El gobernador Gerardo Morales y el coordinador de la Agencia Regional Norte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Eduardo Sylvester, rubricaron ayer un acuerdo de cooperación a fin de coordinar y potenciar acciones en la lucha contra el lavado de activos y terrorismo.
El convenio tiene el objetivo de propiciar el intercambio de información entre organismos de control del Estado provincial con la UIF, para así mejorar los procesos de investigación administrativa y judicial en materia de criminalidad compleja, poniendo a disposición recursos humanos, instalaciones y equipamiento de las partes involucradas.
Además del gobernador, participaron del acto el fiscal Anticorrupción de la Provincia, Joaquín Millon Quintana; el fiscal adjunto, Juan Manuel Soler, y el presidente del Foro Permanente de Fiscalías de Investigación Administrativas y Oficinas Anticorrupción, Juan Carlos Carola.
Morales indicó que será de gran utilidad profundizar el trabajo conjunto entre los organismos de control de la Provincia y la UIF. "Es importante que las provincias limítrofes como la nuestra mejore las condiciones de investigación en temas como el narcotráfico y la trata de personas, delitos donde el lavado de activos es recurrente para su financiamiento", dijo el mandatario.
El gobernador también recordó la realización del Foro Permanente de Fiscalías de Investigación Administrativas y Oficinas Anticorrupción que inició ayer en nuestra provincia, en el que fiscales de todo país analizarán temas relacionados con la investigación y prevención de la corrupción,compartiendo experiencias
En relación a la realidad local, destacó Morales como un importante avance la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública y la reforma de la Ley de Ética Pública, que obliga que los funcionarios a presentar declaración jurada de bienes, siendo la Oficina Anticorrupción el organismo de control. "Quiero destacar el rol de las Oficinas Anticorrupción en el fortalecimiento de las democracias, en especial la nuestra que nos ha permitido desentrañar una gran trama de corrupción vinculada el robo de fondos públicos que, en nuestra provincia dejo a 2.500 familias sin techo", concluyó.
Por su parte, Sylvester resaltó que el convenio hace efectiva la decisión de la Presidencia, de trabajar en conjunto para dar una respuesta concreta a los delitos de corrupción. "La corrupción es una problemática que trasciende a todas las provincias y que abarca el desafío de la criminalidad compleja y que es permeable en diferentes situaciones, los que nos obliga como miembros de las instituciones del Estado a estar permanentemente viendo cómo podemos mejorar nuestro trabajo", expresó.
Estuvieron además la diputada nacional Gabriela Albornoz, el fiscal de Estado, Mariano Miranda, y fiscales y funcionarios de oficinas anticorrup

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