Mientras las cancillerías de Argentina y Bolivia avanzan en un protocolo de asistencia a las víctimas de trata y tráfico, en el paso Salvador Mazza-Yacuiba refuerzan el auxilio a los bolivianos que son potenciales esclavos en talleres clandestinos de la Argentina.
Ubicado en el extremo norte salteño, ese paso internacional es utilizado por unas 200 personas por día (en temporada alta -diciembre a abril- la cifra trepa a 600), que hacen los trámites migratorios y que se suman al incesante cruce de los bagayeros -vecinos de ambas ciudades- con mercaderías de todo tipo.
Pero en realidad las posibilidades de ingreso a la Argentina se multiplican en un sinnúmero de pasos a lo largo de una frontera seca de 32 kilómetros en los que el mayor problema geográfico son las quebradas, apenas hondonadas de pocos metros en un paisaje selvático, por donde pasan proyectos y aspiraciones de personas pero también los negocios de contrabandistas, tratantes y narcos que cada tanto saltan a los diarios.
La trata y tráfico de personas es un negocio internacional -considerado de lesa humanidad- que afecta a unos 137 estados en todo el mundo. En la Argentina existe desde 2008 una ley que pena este delito, a la que se suma un programa de rescate y atención a sus víctimas.
En el caso de los bolivianos, muchos de ellos y sobre todo los indocumentados corren el peligro de caer en manos de tratantes que les ofrecen trabajos con muy buenos salarios que en el destino -Buenos Aires, Rosario, Mendoza, por citar algunos- se transforman en durísimas condiciones en talleres textiles, huertas, ladrilleras y carpinterías, según está corroborado por las autoridades argentinas .
Paradójicamente, estos migrantes desconocen sus derechos y no se perciben a sí mismos como víctimas de reducción a la servidumbre porque, coincidieron varias de las fuentes consultadas, en la mayoría de los casos escapan de la falta absoluta de oportunidades y encuentran resignadamente, aún en este tipo de explotación, una manera de progreso.
En la localidad salteña de Salvador Mazza -conocida también como Pocitos- el cónsul de Bolivia, Omar Velásquez Baldiviezo, explicó a Télam durante una entrevista en su oficina sobre la ruta nacional 34 que quienes ingresan al país ilegalmente lo hacen porque "muchas veces no tienen el documento de identidad de origen, y hasta nos encontramos con gente que carece de partida de nacimiento, como si no existiera".
Testigo directo de decenas de historias de lucha y supervivencia de compatriotas de todas las edades, el cónsul contó que la gente se larga desde sus poblados de origen sin más herramientas que sus propios cuerpos y sueños a buscar futuro en la lejana Buenos Aires o, a veces, a pocos kilómetros de la frontera.
El cónsul definió a la frontera como "imposible de controlar absolutamente", porque "geográficamente es como una especie de U con pasos no autorizados".
Ubicado en el extremo norte salteño, ese paso internacional es utilizado por unas 200 personas por día (en temporada alta -diciembre a abril- la cifra trepa a 600), que hacen los trámites migratorios y que se suman al incesante cruce de los bagayeros -vecinos de ambas ciudades- con mercaderías de todo tipo.
Pero en realidad las posibilidades de ingreso a la Argentina se multiplican en un sinnúmero de pasos a lo largo de una frontera seca de 32 kilómetros en los que el mayor problema geográfico son las quebradas, apenas hondonadas de pocos metros en un paisaje selvático, por donde pasan proyectos y aspiraciones de personas pero también los negocios de contrabandistas, tratantes y narcos que cada tanto saltan a los diarios.
La trata y tráfico de personas es un negocio internacional -considerado de lesa humanidad- que afecta a unos 137 estados en todo el mundo. En la Argentina existe desde 2008 una ley que pena este delito, a la que se suma un programa de rescate y atención a sus víctimas.
En el caso de los bolivianos, muchos de ellos y sobre todo los indocumentados corren el peligro de caer en manos de tratantes que les ofrecen trabajos con muy buenos salarios que en el destino -Buenos Aires, Rosario, Mendoza, por citar algunos- se transforman en durísimas condiciones en talleres textiles, huertas, ladrilleras y carpinterías, según está corroborado por las autoridades argentinas .
