Tras una extensa investigación y posterior denuncia por parte de la Oficina Anticorrupción en contra de funcionarios de la Comisión Municipal de Valle Grande, el juez de Control Nº 6 Jorge Zamman, del Poder Judicial de San Pedro, tendría resuelto ordenar la detención del comisionado de ese municipio, y se aguarda que los vocales aprueben su desafuero.
Cabe recordar que el pasado 16 de septiembre efectivos de la Brigada de Investigaciones detuvieron al tesorero de la Comisión Municipal de Valle Grande, Fabio Maigua, y días después a la asesora legal Gladys Villarrubia, como así también se secuestró elementos informáticos de esa comuna, por una causa de supuesto "fraude a la administración pública en concurso real, asociación ilícita y falsedad ideológica", donde también está imputado el comisionado municipal René Tolaba.
El hecho que se investiga tiene que ver con una importante diferencia monetaria entre lo que informa a través de la Declaración Jurada el presidente y el tesorero de esa Comisión a la Provincia, respecto de los sueldos que se pagaban mensualmente a los trabajadores municipales.
Desde el organismo se solicitó a la Secretaría de Egresos Públicos que se envíen las Declaraciones Juradas de esa comuna ramaleña de los últimos 5 meses (de enero a mayo), como así también a una entidad bancaria sobre los movimientos de esa comuna y los pagos realizados desde esa cuenta a los empleados municipales, donde encontraron diferencias trascendentales.
Solo con el relevamiento de esos meses se halló una diferencia de más de 1 millón 165 mil pesos en los pagos de sueldos a los empleados.
Mientras el escándalo por "fraude" crece: el Concejo de Valle Grande continúa sin sesionar y los empleados municipales se habían reunido días atrás con los fiscales de la Oficina Anticorrupción y ampliaron las denuncias, casi al mismo tiempo que Tolaba las desmentía a través de los medios de comunicación.
Según los dichos de los empleados, la gran mayoría de ellos cobraban una suma muy inferior a lo que figuraba en los recibos de sueldos.
Todavía es materia de investigación como exfuncionarios alteraban los cómputos para que la entidad bancaria depositara una cierta cantidad el dinero a cada empleado, y el descuento que se le atribuía era supuestamente el excedente de más de un millón cien mil pesos por cada semestre.
El vocal 1§ Marcos Lino Santos había denunciado el hecho y a raíz de esto sufrió amenazas de muerte desde un teléfono celular que aún no pudo ser identificado por los investigadores de la Policía provincial.

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