El detenido exsecretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista, José López, le aseguró ayer a la justicia federal que "no hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad" en el manejo de la obra pública, durante los doce años que duró el gobierno del Frente para la Victoria.
El exfuncionario declaró durante casi tres horas en el marco de la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, en la que también está imputada la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
El exsecretario de obras Públicas recurrió a un estilo de defensa similar al utilizado por la exmandataria en su presentación, según informaron fuentes judiciales: afirmó que las empresas de Báez no fueron la que más obras públicas realizaron y pidió que sean citados como testigos distintos empresarios y funcionarios del actual gobierno.
En el punto más polémico de su exposición, sostuvo que estaba dispuesto a carearse con los responsables de todas las empresas a las que le fueron adjudicadas obras públicas y reclamó que se les pregunte si alguna vez se les solicitó un "retorno".
López ingresó al juzgado del juez federal Julián Ercolini pasadas las 10 de la mañana, allí se encontró con sus abogados Fernando Sánchez y Diego García, escuchó la imputación en su contra, manifestó que estaba "a disposición de la justicia" y expuso su versión de los hechos sin responder preguntas.
En la primera parte de su declaración, el exsecretario de Estado remarcó que la cartera que el encabezaba fue la que tuvo a cargo el Plan Nacional de Obras Públicas "aplicado en todo el país desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015", aprobado "por el Congreso Nacional".
En ese punto se refirió a la aplicación de la política del "precio tope", que fue el valor máximo que estaba dispuesto a pagar el Estado por cada una de las obras públicas que se iban a licitar por lo que las empresas debían presentar planes por debajo de ese valor y aseguró que fue elaborado por expertos y que no fue objetado por ninguna de las contratistas.
López sostuvo que el hecho de que la denuncia por la cual se encuentra imputado esté centrada en Santa Cruz es una prueba de que se trata de una investigación "sesgada" que "tiene clara intencionalidad política y jurídica".
El exfuncionario declaró durante casi tres horas en el marco de la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, en la que también está imputada la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
El exsecretario de obras Públicas recurrió a un estilo de defensa similar al utilizado por la exmandataria en su presentación, según informaron fuentes judiciales: afirmó que las empresas de Báez no fueron la que más obras públicas realizaron y pidió que sean citados como testigos distintos empresarios y funcionarios del actual gobierno.
En el punto más polémico de su exposición, sostuvo que estaba dispuesto a carearse con los responsables de todas las empresas a las que le fueron adjudicadas obras públicas y reclamó que se les pregunte si alguna vez se les solicitó un "retorno".
López ingresó al juzgado del juez federal Julián Ercolini pasadas las 10 de la mañana, allí se encontró con sus abogados Fernando Sánchez y Diego García, escuchó la imputación en su contra, manifestó que estaba "a disposición de la justicia" y expuso su versión de los hechos sin responder preguntas.
En la primera parte de su declaración, el exsecretario de Estado remarcó que la cartera que el encabezaba fue la que tuvo a cargo el Plan Nacional de Obras Públicas "aplicado en todo el país desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015", aprobado "por el Congreso Nacional".
En ese punto se refirió a la aplicación de la política del "precio tope", que fue el valor máximo que estaba dispuesto a pagar el Estado por cada una de las obras públicas que se iban a licitar por lo que las empresas debían presentar planes por debajo de ese valor y aseguró que fue elaborado por expertos y que no fue objetado por ninguna de las contratistas.
López sostuvo que el hecho de que la denuncia por la cual se encuentra imputado esté centrada en Santa Cruz es una prueba de que se trata de una investigación "sesgada" que "tiene clara intencionalidad política y jurídica".
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El detenido exsecretario de Obras Públicas de la gestión kirchnerista, José López, le aseguró ayer a la justicia federal que "no hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad" en el manejo de la obra pública, durante los doce años que duró el gobierno del Frente para la Victoria.
El exfuncionario declaró durante casi tres horas en el marco de la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, en la que también está imputada la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
El exsecretario de obras Públicas recurrió a un estilo de defensa similar al utilizado por la exmandataria en su presentación, según informaron fuentes judiciales: afirmó que las empresas de Báez no fueron la que más obras públicas realizaron y pidió que sean citados como testigos distintos empresarios y funcionarios del actual gobierno.
En el punto más polémico de su exposición, sostuvo que estaba dispuesto a carearse con los responsables de todas las empresas a las que le fueron adjudicadas obras públicas y reclamó que se les pregunte si alguna vez se les solicitó un "retorno".
López ingresó al juzgado del juez federal Julián Ercolini pasadas las 10 de la mañana, allí se encontró con sus abogados Fernando Sánchez y Diego García, escuchó la imputación en su contra, manifestó que estaba "a disposición de la justicia" y expuso su versión de los hechos sin responder preguntas.
En la primera parte de su declaración, el exsecretario de Estado remarcó que la cartera que el encabezaba fue la que tuvo a cargo el Plan Nacional de Obras Públicas "aplicado en todo el país desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015", aprobado "por el Congreso Nacional".
En ese punto se refirió a la aplicación de la política del "precio tope", que fue el valor máximo que estaba dispuesto a pagar el Estado por cada una de las obras públicas que se iban a licitar por lo que las empresas debían presentar planes por debajo de ese valor y aseguró que fue elaborado por expertos y que no fue objetado por ninguna de las contratistas.
López sostuvo que el hecho de que la denuncia por la cual se encuentra imputado esté centrada en Santa Cruz es una prueba de que se trata de una investigación "sesgada" que "tiene clara intencionalidad política y jurídica".
El exfuncionario declaró durante casi tres horas en el marco de la causa en la que se investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en favor del empresario Lázaro Báez, en la que también está imputada la expresidente Cristina Fernández de Kirchner.
El exsecretario de obras Públicas recurrió a un estilo de defensa similar al utilizado por la exmandataria en su presentación, según informaron fuentes judiciales: afirmó que las empresas de Báez no fueron la que más obras públicas realizaron y pidió que sean citados como testigos distintos empresarios y funcionarios del actual gobierno.
En el punto más polémico de su exposición, sostuvo que estaba dispuesto a carearse con los responsables de todas las empresas a las que le fueron adjudicadas obras públicas y reclamó que se les pregunte si alguna vez se les solicitó un "retorno".
López ingresó al juzgado del juez federal Julián Ercolini pasadas las 10 de la mañana, allí se encontró con sus abogados Fernando Sánchez y Diego García, escuchó la imputación en su contra, manifestó que estaba "a disposición de la justicia" y expuso su versión de los hechos sin responder preguntas.
En la primera parte de su declaración, el exsecretario de Estado remarcó que la cartera que el encabezaba fue la que tuvo a cargo el Plan Nacional de Obras Públicas "aplicado en todo el país desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 10 de diciembre de 2015", aprobado "por el Congreso Nacional".
En ese punto se refirió a la aplicación de la política del "precio tope", que fue el valor máximo que estaba dispuesto a pagar el Estado por cada una de las obras públicas que se iban a licitar por lo que las empresas debían presentar planes por debajo de ese valor y aseguró que fue elaborado por expertos y que no fue objetado por ninguna de las contratistas.
López sostuvo que el hecho de que la denuncia por la cual se encuentra imputado esté centrada en Santa Cruz es una prueba de que se trata de una investigación "sesgada" que "tiene clara intencionalidad política y jurídica".