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Bullrich defendió el protocolo antipiquetes

Viernes, 19 de febrero de 2016 01:30
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió ayer que los manifestantes tendrán "cinco o diez minutos" para desalojar las calles, autopistas o rutas que corten, sino serán desalojados, a partir del nuevo protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad que se pondrá en vigencia en los próximos días.
"Les daremos cinco o diez minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", afirmó Bullrich en declaraciones a la prensa, en relación al protocolo difundido el miércoles por el Ministerio de Seguridad, que busca establecer "reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes".
La ministra consideró que la jornada del miércoles, en la que se registraron unos 200 cortes en todo el país pidiendo la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amarú Milagro Sala, fue un "caos" y desde el Gobierno "no queremos que esa situación siga sucediendo".
Las organizaciones sociales serán notificadas en los próximos días que no podrán cortar calles ni rutas, sin previo aviso.
"A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron el miércoles", advirtió la ministra, quien informó que en los próximos días les avisarán a las organizaciones sociales que "no podrán cortar las calles" y que "deberán hacerlo de manera ordenada cuando sea programada; y cuando sea espontánea, procederemos casi inmediatamente".
Bullrich aclaró que "no es que se van a prohibir las manifestaciones", sino que los manifestantes deberán avisar con antelación por dónde quieren marchar, cuántas personas se prevé que participarán y en qué horario, para poder "avisar a la población y habilitar una parte" para protestar.
En los casos de las protestas que no sean avisadas con antelación, "las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", sin la intervención de la Justicia, informó la Ministra.
La funcionaria anticipó también que no se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes entre los manifestantes. "Si hay una negativa para entregarlos, se los va a detener", indicó.
La ministra de Seguridad precisó que la instrucción que recibió del presidente Mauricio Macri es que "haya convivencia, que no hayan más cortes, que los ciudadanos puedan llegar a sus lugares de trabajo tranquilos y los manifestantes lo hagan en lugares donde no interrumpan el tránsito".
Fuerte rechazo de la oposición
Referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron duramente ayer el protocolo que implementará el Gobierno para desalojar piquetes, al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos".
El diputado porteño del socialismo Roy Cortina criticó la medida y consideró que "solo sirve para ampliar la grieta entre los argentinos".
"Está lejos de promover la voluntad de diálogo y de menor confrontación que expresó el triunfo de Mauricio Macri", sostuvo el legislador, que también advirtió que "es grave que una ministra, en vez de ofrecer soluciones, califique como extorsionadores a personas en situación de vulnerabilidad que reclaman por sus derechos".
A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que "es increíble que con una mera resolución ministerial pretendan avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización".
"El único objetivo es blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería", denunció la legisladora en un comunicado.
Incluso, junto a su par Nicolás del Caño presentará en el Congreso un proyecto de resolución donde se plantea "rechazar y repudiar enérgicamente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación", que -advirtió- constituye "un cercenamiento y regimentación del derecho a la protesta, un avance de las atribuciones a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social y hasta juzgar en forma sumaria a las personas por sobre cualquier decisión judicial".

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió ayer que los manifestantes tendrán "cinco o diez minutos" para desalojar las calles, autopistas o rutas que corten, sino serán desalojados, a partir del nuevo protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad que se pondrá en vigencia en los próximos días.
"Les daremos cinco o diez minutos, se les pedirá por favor que se retiren por las buenas y que hagan la manifestación en otro lado. Si no se van, los sacamos", afirmó Bullrich en declaraciones a la prensa, en relación al protocolo difundido el miércoles por el Ministerio de Seguridad, que busca establecer "reglas claras para los funcionarios, los jueces y los manifestantes".
La ministra consideró que la jornada del miércoles, en la que se registraron unos 200 cortes en todo el país pidiendo la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amarú Milagro Sala, fue un "caos" y desde el Gobierno "no queremos que esa situación siga sucediendo".
Las organizaciones sociales serán notificadas en los próximos días que no podrán cortar calles ni rutas, sin previo aviso.
"A partir de ahora, sabrán a qué atenerse en caso de hacer lo que hicieron el miércoles", advirtió la ministra, quien informó que en los próximos días les avisarán a las organizaciones sociales que "no podrán cortar las calles" y que "deberán hacerlo de manera ordenada cuando sea programada; y cuando sea espontánea, procederemos casi inmediatamente".
Bullrich aclaró que "no es que se van a prohibir las manifestaciones", sino que los manifestantes deberán avisar con antelación por dónde quieren marchar, cuántas personas se prevé que participarán y en qué horario, para poder "avisar a la población y habilitar una parte" para protestar.
En los casos de las protestas que no sean avisadas con antelación, "las fuerzas de seguridad podrán actuar de manera inmediata", sin la intervención de la Justicia, informó la Ministra.
La funcionaria anticipó también que no se permitirá el uso de capuchas, palos o elementos contundentes entre los manifestantes. "Si hay una negativa para entregarlos, se los va a detener", indicó.
La ministra de Seguridad precisó que la instrucción que recibió del presidente Mauricio Macri es que "haya convivencia, que no hayan más cortes, que los ciudadanos puedan llegar a sus lugares de trabajo tranquilos y los manifestantes lo hagan en lugares donde no interrumpan el tránsito".
Fuerte rechazo de la oposición
Referentes de distintos sectores de la oposición cuestionaron duramente ayer el protocolo que implementará el Gobierno para desalojar piquetes, al advertir que criminaliza la protesta social, otorga más facultades a las fuerzas de seguridad y busca "amedrentar los reclamos".
El diputado porteño del socialismo Roy Cortina criticó la medida y consideró que "solo sirve para ampliar la grieta entre los argentinos".
"Está lejos de promover la voluntad de diálogo y de menor confrontación que expresó el triunfo de Mauricio Macri", sostuvo el legislador, que también advirtió que "es grave que una ministra, en vez de ofrecer soluciones, califique como extorsionadores a personas en situación de vulnerabilidad que reclaman por sus derechos".
A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que "es increíble que con una mera resolución ministerial pretendan avasallar un derecho fundamental, como es el derecho a la protesta y a la movilización".
"El único objetivo es blindar el ajuste en curso e impedir manifestaciones contra los despidos, por el salario y hasta contra los cortes de luz y la megaminería", denunció la legisladora en un comunicado.
Incluso, junto a su par Nicolás del Caño presentará en el Congreso un proyecto de resolución donde se plantea "rechazar y repudiar enérgicamente la resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación", que -advirtió- constituye "un cercenamiento y regimentación del derecho a la protesta, un avance de las atribuciones a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier manifestación social y hasta juzgar en forma sumaria a las personas por sobre cualquier decisión judicial".