La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de Emergencia Social, donde se plasma el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las organizaciones piqueteras, que los bloques políticos acordaron aprobar en la sesión que se celebrará el próximo martes.
El despacho tuvo el respaldo de todos los bloques parlamentarios, con excepción de los trotskistas Partido Obrero y del Partido de los Trabajadores Socialistas, con lo cual se votará la semana entrante con una contundente mayoría que superará los 200 sufragios.
Los diputados decidieron acelerar la aprobación de esta iniciativa que contiene los ejes centrales de la acta firmada la semana pasada, donde se declarara hasta el 2019 la emergencia social y se refuerzan los fondos para las cooperativas que brindan empleo a los beneficiarios de los planes sociales.
El acuerdo contempla un refuerzo de partidas para las organizaciones sociales por un monto 30 mil millones hasta fines del 2019 y para ello se autoriza al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.
El proyecto tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".
Además dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
Uno de los promotores del acuerdo, el diputado del Partido para la Victoria (Movimiento Evita), Leonardo Grosso, aseguró que la marcha de San Cayetano "instaló el debate de la necesidad de darles derechos a los que están en la economía popular e institucionalizar a los trabajadores".
Grosso recordó que al reclamo de las organizaciones sociales "se sumó la CGT y la Iglesia" y se "pudo lograr la primera paritaria de la historia para la economía popular".
"Estamos tratando de que la Argentina salga del plan social, que el Estado ponga un piso mínimo para alcanzar en salario mínimo vital y móvil y nuclear todos los planes en el Salario Social Complementario", apuntó el dirigente del Movimiento Evita.
Desde el oficialismo, el macrista Eduardo Amadeo aseguró que esta iniciativa "se pudo construir gracias al diálogo político" que se empezó a enhebrar tras "la masiva marcha de las organizaciones sociales".
El despacho tuvo el respaldo de todos los bloques parlamentarios, con excepción de los trotskistas Partido Obrero y del Partido de los Trabajadores Socialistas, con lo cual se votará la semana entrante con una contundente mayoría que superará los 200 sufragios.
Los diputados decidieron acelerar la aprobación de esta iniciativa que contiene los ejes centrales de la acta firmada la semana pasada, donde se declarara hasta el 2019 la emergencia social y se refuerzan los fondos para las cooperativas que brindan empleo a los beneficiarios de los planes sociales.
El acuerdo contempla un refuerzo de partidas para las organizaciones sociales por un monto 30 mil millones hasta fines del 2019 y para ello se autoriza al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.
El proyecto tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".
Además dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
Uno de los promotores del acuerdo, el diputado del Partido para la Victoria (Movimiento Evita), Leonardo Grosso, aseguró que la marcha de San Cayetano "instaló el debate de la necesidad de darles derechos a los que están en la economía popular e institucionalizar a los trabajadores".
Grosso recordó que al reclamo de las organizaciones sociales "se sumó la CGT y la Iglesia" y se "pudo lograr la primera paritaria de la historia para la economía popular".
"Estamos tratando de que la Argentina salga del plan social, que el Estado ponga un piso mínimo para alcanzar en salario mínimo vital y móvil y nuclear todos los planes en el Salario Social Complementario", apuntó el dirigente del Movimiento Evita.
Desde el oficialismo, el macrista Eduardo Amadeo aseguró que esta iniciativa "se pudo construir gracias al diálogo político" que se empezó a enhebrar tras "la masiva marcha de las organizaciones sociales".
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La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de Emergencia Social, donde se plasma el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las organizaciones piqueteras, que los bloques políticos acordaron aprobar en la sesión que se celebrará el próximo martes.
El despacho tuvo el respaldo de todos los bloques parlamentarios, con excepción de los trotskistas Partido Obrero y del Partido de los Trabajadores Socialistas, con lo cual se votará la semana entrante con una contundente mayoría que superará los 200 sufragios.
Los diputados decidieron acelerar la aprobación de esta iniciativa que contiene los ejes centrales de la acta firmada la semana pasada, donde se declarara hasta el 2019 la emergencia social y se refuerzan los fondos para las cooperativas que brindan empleo a los beneficiarios de los planes sociales.
El acuerdo contempla un refuerzo de partidas para las organizaciones sociales por un monto 30 mil millones hasta fines del 2019 y para ello se autoriza al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.
El proyecto tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".
Además dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
Uno de los promotores del acuerdo, el diputado del Partido para la Victoria (Movimiento Evita), Leonardo Grosso, aseguró que la marcha de San Cayetano "instaló el debate de la necesidad de darles derechos a los que están en la economía popular e institucionalizar a los trabajadores".
Grosso recordó que al reclamo de las organizaciones sociales "se sumó la CGT y la Iglesia" y se "pudo lograr la primera paritaria de la historia para la economía popular".
"Estamos tratando de que la Argentina salga del plan social, que el Estado ponga un piso mínimo para alcanzar en salario mínimo vital y móvil y nuclear todos los planes en el Salario Social Complementario", apuntó el dirigente del Movimiento Evita.
Desde el oficialismo, el macrista Eduardo Amadeo aseguró que esta iniciativa "se pudo construir gracias al diálogo político" que se empezó a enhebrar tras "la masiva marcha de las organizaciones sociales".
El despacho tuvo el respaldo de todos los bloques parlamentarios, con excepción de los trotskistas Partido Obrero y del Partido de los Trabajadores Socialistas, con lo cual se votará la semana entrante con una contundente mayoría que superará los 200 sufragios.
Los diputados decidieron acelerar la aprobación de esta iniciativa que contiene los ejes centrales de la acta firmada la semana pasada, donde se declarara hasta el 2019 la emergencia social y se refuerzan los fondos para las cooperativas que brindan empleo a los beneficiarios de los planes sociales.
El acuerdo contempla un refuerzo de partidas para las organizaciones sociales por un monto 30 mil millones hasta fines del 2019 y para ello se autoriza al jefe de Gabinete a realizar las reasignaciones presupuestarias para garantizar los fondos necesarios.
De todos modos se establece que esas reasignaciones presupuestarias no podrán afectar los recursos destinados a los gastos sociales sino que deberán obtenerse de otras partidas que están contempladas en el presupuesto.
El proyecto tiene como objeto "promover y defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras que se desempeñan en todo el territorio nacional en la economía popular con miras a garantizarles alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional".
Además dispone la creación del "Consejo de la Economía Popular y el Salario Social", que estará integrado por un representante del Ministerio de Desarrollo Social, otro del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Hacienda, y tres de las organizaciones sociales que estén inscriptas en el registro respectivo.
Uno de los promotores del acuerdo, el diputado del Partido para la Victoria (Movimiento Evita), Leonardo Grosso, aseguró que la marcha de San Cayetano "instaló el debate de la necesidad de darles derechos a los que están en la economía popular e institucionalizar a los trabajadores".
Grosso recordó que al reclamo de las organizaciones sociales "se sumó la CGT y la Iglesia" y se "pudo lograr la primera paritaria de la historia para la economía popular".
"Estamos tratando de que la Argentina salga del plan social, que el Estado ponga un piso mínimo para alcanzar en salario mínimo vital y móvil y nuclear todos los planes en el Salario Social Complementario", apuntó el dirigente del Movimiento Evita.
Desde el oficialismo, el macrista Eduardo Amadeo aseguró que esta iniciativa "se pudo construir gracias al diálogo político" que se empezó a enhebrar tras "la masiva marcha de las organizaciones sociales".