efectiva de una pluralidad de oferentes e interesados ciertos en dicho proceso, y de paso se coartó de manera deliberada la posibilidad de contar con una puja real por el precio final", agregó la ONG.
El ministro Cárdenas indicó por su parte que el gobierno está dispuesto a "responder todas las preocupaciones e inquietudes" como, según él, lo ha hecho fielmente desde hace tres años, cuando inició el proceso de venta.
Asimismo, se refirió a las acusaciones que tiene la empresa en Brasil por el pago de supuestos sobornos y aseguró que la ley de ese país es la encargada de investigar.
"Nunca encontramos en el caso de Brookfield una circunstancia en Colombia que pudiera ser reprochable y censurable. Sobre ese tema les hemos pedido (a Brookfield) que expliquen", refirió.
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