Paradójicamente, estos migrantes desconocen sus derechos y no se perciben a sí mismos como víctimas de reducción a la servidumbre porque, coincidieron varias de las fuentes consultadas, en la mayoría de los casos escapan de la falta absoluta de oportunidades y encuentran resignadamente, aún en este tipo de explotación, una manera de progreso.
En la localidad salteña de Salvador Mazza -conocida también como Pocitos- el cónsul de Bolivia, Omar Velásquez Baldiviezo, explicó a Télam durante una entrevista en su oficina sobre la ruta nacional 34 que quienes ingresan al país ilegalmente lo hacen porque "muchas veces no tienen el documento de identidad de origen, y hasta nos encontramos con gente que carece de partida de nacimiento, como si no existiera".
Testigo directo de decenas de historias de lucha y supervivencia de compatriotas de todas las edades, el cónsul contó que la gente se larga desde sus poblados de origen sin más herramientas que sus propios cuerpos y sueños a buscar futuro en la lejana Buenos Aires o, a veces, a pocos kilómetros de la frontera.
El cónsul definió a la frontera como "imposible de controlar absolutamente", porque "geográficamente es como una especie de U con pasos no autorizados".
El delito se ve en talleres y huertas
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que depende del Ministerio Público Fiscal, está encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, quienes coincidieron en señalar que al crimen que persiguen lo detectan en talleres, huertas y carpinterías de distintos puntos del país.
"Al delito lo detectamos acá, por ejemplo, en los talleres donde la gente es explotada. Así que hacemos el trabajo inverso con preguntas como ¿por dónde pasaste? ¿quién te trajo? ¿quién te contactó en Bolivia?¿cómo te enteraste de este taller?", señaló Colombo.
El fiscal precisó que "el 100% de los que trabajan en talleres clandestinos son bolivianos y, según una radiografía que confeccionamos, existen en la ciudad (de Buenos Aires) 518 talleres cuya mano de obra cruzó en su totalidad por Villazón-La Quiaca y Yacuiba-Salvador Mazza".
Por su parte, Mangano destacó que "hubo un cambio en la modalidad" de ingreso al país de personas que terminan trabajando en condiciones de servidumbre. "No necesariamente ingresan en forma ilegal".
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Mientras las cancillerías de Argentina y Bolivia avanzan en un protocolo de asistencia a las víctimas de trata y tráfico, en el paso Salvador Mazza-Yacuiba refuerzan el auxilio a los bolivianos que son potenciales esclavos en talleres clandestinos de la Argentina.
Ubicado en el extremo norte salteño, ese paso internacional es utilizado por unas 200 personas por día (en temporada alta -diciembre a abril- la cifra trepa a 600), que hacen los trámites migratorios y que se suman al incesante cruce de los bagayeros -vecinos de ambas ciudades- con mercaderías de todo tipo.
Pero en realidad las posibilidades de ingreso a la Argentina se multiplican en un sinnúmero de pasos a lo largo de una frontera seca de 32 kilómetros en los que el mayor problema geográfico son las quebradas, apenas hondonadas de pocos metros en un paisaje selvático, por donde pasan proyectos y aspiraciones de personas pero también los negocios de contrabandistas, tratantes y narcos que cada tanto saltan a los diarios.
La trata y tráfico de personas es un negocio internacional -considerado de lesa humanidad- que afecta a unos 137 estados en todo el mundo. En la Argentina existe desde 2008 una ley que pena este delito, a la que se suma un programa de rescate y atención a sus víctimas.
En el caso de los bolivianos, muchos de ellos y sobre todo los indocumentados corren el peligro de caer en manos de tratantes que les ofrecen trabajos con muy buenos salarios que en el destino -Buenos Aires, Rosario, Mendoza, por citar algunos- se transforman en durísimas condiciones en talleres textiles, huertas, ladrilleras y carpinterías, según está corroborado por las autoridades argentinas .
Paradójicamente, estos migrantes desconocen sus derechos y no se perciben a sí mismos como víctimas de reducción a la servidumbre porque, coincidieron varias de las fuentes consultadas, en la mayoría de los casos escapan de la falta absoluta de oportunidades y encuentran resignadamente, aún en este tipo de explotación, una manera de progreso.
