En conferencia de prensa, Ricardo Pierazzoli, anunció ayer su renuncia al cargo de Defensor del Pueblo de Jujuy, por "decisión propia" y debido a la "falta de condiciones necesarias para ejercer su función".
Luego que la Legislatura provincial analizara el apartamiento del exministro de Hacienda de la Defensoría del Pueblo, ante las denuncias por "amenaza coactiva y abuso de autoridad" que pesan en su contra, Pierazzoli informó el alejamiento, por decisión propia, del cargo. "Quiero notificar a la población mi decisión personal de presentar la renuncia. Esta decisión tiene muchas aristas y varios sustentos, fundamentalmente en la imposibilidad que veo de poder llevar adelante la defensa de las acusaciones que se me vienen haciendo, no ahora sino ya hace un tiempo largo y de una manera sostenida, impidiéndome llevar adelante el ejercicio de mis funciones en el marco de la ley", expresó.
Destacó que la renuncia se sustenta principalmente, en la denuncia presentada en su contra por malos tratos, las cuales "tienen un origen claramente falaz e inconsistente. Yo tuve la intención de resolver esta situación en el ámbito de la justicia, cuando apenas apareció la denuncia de una empleada de esta Defensoría, presentando un recurso de vindicación en el marco del artículo 62º de la Constitución Provincial. Dicho recurso fue absorbido por el Juzgado, eso fue cerca de los primeros días de agosto", refirió el exfuncionario.
Desde ese momento a la fecha, afirmó, "he buscado tener acceso al expediente judicial donde sistemáticamente se me ha denegado el acceso", remarcó Pierazzoli, a la vez que mencionó que pese a la iniciativa de los empleados de la Defensoría, de prestar declaración al respecto, "solo se llamó a declaración de las partes invocadas por la denunciante".
También mencionó que realizaron la presentación de un recurso de nulidad a dicho proceso judicial, ya que considera que "hay una visión muy clara de la intención que tiene el proceso que hoy está sucediendo en el ámbito legislativo. Esto denota que claramente hay procesos políticos que son más rápidos que los procesos que legítimamente buscan la defensa y el cumplimiento de la ley".
"Hasta el momento no he sido notificado de la imputación y tampoco tuve posibilidad alguna de defenderme y hacer mi descargo. No se me escuchó, a pesar de haber presentado en la comisión de Asuntos Institucionales un informe con más de 500 fojas, donde hago referencia a las inconsistencias de esta denuncia y un resumen de la labor desarrollada durante estos cinco meses", manifestó el ahora exDefensor del Pueblo.
En ese sentido, recordó las gestiones efectuadas durante su período al frente de la Defensoría, como "el recurso de amparo para frenar la suba del gas, con lo que hemos beneficiado a más de 80 mil jujeños y a partir de la cual se han aumentado los agravios en mi contra; peor aún cuando entablé una demanda judicial contra el Estado provincial".
"Parece que el solo hecho del cumplimiento de la función en cinco meses acaba con el esfuerzo de un grupo de gente que día a día desde hace más de 12 años, viene atendiendo a personas que llegan a la defensoría; solo por dos denuncias", enfatizó Pierazzoli.

"Se inventaron causas políticas para manchar su nombre"
Durante la 22º sesión ordinaria que se cumplió ayer en la Legislatura provincial, la Cámara de Diputados aceptó la renuncia del Defensor del Pueblo, Ricardo Pierazzoli, quien tomó la decisión de apartarse del cargo en las primeras horas de la mañana. Pese a que la situación del ombudsman jujeño no llegó a ser debatida en el recinto como se había previsto en un principio, su apartamiento causó un malestar generalizado entre los miembros del bloque del PJ, quienes consideraron que fue un "hecho de extrema gravedad institucional", con "tinte político".
El presidente de la bancada oficialista, Javier Hinojo, indicó que "es una injusticia lo que se hizo por cuanto se trata de una persona que lo único que hizo fue defender los interés de todos los jujeños, combatir un gobierno de derecha y como eso no les gusta a muchas personas, inventaron causas para manchar su nombre". Asimismo, descalificó la denuncia presentada en contra del Defensor del Pueblo, por cuanto "la denunciante viene realizando denuncias en contra de la anterior gestión, e incluso de compañeros de trabajo, fomentando el hostigamiento de Pierazzoli".
Hinojo consideró que el apartamiento del ombudsman jujeño está ligado a "intereses políticos", ya que "la labor que llevaba adelante molestaba a los intereses de este gobierno que lo único que hizo fue manchar su nombre con causas políticas".
Tras realizar su descargo, todos los diputados del PJ se retiraron del recinto por cuanto consideraron que "no se respeta a la oposición como tal". Así se aprobó la designación de Pablo Zurueta quien será Defensor del Pueblo provisoriamente, pese a que todavía no se conocieron los posibles candidatos a ocupar el cargo.
Cabe destacar que un grupo de empleados del organismo se hizo presente en el recinto en signo de apoyo a Pierazzoli, pidiendo justicia para el ex funcionario.
Frenan prescripciones adquisitivas
Durante la sesión de ayer además se aprobó la Ley Nº 5960, según la cual se suspenden por un plazo de 180 días los procesos de prescripción adquisitiva de dominios que se encuentran en trámite y que corresponden a tierras fiscales. Al respecto, el diputado radical Alberto Bernis explicó que "se trata de las posesiones veinteñales las cuales quedan suspendidas momentáneamente, porque hay lugares en la provincia que forman parte del patrimonio de los jujeños, como es el caso de tierras de la Quebrada que pretenden ser apropiadas por actores privados, y que pretendemos preservar por cuanto muchos integran parte del Patrimonio de la Humanidad".
En la ocasión, además se dio luz verde a la Ley Nº 5961, según la cual se instauró el 29 de este mes como Día Provincial de la Prevención y Lucha con el Ataque Cerebro Vascular (ACV).
En las cuestiones posteriores al orden del día se aprobó la resolución Nº 23 según la cual la Legislatura repudia las declaraciones vertidas en los medios nacionales de comunicación, condenando la práctica del coqueo. La Resolución sugiere al Poder Ejecutivo que solicite a los medios de comunicación correspondientes la rectificación y esclarecimiento de sus dichos difundiendo la licitud del coqueo conforme la Ley Nacional Nº 23.737.



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