El primer juicio en Estambul a presuntos participantes en el fallido golpe de Estado del 15 de julio comenzó ayer martes, con la comparecencia de 29 policías acusados de negarse a defender al presidente Recep Tayyip Erdogan.
Se trata del proceso más importante hasta la fecha desde el golpe, aunque ya se hayan celebrado otros procesos en varias ciudades de Turquía, donde unas 41 mil personas han sido detenidas desde el 15 de julio.
Los 29 policías están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, en las afueras de la metrópolis turca.
Se les acusa de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del intento de golpe de Estado.
Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, según la agencia de prensa progubernamental Anadolu, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa.
"Vamos a asegurarnos de que los culpables, en el marco del Estado de derecho, reciban el mayor castigo posible", declaró Orhan Cagri Bekar, secretario general de la Asociación del 15 de julio, creada para defender a las víctimas del fallido golpe.
"Hoy esperamos respuestas y también condenas. Que ningún crimen quede impune", añadió el abogado ante la sala de audiencia, vigilada por agentes de las fuerzas especiales.
Veinticuatro de los sospechosos están en prisión preventiva, uno, en paradero desconocido y los demás, bajo control judicial, según los medios turcos.
Algunos de ellos son juzgados por haberse negado a proteger la residencia presidencial de Estambul, otros por no haber obedecido la orden de oponerse a los golpistas y haber tratado de desalentar cualquier resistencia popular mediante mensajes publicados en las redes sociales.
Veintiún acusados podrían ser condenados a hasta tres cadenas perpetuas, y los ocho restantes, a penas de hasta 15 años de prisión.
Vil organización
Ankara atribuye el intento de golpe de Estado, que causó cerca de 270 muertos y 2 mil heridos, al movimiento del predicador islamista Fethulah Gulen. Pero este, que vive exiliado en Estados Unidos desde 1999, niega cualquier implicación en la intentona golpista.
Tras el 15 de julio, las autoridades turcas han lanzado una inmensa purga que, además del arresto de los presuntos golpistas, ha alcanzado a los medios prokurdos, suscitando críticas de oenegés que acusan al régimen de aprovechar el estado de emergencia para acallar las voces críticas.
La magnitud de la reacción de Ankara también preocupa a los países occidentales, especialmente en la Unión Europea, cuyas relaciones con Turquía se han visto muy deterioradas en los últimos meses.
Se trata del proceso más importante hasta la fecha desde el golpe, aunque ya se hayan celebrado otros procesos en varias ciudades de Turquía, donde unas 41 mil personas han sido detenidas desde el 15 de julio.
Los 29 policías están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, en las afueras de la metrópolis turca.
Se les acusa de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del intento de golpe de Estado.
Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, según la agencia de prensa progubernamental Anadolu, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa.
"Vamos a asegurarnos de que los culpables, en el marco del Estado de derecho, reciban el mayor castigo posible", declaró Orhan Cagri Bekar, secretario general de la Asociación del 15 de julio, creada para defender a las víctimas del fallido golpe.
"Hoy esperamos respuestas y también condenas. Que ningún crimen quede impune", añadió el abogado ante la sala de audiencia, vigilada por agentes de las fuerzas especiales.
Veinticuatro de los sospechosos están en prisión preventiva, uno, en paradero desconocido y los demás, bajo control judicial, según los medios turcos.
Algunos de ellos son juzgados por haberse negado a proteger la residencia presidencial de Estambul, otros por no haber obedecido la orden de oponerse a los golpistas y haber tratado de desalentar cualquier resistencia popular mediante mensajes publicados en las redes sociales.
Veintiún acusados podrían ser condenados a hasta tres cadenas perpetuas, y los ocho restantes, a penas de hasta 15 años de prisión.
Vil organización
Ankara atribuye el intento de golpe de Estado, que causó cerca de 270 muertos y 2 mil heridos, al movimiento del predicador islamista Fethulah Gulen. Pero este, que vive exiliado en Estados Unidos desde 1999, niega cualquier implicación en la intentona golpista.
Tras el 15 de julio, las autoridades turcas han lanzado una inmensa purga que, además del arresto de los presuntos golpistas, ha alcanzado a los medios prokurdos, suscitando críticas de oenegés que acusan al régimen de aprovechar el estado de emergencia para acallar las voces críticas.
La magnitud de la reacción de Ankara también preocupa a los países occidentales, especialmente en la Unión Europea, cuyas relaciones con Turquía se han visto muy deterioradas en los últimos meses.
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El primer juicio en Estambul a presuntos participantes en el fallido golpe de Estado del 15 de julio comenzó ayer martes, con la comparecencia de 29 policías acusados de negarse a defender al presidente Recep Tayyip Erdogan.
