La Cámara Federal de Casación ordenó continuar con la investigación de una causa que se le sigue a la dirigente Milagro Sala por "amenazas", hechos denunciados por el gobernador Gerardo Morales, cuando ejercía la función de senador en el año 2009.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por la querella y por el representante del Ministerio Público Fiscal y revocó la resolución del "a quo" (principio) que había declarado extinguida la acción penal por prescripción con relación al delito de amenazas en la que resulta imputada la dirigente social Milagro Sala, y dos personas allegados a ella.
Según el parte de prensa del Centro de Información Judicial (Agencia de Noticias del Poder Judicial), Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra que habían sido imputados por "amenazas" en un protesta en la que agredieron a Morales y al entonces titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, cuando ingresaban al en el Consejo de Ciencias Económicas.
A mediados del pasado mes de mayo los jueces federales Federico Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaraz declararon "la extinción de la acción penal por prescripción" y decidieron sobreseer a los imputados de los delitos de "amenazas", pero continuaba firme la imputación por "daños agravados".
El martes último la Cámara Federal de la Nación integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos ordenaron que se continúe con la tramitación de las presentes actuaciones.
El secretario de Gobierno de la Provincia y asesor legal del gobernador Morales, Luciano Rivas, había manifestado oportunamente que: "Nosotros que hemos impulsado la causa entendemos que por una cuestión que la propia Justicia Federal, que debería haber sido diligente, y por la burocracia jurídica, tenemos como consecuencia el sobreseimiento en uno de los hechos ilícitos de tres delincuentes públicamente confesos". Es por eso que se decidió apelar la resolución y elevarla a la sala IV de la Cámara de Casación Penal .
En su momento Rivas había manifestado que "hubo planteos que han demorado hasta un año, que podrían haberse resuelto en menos de un mes. En estas circunstancias estaríamos con audiencias de debate y hasta con una sentencia".
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por la querella y por el representante del Ministerio Público Fiscal y revocó la resolución del "a quo" (principio) que había declarado extinguida la acción penal por prescripción con relación al delito de amenazas en la que resulta imputada la dirigente social Milagro Sala, y dos personas allegados a ella.
Según el parte de prensa del Centro de Información Judicial (Agencia de Noticias del Poder Judicial), Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra que habían sido imputados por "amenazas" en un protesta en la que agredieron a Morales y al entonces titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, cuando ingresaban al en el Consejo de Ciencias Económicas.
A mediados del pasado mes de mayo los jueces federales Federico Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaraz declararon "la extinción de la acción penal por prescripción" y decidieron sobreseer a los imputados de los delitos de "amenazas", pero continuaba firme la imputación por "daños agravados".
El martes último la Cámara Federal de la Nación integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos ordenaron que se continúe con la tramitación de las presentes actuaciones.
El secretario de Gobierno de la Provincia y asesor legal del gobernador Morales, Luciano Rivas, había manifestado oportunamente que: "Nosotros que hemos impulsado la causa entendemos que por una cuestión que la propia Justicia Federal, que debería haber sido diligente, y por la burocracia jurídica, tenemos como consecuencia el sobreseimiento en uno de los hechos ilícitos de tres delincuentes públicamente confesos". Es por eso que se decidió apelar la resolución y elevarla a la sala IV de la Cámara de Casación Penal .
En su momento Rivas había manifestado que "hubo planteos que han demorado hasta un año, que podrían haberse resuelto en menos de un mes. En estas circunstancias estaríamos con audiencias de debate y hasta con una sentencia".
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La Cámara Federal de Casación ordenó continuar con la investigación de una causa que se le sigue a la dirigente Milagro Sala por "amenazas", hechos denunciados por el gobernador Gerardo Morales, cuando ejercía la función de senador en el año 2009.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por la querella y por el representante del Ministerio Público Fiscal y revocó la resolución del "a quo" (principio) que había declarado extinguida la acción penal por prescripción con relación al delito de amenazas en la que resulta imputada la dirigente social Milagro Sala, y dos personas allegados a ella.
Según el parte de prensa del Centro de Información Judicial (Agencia de Noticias del Poder Judicial), Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra que habían sido imputados por "amenazas" en un protesta en la que agredieron a Morales y al entonces titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, cuando ingresaban al en el Consejo de Ciencias Económicas.
A mediados del pasado mes de mayo los jueces federales Federico Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaraz declararon "la extinción de la acción penal por prescripción" y decidieron sobreseer a los imputados de los delitos de "amenazas", pero continuaba firme la imputación por "daños agravados".
El martes último la Cámara Federal de la Nación integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos ordenaron que se continúe con la tramitación de las presentes actuaciones.
El secretario de Gobierno de la Provincia y asesor legal del gobernador Morales, Luciano Rivas, había manifestado oportunamente que: "Nosotros que hemos impulsado la causa entendemos que por una cuestión que la propia Justicia Federal, que debería haber sido diligente, y por la burocracia jurídica, tenemos como consecuencia el sobreseimiento en uno de los hechos ilícitos de tres delincuentes públicamente confesos". Es por eso que se decidió apelar la resolución y elevarla a la sala IV de la Cámara de Casación Penal .
En su momento Rivas había manifestado que "hubo planteos que han demorado hasta un año, que podrían haberse resuelto en menos de un mes. En estas circunstancias estaríamos con audiencias de debate y hasta con una sentencia".
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar a los recursos de casación interpuestos por la querella y por el representante del Ministerio Público Fiscal y revocó la resolución del "a quo" (principio) que había declarado extinguida la acción penal por prescripción con relación al delito de amenazas en la que resulta imputada la dirigente social Milagro Sala, y dos personas allegados a ella.
Según el parte de prensa del Centro de Información Judicial (Agencia de Noticias del Poder Judicial), Milagro Sala, Graciela López y Ramón Salvatierra que habían sido imputados por "amenazas" en un protesta en la que agredieron a Morales y al entonces titular de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, cuando ingresaban al en el Consejo de Ciencias Económicas.
A mediados del pasado mes de mayo los jueces federales Federico Díaz, María Alejandra Cataldi y Mario Juárez Almaraz declararon "la extinción de la acción penal por prescripción" y decidieron sobreseer a los imputados de los delitos de "amenazas", pero continuaba firme la imputación por "daños agravados".
El martes último la Cámara Federal de la Nación integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani (presidente), Mariano Hernán Borinsky y Gustavo Hornos ordenaron que se continúe con la tramitación de las presentes actuaciones.
El secretario de Gobierno de la Provincia y asesor legal del gobernador Morales, Luciano Rivas, había manifestado oportunamente que: "Nosotros que hemos impulsado la causa entendemos que por una cuestión que la propia Justicia Federal, que debería haber sido diligente, y por la burocracia jurídica, tenemos como consecuencia el sobreseimiento en uno de los hechos ilícitos de tres delincuentes públicamente confesos". Es por eso que se decidió apelar la resolución y elevarla a la sala IV de la Cámara de Casación Penal .
En su momento Rivas había manifestado que "hubo planteos que han demorado hasta un año, que podrían haberse resuelto en menos de un mes. En estas circunstancias estaríamos con audiencias de debate y hasta con una sentencia".