El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó ayer revocar la firma rusa del Estatuto de Roma, la base legal que creó la Corte Penal Internacional (CPI), según la página oficial del Kremlin, una decisión con la que se desliga de ese Tribunal encargado de administrar Justicia en nombre de toda la comunidad internacional.
"La Corte Penal Internacional no ha cumplido con las expectativas y no puede convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso", señala un comunicado de la cancillería rusa que precisa que la medida entró en vigor ayer mismo.
El comunicado precisa que Putin ordenó "aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con la Cancillería, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción, para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
El Estatuto de Roma es la base de las actividades de la CPI y Rusia lo firmó en el año 2.000, pero no lo ratificó, por cuanto su jurisdicción ya no se extenderá a este país, como tampoco lo hace a Estados Unidos, China, Ucrania, Israel y otros países.
Estados Unidos incluso ha aprobado leyes que prohíben a organismos federales ayudar a este tribunal.
Rusia argumenta que "en 14 años de funcionamiento, la CPI dictó sólo cuatro sentencias y gastó más de 1.000 millones de dólares", por lo que el tribunal "lamentablemente no ha justificado las esperanzas puestas en él". Ya en enero de este año, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, denunció la parcialidad de la CPI cuando el tribunal autorizó investigar los posibles crímenes de guerra durante el conflicto bélico que enfrentó a Rusia y Georgia en agosto de 2008.
"La Corte Penal Internacional no ha cumplido con las expectativas y no puede convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso", señala un comunicado de la cancillería rusa que precisa que la medida entró en vigor ayer mismo.
El comunicado precisa que Putin ordenó "aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con la Cancillería, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción, para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
El Estatuto de Roma es la base de las actividades de la CPI y Rusia lo firmó en el año 2.000, pero no lo ratificó, por cuanto su jurisdicción ya no se extenderá a este país, como tampoco lo hace a Estados Unidos, China, Ucrania, Israel y otros países.
Estados Unidos incluso ha aprobado leyes que prohíben a organismos federales ayudar a este tribunal.
Rusia argumenta que "en 14 años de funcionamiento, la CPI dictó sólo cuatro sentencias y gastó más de 1.000 millones de dólares", por lo que el tribunal "lamentablemente no ha justificado las esperanzas puestas en él". Ya en enero de este año, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, denunció la parcialidad de la CPI cuando el tribunal autorizó investigar los posibles crímenes de guerra durante el conflicto bélico que enfrentó a Rusia y Georgia en agosto de 2008.
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El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó ayer revocar la firma rusa del Estatuto de Roma, la base legal que creó la Corte Penal Internacional (CPI), según la página oficial del Kremlin, una decisión con la que se desliga de ese Tribunal encargado de administrar Justicia en nombre de toda la comunidad internacional.
"La Corte Penal Internacional no ha cumplido con las expectativas y no puede convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso", señala un comunicado de la cancillería rusa que precisa que la medida entró en vigor ayer mismo.
El comunicado precisa que Putin ordenó "aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con la Cancillería, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción, para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
El Estatuto de Roma es la base de las actividades de la CPI y Rusia lo firmó en el año 2.000, pero no lo ratificó, por cuanto su jurisdicción ya no se extenderá a este país, como tampoco lo hace a Estados Unidos, China, Ucrania, Israel y otros países.
Estados Unidos incluso ha aprobado leyes que prohíben a organismos federales ayudar a este tribunal.
Rusia argumenta que "en 14 años de funcionamiento, la CPI dictó sólo cuatro sentencias y gastó más de 1.000 millones de dólares", por lo que el tribunal "lamentablemente no ha justificado las esperanzas puestas en él". Ya en enero de este año, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, denunció la parcialidad de la CPI cuando el tribunal autorizó investigar los posibles crímenes de guerra durante el conflicto bélico que enfrentó a Rusia y Georgia en agosto de 2008.
"La Corte Penal Internacional no ha cumplido con las expectativas y no puede convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso", señala un comunicado de la cancillería rusa que precisa que la medida entró en vigor ayer mismo.
El comunicado precisa que Putin ordenó "aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con la Cancillería, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción, para informar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
El Estatuto de Roma es la base de las actividades de la CPI y Rusia lo firmó en el año 2.000, pero no lo ratificó, por cuanto su jurisdicción ya no se extenderá a este país, como tampoco lo hace a Estados Unidos, China, Ucrania, Israel y otros países.
Estados Unidos incluso ha aprobado leyes que prohíben a organismos federales ayudar a este tribunal.
Rusia argumenta que "en 14 años de funcionamiento, la CPI dictó sólo cuatro sentencias y gastó más de 1.000 millones de dólares", por lo que el tribunal "lamentablemente no ha justificado las esperanzas puestas en él". Ya en enero de este año, la portavoz de la cancillería rusa, María Zajarova, denunció la parcialidad de la CPI cuando el tribunal autorizó investigar los posibles crímenes de guerra durante el conflicto bélico que enfrentó a Rusia y Georgia en agosto de 2008.