Se trata del proceso más importante hasta la fecha desde el golpe, aunque ya se hayan celebrado otros procesos en varias ciudades de Turquía, donde unas 41 mil personas han sido detenidas desde el 15 de julio.
Los 29 policías están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, en las afueras de la metrópolis turca.
Se les acusa de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del intento de golpe de Estado.
Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, según la agencia de prensa progubernamental Anadolu, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa.
"Vamos a asegurarnos de que los culpables, en el marco del Estado de derecho, reciban el mayor castigo posible", declaró Orhan Cagri Bekar, secretario general de la Asociación del 15 de julio, creada para defender a las víctimas del fallido golpe.
"Hoy esperamos respuestas y también condenas. Que ningún crimen quede impune", añadió el abogado ante la sala de audiencia, vigilada por agentes de las fuerzas especiales.
Veinticuatro de los sospechosos están en prisión preventiva, uno, en paradero desconocido y los demás, bajo control judicial, según los medios turcos.
Algunos de ellos son juzgados por haberse negado a proteger la residencia presidencial de Estambul, otros por no haber obedecido la orden de oponerse a los golpistas y haber tratado de desalentar cualquier resistencia popular mediante mensajes publicados en las redes sociales.
Veintiún acusados podrían ser condenados a hasta tres cadenas perpetuas, y los ocho restantes, a penas de hasta 15 años de prisión.
Vil organización
Ankara atribuye el intento de golpe de Estado, que causó cerca de 270 muertos y 2 mil heridos, al movimiento del predicador islamista Fethulah Gulen. Pero este, que vive exiliado en Estados Unidos desde 1999, niega cualquier implicación en la intentona golpista.
Tras el 15 de julio, las autoridades turcas han lanzado una inmensa purga que, además del arresto de los presuntos golpistas, ha alcanzado a los medios prokurdos, suscitando críticas de oenegés que acusan al régimen de aprovechar el estado de emergencia para acallar las voces críticas.
La magnitud de la reacción de Ankara también preocupa a los países occidentales, especialmente en la Unión Europea, cuyas relaciones con Turquía se han visto muy deterioradas en los últimos meses.
Se trata del proceso más importante hasta la fecha desde el golpe, aunque ya se hayan celebrado otros procesos en varias ciudades de Turquía, donde unas 41 mil personas han sido detenidas desde el 15 de julio.
Los 29 policías están siendo juzgados en la mayor sala de audiencias de Turquía, en un edificio situado frente a la prisión de Silivri, en las afueras de la metrópolis turca.
Se les acusa de haberse negado a obedecer las órdenes de defender al presidente Erdogan la noche del intento de golpe de Estado.
Las primeras audiencias, que durarán cuatro días, según la agencia de prensa progubernamental Anadolu, comenzaron con la lectura de la identidad de los comparecientes y los delitos de los que se les acusa, antes de dar paso a los argumentos de la defensa.
"Vamos a asegurarnos de que los culpables, en el marco del Estado de derecho, reciban el mayor castigo posible", declaró Orhan Cagri Bekar, secretario general de la Asociación del 15 de julio, creada para defender a las víctimas del fallido golpe.
"Hoy esperamos respuestas y también condenas. Que ningún crimen quede impune", añadió el abogado ante la sala de audiencia, vigilada por agentes de las fuerzas especiales.
Veinticuatro de los sospechosos están en prisión preventiva, uno, en paradero desconocido y los demás, bajo control judicial, según los medios turcos.
Algunos de ellos son juzgados por haberse negado a proteger la residencia presidencial de Estambul, otros por no haber obedecido la orden de oponerse a los golpistas y haber tratado de desalentar cualquier resistencia popular mediante mensajes publicados en las redes sociales.
Veintiún acusados podrían ser condenados a hasta tres cadenas perpetuas, y los ocho restantes, a penas de hasta 15 años de prisión.
Vil organización
Ankara atribuye el intento de golpe de Estado, que causó cerca de 270 muertos y 2 mil heridos, al movimiento del predicador islamista Fethulah Gulen. Pero este, que vive exiliado en Estados Unidos desde 1999, niega cualquier implicación en la intentona golpista.
Tras el 15 de julio, las autoridades turcas han lanzado una inmensa purga que, además del arresto de los presuntos golpistas, ha alcanzado a los medios prokurdos, suscitando críticas de oenegés que acusan al régimen de aprovechar el estado de emergencia para acallar las voces críticas.
La magnitud de la reacción de Ankara también preocupa a los países occidentales, especialmente en la Unión Europea, cuyas relaciones con Turquía se han visto muy deterioradas en los últimos meses.