El fiscal de instrucción Augusto César Troncoso pidió la indagatoria de los actores Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Jorge Marrale y Osvaldo Santoro, entre otros, por presunta defraudación en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) debido a un acuerdo extrajudicial firmado con la firma DirecTV.
Fuentes judiciales informaron que la fiscalía apuntó hacia la cúpula del Sagai, entre ellos el abogado Sebastián Bloj, por presunta defraudación en cuanto a los socios de la entidad que agrupa los actores.
El hecho obedece a que Sagai le había ganado una demanda a la empresas de señal satelital DirecTV, la cual se oponía a pagar las regalías que la ley de derechos de autor le reserva a los actores por una cuestión de jurisdicción, y la Justicia había dispuesto el pago de 354.143.956 millones más otros 107.000.000 por intereses, unos 454 millones.
Pero en lo que fue un acuerdo extrajudicial, Sagai acordó con DirecTV rebajar el monto de la indemnización y fijarla en $111 millones.
Ese mismo acuerdo, según la fiscalía, también preveía que ningún socio de Sagai podría accionar en el futuro contra DirecTV.
Como parte del acuerdo extrajudicial, el abogado de Sagai cobró 21 millones por honorarios.
Para el fiscal Troncoso, haciendo lugar a la denuncia del socio de Sagai Mario Galvano, existió una defraudación de la comisión directiva de la entidad a los demás integrantes.
"Deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial en nombre de Sagai perjudicando los intereses de sus socios sin que estos puedan haber votado y decidido en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses", sostuvo ayer la fiscalía.
Fuentes judiciales informaron que la fiscalía apuntó hacia la cúpula del Sagai, entre ellos el abogado Sebastián Bloj, por presunta defraudación en cuanto a los socios de la entidad que agrupa los actores.
El hecho obedece a que Sagai le había ganado una demanda a la empresas de señal satelital DirecTV, la cual se oponía a pagar las regalías que la ley de derechos de autor le reserva a los actores por una cuestión de jurisdicción, y la Justicia había dispuesto el pago de 354.143.956 millones más otros 107.000.000 por intereses, unos 454 millones.
Pero en lo que fue un acuerdo extrajudicial, Sagai acordó con DirecTV rebajar el monto de la indemnización y fijarla en $111 millones.
Ese mismo acuerdo, según la fiscalía, también preveía que ningún socio de Sagai podría accionar en el futuro contra DirecTV.
Como parte del acuerdo extrajudicial, el abogado de Sagai cobró 21 millones por honorarios.
Para el fiscal Troncoso, haciendo lugar a la denuncia del socio de Sagai Mario Galvano, existió una defraudación de la comisión directiva de la entidad a los demás integrantes.
"Deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial en nombre de Sagai perjudicando los intereses de sus socios sin que estos puedan haber votado y decidido en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses", sostuvo ayer la fiscalía.
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El fiscal de instrucción Augusto César Troncoso pidió la indagatoria de los actores Pablo Echarri, Pepe Soriano, Martín Seefeld, Jorge Marrale y Osvaldo Santoro, entre otros, por presunta defraudación en la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai) debido a un acuerdo extrajudicial firmado con la firma DirecTV.
Fuentes judiciales informaron que la fiscalía apuntó hacia la cúpula del Sagai, entre ellos el abogado Sebastián Bloj, por presunta defraudación en cuanto a los socios de la entidad que agrupa los actores.
El hecho obedece a que Sagai le había ganado una demanda a la empresas de señal satelital DirecTV, la cual se oponía a pagar las regalías que la ley de derechos de autor le reserva a los actores por una cuestión de jurisdicción, y la Justicia había dispuesto el pago de 354.143.956 millones más otros 107.000.000 por intereses, unos 454 millones.
Pero en lo que fue un acuerdo extrajudicial, Sagai acordó con DirecTV rebajar el monto de la indemnización y fijarla en $111 millones.
Ese mismo acuerdo, según la fiscalía, también preveía que ningún socio de Sagai podría accionar en el futuro contra DirecTV.
Como parte del acuerdo extrajudicial, el abogado de Sagai cobró 21 millones por honorarios.
Para el fiscal Troncoso, haciendo lugar a la denuncia del socio de Sagai Mario Galvano, existió una defraudación de la comisión directiva de la entidad a los demás integrantes.
"Deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial en nombre de Sagai perjudicando los intereses de sus socios sin que estos puedan haber votado y decidido en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses", sostuvo ayer la fiscalía.
Fuentes judiciales informaron que la fiscalía apuntó hacia la cúpula del Sagai, entre ellos el abogado Sebastián Bloj, por presunta defraudación en cuanto a los socios de la entidad que agrupa los actores.
El hecho obedece a que Sagai le había ganado una demanda a la empresas de señal satelital DirecTV, la cual se oponía a pagar las regalías que la ley de derechos de autor le reserva a los actores por una cuestión de jurisdicción, y la Justicia había dispuesto el pago de 354.143.956 millones más otros 107.000.000 por intereses, unos 454 millones.
Pero en lo que fue un acuerdo extrajudicial, Sagai acordó con DirecTV rebajar el monto de la indemnización y fijarla en $111 millones.
Ese mismo acuerdo, según la fiscalía, también preveía que ningún socio de Sagai podría accionar en el futuro contra DirecTV.
Como parte del acuerdo extrajudicial, el abogado de Sagai cobró 21 millones por honorarios.
Para el fiscal Troncoso, haciendo lugar a la denuncia del socio de Sagai Mario Galvano, existió una defraudación de la comisión directiva de la entidad a los demás integrantes.
"Deberán ser indagados por el presunto delito de administración fraudulenta por haber adoptado una decisión patrimonial en nombre de Sagai perjudicando los intereses de sus socios sin que estos puedan haber votado y decidido en asamblea cuál era la decisión que mejor se adecuaba a sus intereses", sostuvo ayer la fiscalía.