"Remera roja! Agárrenlo", gritaban, enfurecidos, algunos manifestantes vestidos de verde y amarillo o negro cuando veían a un transeúnte que, desde su atuendo, no manifestaba su oposición al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, en la Avenida Paulista de Sao Paulo.
No le perdonaban no estar vestido de luto o con los colores de la bandera, como habían sido convocados por las redes sociales. Estos episodios ocurrieron en la noche del miércoles y durante este jueves en la Avenida Paulista de Sao Paulo, el núcleo del poder económico de Brasil, contra la renuncia de la presidenta Rousseff.
Al menos cinco personas fueron agredidas en torno al edificio de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la principal central empresarial latinoamericana, por parte de manifestantes opositores que prometen quedarse, en la Avenida Paulista, hasta ver la renuncia de la jefa del Estado. A ese efecto, ayer instalaron una decena de carpas para esperar ese momento en situación de vigilia.
Unas mil personas se concentraron durante toda la jornada frente a la sede de la Fiesp, la entidad cuyo presidente, Paulo Skaf, reclama el cese del gobierno de la presidenta Rousseff al considerar que haber nombrado a Lula jefe de ministros es un "golpe a la nación brasileña".
El grupo organizador de la protesta que con el correr del día ganó cuerpo se instaló por la mañana para repudiar la asunción de Lula en una ceremonia realizada en el Palacio del Planalto.
"A la manifestación hay que venir de negro, por el luto por la asunción de Lula, o de verde y amarillo. No puede haber provocación", justificaba el empleado bancario Thiago sobre las personas vestidos de rojo (color del gobernante Partido de los Trabajadores) que eran hostilizados, sobre todo cerca de la estación del metro Trianon-Masp.
La situación se hizo tensa cuando fue expulsado de la zona de protestas en la vereda de la sede de la Fiesp el secretario de seguridad del estado de Sao Paulo, Alexandre de Morais, auxiliar del gobernador Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
"Aprovechador", le gritaban los manifestantes, muchos de los cuales con carteles del Movimento Brasil Livre (MBL) y VemPraRua, cuando el funcionario intentó negociar, dijo, abrir algún carril de la principal avenida de Sao Paulo.
Pero, sin dudas, todos los cánticos fueron para el hoy enemigo número 1 del gobierno, el juez federal Sergio Moro, investigador del caso Petrobras quien hasta el miércoles tuvo en la mira al expresidente Lula, a quien llevó el 4 de marzo pasado a realizar una declaración forzada por la policía, lo cual abrió una nueva crisis política en el país. Lula, al asumir como ministro, obtuvo fueros y las investigaciones en su contra deberán ser enviadas al Supremo Tribunal Federal (STF), pero antes de hacerlo el juez Moro levantó el sumario y divulgó todas las escuchas telefónicas contra Lula, incluida una del miércoles con Rousseff, quien calificó la maniobra como un "ataque a la Constitución".
Otro paso hacia un posible juicio político
La Cámara de Diputados de Brasil dio un primer paso hacia el análisis de si existen causas para avanzar en un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso, luego de la fallida toma de posesión de Lula como ministro, al designar a los 65 legisladores de la comisión especial que tratará la cuestión. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el principal de la oposición, y otras fuerzas aliadas respaldaron la decisión del jefe de Diputados, Eduardo Cunha, de reiniciar el proceso para abrir un enjuiciamiento político contra la presidenta Rousseff
Aecio Neves, excandidato presidencial por el PSDB y actual titular del partido, dijo que respalda el impeachment contra Rousseff y que también dará apoyo a un eventual gobierno del vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que podría asumir la primera magistratura
Neves agregó que en caso de que surja un nuevo gobierno con Temer a la cabeza, el PSDB no será parte de un eventual nuevo gabinete, citó la agencia Ansa
La divulgación en los medios de una conversación entre Rousseff y Lula, en la que aparentemente acordaban el nombramiento de éste para eludir a la justicia, aportó más argumentos a quienes respaldan el impeachment.
“La gente está escandalizada, quiere que este gobierno se vaya” declaró el diputado Pauderley Avelino, jefe del opositor bloque del partido Demócratas
Mientras los opositores PSDB y Demócratas cierran filas para acelerar el impeachment, el formalmente oficialista PMDB emite señales de distanciamiento definitivo con el gobierno.
Parte de eso se vio cuando el titular del PMDB y vicepresidente Temer no asistió al acto de asunción del nuevo ministro Lula da Silva en el Planalto
Para votar el juicio político contra Rousseff se requiere una mayoría especial en el congreso, y si el PMDB rompe definitivamente con el gobierno sus legisladores más los de la oposición parecen estar cerca de ese número. La Cámara eligió ayer a los 65 miembros de la comisión que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, cuestionada por supuestas irregularidades contables en las que el Gobierno supuestamente incurrió en sus balances de 2014 y 2015
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"Remera roja! Agárrenlo", gritaban, enfurecidos, algunos manifestantes vestidos de verde y amarillo o negro cuando veían a un transeúnte que, desde su atuendo, no manifestaba su oposición al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, en la Avenida Paulista de Sao Paulo.
