El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de responsabilidad penal para las personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública y por cohecho internacional, que prevé multas y sanciones.
El proyecto se suma a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Parlamento que forman parte del paquete anticorrupción, entre las que se encuentra la ley del arrepentido y la extinción de dominio.
La iniciativa ingresó el jueves a la Cámara de Diputados y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, propone una reforma del Código Penal en materia de aplicación de la ley penal para casos específicos de soborno internacional.
A través de la iniciativa, se prevén multas de entre el 1 al 20 por ciento de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubieran tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.
El proyecto, que el ministro Garavano anticipó semanas atrás enviaría el Gobierno al Congreso, busca comprometer a las empresas en la lucha contra la corrupción y tiene como marco los escándalos por los presuntos sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante la gestión anterior.
El objetivo del proyecto es "dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos de la administración pública".
En sus primeros artículos, el proyecto define como persona jurídica "a las sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras con o sin participación estatal".
Con este proyecto, el gobierno nacional se propone, entre otras cuestiones, "ampliar la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de ciudadanos argentinos o de personas jurídicas domiciliadas en territorio argentino a los casos específicos de delito de soborno de un funcionario público o extranjero o de una organización pública internacional".
Hasta el momento, Argentina prevé sanciones penales por delitos contra la administración pública únicamente para personas físicas.
El proyecto se suma a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Parlamento que forman parte del paquete anticorrupción, entre las que se encuentra la ley del arrepentido y la extinción de dominio.
La iniciativa ingresó el jueves a la Cámara de Diputados y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, propone una reforma del Código Penal en materia de aplicación de la ley penal para casos específicos de soborno internacional.
A través de la iniciativa, se prevén multas de entre el 1 al 20 por ciento de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubieran tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.
El proyecto, que el ministro Garavano anticipó semanas atrás enviaría el Gobierno al Congreso, busca comprometer a las empresas en la lucha contra la corrupción y tiene como marco los escándalos por los presuntos sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante la gestión anterior.
El objetivo del proyecto es "dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos de la administración pública".
En sus primeros artículos, el proyecto define como persona jurídica "a las sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras con o sin participación estatal".
Con este proyecto, el gobierno nacional se propone, entre otras cuestiones, "ampliar la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de ciudadanos argentinos o de personas jurídicas domiciliadas en territorio argentino a los casos específicos de delito de soborno de un funcionario público o extranjero o de una organización pública internacional".
Hasta el momento, Argentina prevé sanciones penales por delitos contra la administración pública únicamente para personas físicas.
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El gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de responsabilidad penal para las personas jurídicas que cometan delitos contra la administración pública y por cohecho internacional, que prevé multas y sanciones.
El proyecto se suma a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Parlamento que forman parte del paquete anticorrupción, entre las que se encuentra la ley del arrepentido y la extinción de dominio.
La iniciativa ingresó el jueves a la Cámara de Diputados y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, propone una reforma del Código Penal en materia de aplicación de la ley penal para casos específicos de soborno internacional.
A través de la iniciativa, se prevén multas de entre el 1 al 20 por ciento de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubieran tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.
El proyecto, que el ministro Garavano anticipó semanas atrás enviaría el Gobierno al Congreso, busca comprometer a las empresas en la lucha contra la corrupción y tiene como marco los escándalos por los presuntos sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante la gestión anterior.
El objetivo del proyecto es "dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos de la administración pública".
En sus primeros artículos, el proyecto define como persona jurídica "a las sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras con o sin participación estatal".
Con este proyecto, el gobierno nacional se propone, entre otras cuestiones, "ampliar la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de ciudadanos argentinos o de personas jurídicas domiciliadas en territorio argentino a los casos específicos de delito de soborno de un funcionario público o extranjero o de una organización pública internacional".
Hasta el momento, Argentina prevé sanciones penales por delitos contra la administración pública únicamente para personas físicas.
El proyecto se suma a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Parlamento que forman parte del paquete anticorrupción, entre las que se encuentra la ley del arrepentido y la extinción de dominio.
La iniciativa ingresó el jueves a la Cámara de Diputados y lleva las firmas del presidente Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, propone una reforma del Código Penal en materia de aplicación de la ley penal para casos específicos de soborno internacional.
A través de la iniciativa, se prevén multas de entre el 1 al 20 por ciento de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica hubieran tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito, suspensión de las actividades hasta un máximo de 10 años, prohibición de participar en licitaciones públicas y hasta la quita de la personería jurídica.
El proyecto, que el ministro Garavano anticipó semanas atrás enviaría el Gobierno al Congreso, busca comprometer a las empresas en la lucha contra la corrupción y tiene como marco los escándalos por los presuntos sobreprecios y pago de coimas en la obra pública durante la gestión anterior.
El objetivo del proyecto es "dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos de la administración pública".
En sus primeros artículos, el proyecto define como persona jurídica "a las sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, ya sean nacionales o extranjeras con o sin participación estatal".
Con este proyecto, el gobierno nacional se propone, entre otras cuestiones, "ampliar la jurisdicción del Estado nacional para el juzgamiento de ciudadanos argentinos o de personas jurídicas domiciliadas en territorio argentino a los casos específicos de delito de soborno de un funcionario público o extranjero o de una organización pública internacional".
Hasta el momento, Argentina prevé sanciones penales por delitos contra la administración pública únicamente para personas físicas.