En la localidad salteña de Salvador Mazza -conocida también como Pocitos- el cónsul de Bolivia, Omar Velásquez Baldiviezo, explicó a Télam durante una entrevista en su oficina sobre la ruta nacional 34 que quienes ingresan al país ilegalmente lo hacen porque "muchas veces no tienen el documento de identidad de origen, y hasta nos encontramos con gente que carece de partida de nacimiento, como si no existiera".
Testigo directo de decenas de historias de lucha y supervivencia de compatriotas de todas las edades, el cónsul contó que la gente se larga desde sus poblados de origen sin más herramientas que sus propios cuerpos y sueños a buscar futuro en la lejana Buenos Aires o, a veces, a pocos kilómetros de la frontera.
El cónsul definió a la frontera como "imposible de controlar absolutamente", porque "geográficamente es como una especie de U con pasos no autorizados".
Ubicado en el extremo norte salteño, ese paso internacional es utilizado por unas 200 personas por día (en temporada alta -diciembre a abril- la cifra trepa a 600), que hacen los trámites migratorios y que se suman al incesante cruce de los bagayeros -vecinos de ambas ciudades- con mercaderías de todo tipo.
Pero en realidad las posibilidades de ingreso a la Argentina se multiplican en un sinnúmero de pasos a lo largo de una frontera seca de 32 kilómetros en los que el mayor problema geográfico son las quebradas, apenas hondonadas de pocos metros en un paisaje selvático, por donde pasan proyectos y aspiraciones de personas pero también los negocios de contrabandistas, tratantes y narcos que cada tanto saltan a los diarios.
La trata y tráfico de personas es un negocio internacional -considerado de lesa humanidad- que afecta a unos 137 estados en todo el mundo. En la Argentina existe desde 2008 una ley que pena este delito, a la que se suma un programa de rescate y atención a sus víctimas.
En el caso de los bolivianos, muchos de ellos y sobre todo los indocumentados corren el peligro de caer en manos de tratantes que les ofrecen trabajos con muy buenos salarios que en el destino -Buenos Aires, Rosario, Mendoza, por citar algunos- se transforman en durísimas condiciones en talleres textiles, huertas, ladrilleras y carpinterías, según está corroborado por las autoridades argentinas .
Paradójicamente, estos migrantes desconocen sus derechos y no se perciben a sí mismos como víctimas de reducción a la servidumbre porque, coincidieron varias de las fuentes consultadas, en la mayoría de los casos escapan de la falta absoluta de oportunidades y encuentran resignadamente, aún en este tipo de explotación, una manera de progreso.
En la localidad salteña de Salvador Mazza -conocida también como Pocitos- el cónsul de Bolivia, Omar Velásquez Baldiviezo, explicó a Télam durante una entrevista en su oficina sobre la ruta nacional 34 que quienes ingresan al país ilegalmente lo hacen porque "muchas veces no tienen el documento de identidad de origen, y hasta nos encontramos con gente que carece de partida de nacimiento, como si no existiera".
Testigo directo de decenas de historias de lucha y supervivencia de compatriotas de todas las edades, el cónsul contó que la gente se larga desde sus poblados de origen sin más herramientas que sus propios cuerpos y sueños a buscar futuro en la lejana Buenos Aires o, a veces, a pocos kilómetros de la frontera.
El cónsul definió a la frontera como "imposible de controlar absolutamente", porque "geográficamente es como una especie de U con pasos no autorizados".
El delito se ve en talleres y huertas
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que depende del Ministerio Público Fiscal, está encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, quienes coincidieron en señalar que al crimen que persiguen lo detectan en talleres, huertas y carpinterías de distintos puntos del país.
"Al delito lo detectamos acá, por ejemplo, en los talleres donde la gente es explotada. Así que hacemos el trabajo inverso con preguntas como ¿por dónde pasaste? ¿quién te trajo? ¿quién te contactó en Bolivia?¿cómo te enteraste de este taller?", señaló Colombo.
El fiscal precisó que "el 100% de los que trabajan en talleres clandestinos son bolivianos y, según una radiografía que confeccionamos, existen en la ciudad (de Buenos Aires) 518 talleres cuya mano de obra cruzó en su totalidad por Villazón-La Quiaca y Yacuiba-Salvador Mazza".
Por su parte, Mangano destacó que "hubo un cambio en la modalidad" de ingreso al país de personas que terminan trabajando en condiciones de servidumbre. "No necesariamente ingresan en forma ilegal".