El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció ayer que acordó con la conducción de las dos cámaras del Congreso "impedir la tramitación de cualquier propuesta" destinada a sancionar una amnistía que pudiera beneficiar a quienes cometieron delitos de corrupción.
"Hemos hecho, entre el Ejecutivo y el Legislativo, un ajuste institucional con vista a, si fuera posible, impedir la tramitación de cualquier propuesta que apunte a una llamada amnistía", dijo Temer en conferencia de prensa junto a los presidentes del Senado, Renán Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
El mandatario subrayó que estaba allí, acompañado por Calheiros y Maia, para "revelar que en materia de amnistía hay unanimidad entre los dirigentes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo".
La decisión anunciada por los tres funcionarios se opone a iniciativas surgidas en la Cámara de Diputados para incorporar, dentro de una ley con nuevas medidas contra la corrupción, una amnistía para los autores de delitos relacionados con la financiación ilegal de campañas electorales.
La financiación irregular de campañas es parte medular del escándalo por el desvío ilegal de fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras, por el que hay decenas de políticos, legisladores, funcionarios, empresarios y ejecutivos de compañías presos o procesados.
Uno de los proyectos cuestionados postulaba que "no será punible en lo penal, civil o electoral la donación contabilizada, no contabilizada o no declarada, omitida u ocultada" si se utilizó para financiar "la actividad política, partidaria o electoral realizada hasta la publicación de esta ley", según reveló la prensa local.
El fiscal Carlos dos Santos, uno de los responsables de la investigación del caso Petrobras, denunció que "ciertos sectores" buscaban impedir el castigo a los culpables a través de una minimización de las penas o, directamente, de una "autoamnistía".
"Verificamos que es preciso atender la voz de las calles y eso significa que reproducimos la disposición constitucional que dice que el poder no es nuestro, no es del presidente de la República ni del Senado ni de la Cámara, sino que es del pueblo", dijo Temer en la rueda de prensa.
El jefe del Estado remarcó que "cuando el pueblo manifiesta una urgencia, ella debe ser tomada en cuenta por el Poder Legislativo e igualmente por el Ejecutivo".
Explicó que el acuerdo tiene sentido "hasta porque una ley de amnistía, en un momento dado, iría a la Presidencia de la República, a la que le cabe la atribución de vetarla o no vetarla".
Temer subrayó que "sería imposible para el presidente de la República sancionar una ley de esa naturaleza" y añadió que en conversaciones con Calheiros y Maia coincidieron en que "no están dadas las menores condiciones para llevar adelante una iniciativa como esa".
En tanto, Maia sostuvo que acordó con los líderes de la Cámara baja que no podían tratar un proyecto "de amnistía electoral ni sobre cualquier otro delito". "Ese debate nunca ocurrió y, con certeza, nunca ocurrirá".

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