El juez federal Claudio Bonadio rechazó ayer el pedido de la expresidente Cristina Kirchner para ser enviada con "premura" a juicio oral y público en la causa por la venta de dólares a futuro, aunque en paralelo pidió datos a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre funcionarios nacionales y empresarios cercanos al Gobierno, a los que ella acusa de haberse beneficiado con la liquidación de los contratos.
Para el juez, el pedido que formalizó la exmandataria a través de su abogado, Carlos Beraldi, luego de que fuera confirmado su procesamiento por la Sala II de la Cámara Federal por el delito de administración infiel de fondos públicos, es "impertinente" y "carente de estilo".
"Tanto el abogado defensor como su comitente en esta causa, tienen la suficiente expertise en derecho como para saber que las peticiones tienen que estar ajustadas conforme a las normas vigentes; en ese sentido corresponde hacer notar que el proceso de elevación a juicio con posterioridad a la confirmación de un procesamiento tiene tres pasos que no pueden ser soslayados y por tanto se deben respetar esos plazos procesales", señaló el magistrado en la resolución.
Pero, en paralelo, libró oficio a la UIF con el objeto de que informe si se registran reportes de operaciones sospechosas respecto de los secretarios de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; de Finanzas, Luis Caputo; así como también al jefe de asesores presidenciales, José Torello; el director del Banco Central, Pablo Curat; el embajador Martín Lousteau; el extitular de YPF Miguel Galuccio, y a las sociedades "Chery Socma Argentina SA" (de la familia Macri), "Caputo Saicyf", "Asatej SRL" y "Pegasus Argentina SA". El pedido de Bonadio se produjo luego de que Cristina reclamara al juez federal Sergio Torres que cite a declaración indagatoria a varios de estos funcionarios nacionales.

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