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25 de Abril,  Jujuy, Argentina
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Nueva demanda de los fondos "buitre" al país

Martes, 08 de noviembre de 2016 01:30
THOMAS&nbsp;<a href=http://backend.jujuy.eltribuno.info/backend/editor20/php/URL_AGRUPADOR_171/griesa-a1997 class=agrupador rel=1997>GRIESA</a>.
Un fondo "buitre" de Bahamas presentó ayer en tribunales de Nueva York una demanda contra la Argentina y exige la cancelación de bonos impagos por 65 millones de dólares, correspondiente a títulos que no entraron al acuerdo alcanzado en abril.
Se trata del fondo Bainbridge, representado por el abogado Anthony Constantini, de la firma Duane Morris que tiene sede en Bahamas.
El fondo ingresó una demanda en la que alega tener títulos impagos de 1992 y 1993 y reclamó la aplicación de la cláusula de "tratamiento igualitario", con el resto de los acreedores que ya cobraron.
La cláusula alegada por la organización fue la que llevó al juez Thomas Griesa a bloquear los pagos de deuda reestructurada hasta tanto la Argentina accediera a saldar las obligaciones con los fondos "buitre" encabezados por Paul Singer.
En las 46 páginas del escrito se presentaron ante la Justicia federal de Nueva York, que deberá determinar si la causa recae en el juzgado de Thomas Griesa o de Gabriel Gorenstein.
De acuerdo con estimaciones que se manejan en el mercado financiero, existirían entre 1.000 y 1.500 millones de bonos en cesación de pagos.
En el escrito de demanda, el fondo "buitre" recordó que el Gobierno "hizo una oferta unilateral de acuerdo para los bonistas que no cobraban, e hizo pagos a algunos de ellos".
"Este acuerdo unilateral distinguió entre valores idénticos como bonos con una orden -los relacionados con el caso del pari passu- y bonos estándar; en violación con la Disposición de Tratamiento Igualitario, la Argentina creó una preferencia entre idénticos valores", sostuvo.
En tal sentido, explicó que el Congreso sancionó la ley 27.249, conocida como "cerrojo", que "le impide a la República pagarle a Bainbridge otro monto más que el establecido en la oferta unilateral". En abril pasado, el Gobierno de Mauricio Macri emitió alrededor de US$ 16.000 millones para pagar en efectivo la gran mayoría de las demandas correspondientes al "Juicio del Siglo".
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Un fondo "buitre" de Bahamas presentó ayer en tribunales de Nueva York una demanda contra la Argentina y exige la cancelación de bonos impagos por 65 millones de dólares, correspondiente a títulos que no entraron al acuerdo alcanzado en abril.
Se trata del fondo Bainbridge, representado por el abogado Anthony Constantini, de la firma Duane Morris que tiene sede en Bahamas.
El fondo ingresó una demanda en la que alega tener títulos impagos de 1992 y 1993 y reclamó la aplicación de la cláusula de "tratamiento igualitario", con el resto de los acreedores que ya cobraron.
La cláusula alegada por la organización fue la que llevó al juez Thomas Griesa a bloquear los pagos de deuda reestructurada hasta tanto la Argentina accediera a saldar las obligaciones con los fondos "buitre" encabezados por Paul Singer.
En las 46 páginas del escrito se presentaron ante la Justicia federal de Nueva York, que deberá determinar si la causa recae en el juzgado de Thomas Griesa o de Gabriel Gorenstein.
De acuerdo con estimaciones que se manejan en el mercado financiero, existirían entre 1.000 y 1.500 millones de bonos en cesación de pagos.
En el escrito de demanda, el fondo "buitre" recordó que el Gobierno "hizo una oferta unilateral de acuerdo para los bonistas que no cobraban, e hizo pagos a algunos de ellos".
"Este acuerdo unilateral distinguió entre valores idénticos como bonos con una orden -los relacionados con el caso del pari passu- y bonos estándar; en violación con la Disposición de Tratamiento Igualitario, la Argentina creó una preferencia entre idénticos valores", sostuvo.
En tal sentido, explicó que el Congreso sancionó la ley 27.249, conocida como "cerrojo", que "le impide a la República pagarle a Bainbridge otro monto más que el establecido en la oferta unilateral". En abril pasado, el Gobierno de Mauricio Macri emitió alrededor de US$ 16.000 millones para pagar en efectivo la gran mayoría de las demandas correspondientes al "Juicio del Siglo".

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