Cabe recordar que el pasado 16 de septiembre efectivos de la Brigada de Investigaciones detuvieron al tesorero de la Comisión Municipal de Valle Grande, Fabio Maigua, y días después a la asesora legal Gladys Villarrubia, como así también se secuestró elementos informáticos de esa comuna, por una causa de supuesto "fraude a la administración pública en concurso real, asociación ilícita y falsedad ideológica", donde también está imputado el comisionado municipal René Tolaba.
El hecho que se investiga tiene que ver con una importante diferencia monetaria entre lo que informa a través de la Declaración Jurada el presidente y el tesorero de esa Comisión a la Provincia, respecto de los sueldos que se pagaban mensualmente a los trabajadores municipales.
Desde el organismo se solicitó a la Secretaría de Egresos Públicos que se envíen las Declaraciones Juradas de esa comuna ramaleña de los últimos 5 meses (de enero a mayo), como así también a una entidad bancaria sobre los movimientos de esa comuna y los pagos realizados desde esa cuenta a los empleados municipales, donde encontraron diferencias trascendentales.
Solo con el relevamiento de esos meses se halló una diferencia de más de 1 millón 165 mil pesos en los pagos de sueldos a los empleados.
Mientras el escándalo por "fraude" crece: el Concejo de Valle Grande continúa sin sesionar y los empleados municipales se habían reunido días atrás con los fiscales de la Oficina Anticorrupción y ampliaron las denuncias, casi al mismo tiempo que Tolaba las desmentía a través de los medios de comunicación.
Según los dichos de los empleados, la gran mayoría de ellos cobraban una suma muy inferior a lo que figuraba en los recibos de sueldos.
Todavía es materia de investigación como exfuncionarios alteraban los cómputos para que la entidad bancaria depositara una cierta cantidad el dinero a cada empleado, y el descuento que se le atribuía era supuestamente el excedente de más de un millón cien mil pesos por cada semestre.
El vocal 1§ Marcos Lino Santos había denunciado el hecho y a raíz de esto sufrió amenazas de muerte desde un teléfono celular que aún no pudo ser identificado por los investigadores de la Policía provincial.
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Cabe recordar que el pasado 16 de septiembre efectivos de la Brigada de Investigaciones detuvieron al tesorero de la Comisión Municipal de Valle Grande, Fabio Maigua, y días después a la asesora legal Gladys Villarrubia, como así también se secuestró elementos informáticos de esa comuna, por una causa de supuesto "fraude a la administración pública en concurso real, asociación ilícita y falsedad ideológica", donde también está imputado el comisionado municipal René Tolaba.
El hecho que se investiga tiene que ver con una importante diferencia monetaria entre lo que informa a través de la Declaración Jurada el presidente y el tesorero de esa Comisión a la Provincia, respecto de los sueldos que se pagaban mensualmente a los trabajadores municipales.
Desde el organismo se solicitó a la Secretaría de Egresos Públicos que se envíen las Declaraciones Juradas de esa comuna ramaleña de los últimos 5 meses (de enero a mayo), como así también a una entidad bancaria sobre los movimientos de esa comuna y los pagos realizados desde esa cuenta a los empleados municipales, donde encontraron diferencias trascendentales.
Solo con el relevamiento de esos meses se halló una diferencia de más de 1 millón 165 mil pesos en los pagos de sueldos a los empleados.
Mientras el escándalo por "fraude" crece: el Concejo de Valle Grande continúa sin sesionar y los empleados municipales se habían reunido días atrás con los fiscales de la Oficina Anticorrupción y ampliaron las denuncias, casi al mismo tiempo que Tolaba las desmentía a través de los medios de comunicación.
Según los dichos de los empleados, la gran mayoría de ellos cobraban una suma muy inferior a lo que figuraba en los recibos de sueldos.
Todavía es materia de investigación como exfuncionarios alteraban los cómputos para que la entidad bancaria depositara una cierta cantidad el dinero a cada empleado, y el descuento que se le atribuía era supuestamente el excedente de más de un millón cien mil pesos por cada semestre.
El vocal 1§ Marcos Lino Santos había denunciado el hecho y a raíz de esto sufrió amenazas de muerte desde un teléfono celular que aún no pudo ser identificado por los investigadores de la Policía provincial.