El presidente del bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, advirtió que por ley el Gobierno no puede ofrecerles a los fondos "buitre" mejores condiciones de pago que los de la reestructuración, aunque alertó que "no extrañaría que quiera llegar a un acuerdo utilizando un DNU".
Recalde recordó que cualquier acuerdo "tiene que pasar por el Congreso, salvo que pretenda sacar un decreto de necesidad y urgencia" para avalar un posible acuerdo.
"Ello podría suceder, si vemos que el gobierno sigue ignorando al Congreso y habida cuenta de cómo se ha movido hasta ahora con los DNU, aunque en este caso no hay ninguna necesidad y menos urgencia, porque es un proceso que ya lleva varios años", manifestó a la prensa.
El legislador advirtió que la ley de pago soberano expresa que el pago a los bonistas "se debe hacer en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables".
Criticó también al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, porque, según su criterio, "no dice la verdad sobre el acuerdo con el Club de París" que efectuó el Gobierno anterior.
Recalde consideró que "es mentira lo que dijo el ministro porque en los últimos 60 años ese organismo nunca aceptó una quita en el pago de una deuda y ese acuerdo fue bueno para el país porque además no se le dio participación al Fondo Monetario Internacional (FMI)".
"Ahora parece que el gobierno quiere volver al FMI que es el que predica las devaluaciones, ajustes, despidos de empleados públicos, quita de subsidios, que es todo lo que está haciendo esta administración", dijo Recalde.
La ley para reabrir el canje de deuda para terminar el proceso de reestructuración, prohíbe ofrecerles a los tenedores de bonos defaulteados mejores condiciones que las que ya aceptaron los que entraron al canje en 2005 y 2010.
Por el artículo 2 de la norma establece que "los términos y condiciones que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos" en los canjes anteriores.
El artículo 4, además, prohíbe ofrecer a los que ya hayan iniciado acciones legales mejores condiciones que a quienes no lo hubieran hecho.
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El presidente del bloque de Diputados del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, advirtió que por ley el Gobierno no puede ofrecerles a los fondos "buitre" mejores condiciones de pago que los de la reestructuración, aunque alertó que "no extrañaría que quiera llegar a un acuerdo utilizando un DNU".
Recalde recordó que cualquier acuerdo "tiene que pasar por el Congreso, salvo que pretenda sacar un decreto de necesidad y urgencia" para avalar un posible acuerdo.
"Ello podría suceder, si vemos que el gobierno sigue ignorando al Congreso y habida cuenta de cómo se ha movido hasta ahora con los DNU, aunque en este caso no hay ninguna necesidad y menos urgencia, porque es un proceso que ya lleva varios años", manifestó a la prensa.
El legislador advirtió que la ley de pago soberano expresa que el pago a los bonistas "se debe hacer en condiciones justas, equitativas, legales y sustentables".
Criticó también al ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso de Prat Gay, porque, según su criterio, "no dice la verdad sobre el acuerdo con el Club de París" que efectuó el Gobierno anterior.
Recalde consideró que "es mentira lo que dijo el ministro porque en los últimos 60 años ese organismo nunca aceptó una quita en el pago de una deuda y ese acuerdo fue bueno para el país porque además no se le dio participación al Fondo Monetario Internacional (FMI)".
"Ahora parece que el gobierno quiere volver al FMI que es el que predica las devaluaciones, ajustes, despidos de empleados públicos, quita de subsidios, que es todo lo que está haciendo esta administración", dijo Recalde.
La ley para reabrir el canje de deuda para terminar el proceso de reestructuración, prohíbe ofrecerles a los tenedores de bonos defaulteados mejores condiciones que las que ya aceptaron los que entraron al canje en 2005 y 2010.
Por el artículo 2 de la norma establece que "los términos y condiciones que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos" en los canjes anteriores.
El artículo 4, además, prohíbe ofrecer a los que ya hayan iniciado acciones legales mejores condiciones que a quienes no lo hubieran hecho.