No le perdonaban no estar vestido de luto o con los colores de la bandera, como habían sido convocados por las redes sociales. Estos episodios ocurrieron en la noche del miércoles y durante este jueves en la Avenida Paulista de Sao Paulo, el núcleo del poder económico de Brasil, contra la renuncia de la presidenta Rousseff.
Al menos cinco personas fueron agredidas en torno al edificio de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la principal central empresarial latinoamericana, por parte de manifestantes opositores que prometen quedarse, en la Avenida Paulista, hasta ver la renuncia de la jefa del Estado. A ese efecto, ayer instalaron una decena de carpas para esperar ese momento en situación de vigilia.
Unas mil personas se concentraron durante toda la jornada frente a la sede de la Fiesp, la entidad cuyo presidente, Paulo Skaf, reclama el cese del gobierno de la presidenta Rousseff al considerar que haber nombrado a Lula jefe de ministros es un "golpe a la nación brasileña".
El grupo organizador de la protesta que con el correr del día ganó cuerpo se instaló por la mañana para repudiar la asunción de Lula en una ceremonia realizada en el Palacio del Planalto.
"A la manifestación hay que venir de negro, por el luto por la asunción de Lula, o de verde y amarillo. No puede haber provocación", justificaba el empleado bancario Thiago sobre las personas vestidos de rojo (color del gobernante Partido de los Trabajadores) que eran hostilizados, sobre todo cerca de la estación del metro Trianon-Masp.
La situación se hizo tensa cuando fue expulsado de la zona de protestas en la vereda de la sede de la Fiesp el secretario de seguridad del estado de Sao Paulo, Alexandre de Morais, auxiliar del gobernador Geraldo Alckmin, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
"Aprovechador", le gritaban los manifestantes, muchos de los cuales con carteles del Movimento Brasil Livre (MBL) y VemPraRua, cuando el funcionario intentó negociar, dijo, abrir algún carril de la principal avenida de Sao Paulo.
Pero, sin dudas, todos los cánticos fueron para el hoy enemigo número 1 del gobierno, el juez federal Sergio Moro, investigador del caso Petrobras quien hasta el miércoles tuvo en la mira al expresidente Lula, a quien llevó el 4 de marzo pasado a realizar una declaración forzada por la policía, lo cual abrió una nueva crisis política en el país. Lula, al asumir como ministro, obtuvo fueros y las investigaciones en su contra deberán ser enviadas al Supremo Tribunal Federal (STF), pero antes de hacerlo el juez Moro levantó el sumario y divulgó todas las escuchas telefónicas contra Lula, incluida una del miércoles con Rousseff, quien calificó la maniobra como un "ataque a la Constitución".
Otro paso hacia un posible juicio político
La Cámara de Diputados de Brasil dio un primer paso hacia el análisis de si existen causas para avanzar en un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso, luego de la fallida toma de posesión de Lula como ministro, al designar a los 65 legisladores de la comisión especial que tratará la cuestión. El Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), el principal de la oposición, y otras fuerzas aliadas respaldaron la decisión del jefe de Diputados, Eduardo Cunha, de reiniciar el proceso para abrir un enjuiciamiento político contra la presidenta Rousseff
Aecio Neves, excandidato presidencial por el PSDB y actual titular del partido, dijo que respalda el impeachment contra Rousseff y que también dará apoyo a un eventual gobierno del vicepresidente Michel Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que podría asumir la primera magistratura
Neves agregó que en caso de que surja un nuevo gobierno con Temer a la cabeza, el PSDB no será parte de un eventual nuevo gabinete, citó la agencia Ansa
La divulgación en los medios de una conversación entre Rousseff y Lula, en la que aparentemente acordaban el nombramiento de éste para eludir a la justicia, aportó más argumentos a quienes respaldan el impeachment.
“La gente está escandalizada, quiere que este gobierno se vaya” declaró el diputado Pauderley Avelino, jefe del opositor bloque del partido Demócratas
Mientras los opositores PSDB y Demócratas cierran filas para acelerar el impeachment, el formalmente oficialista PMDB emite señales de distanciamiento definitivo con el gobierno.
Parte de eso se vio cuando el titular del PMDB y vicepresidente Temer no asistió al acto de asunción del nuevo ministro Lula da Silva en el Planalto
Para votar el juicio político contra Rousseff se requiere una mayoría especial en el congreso, y si el PMDB rompe definitivamente con el gobierno sus legisladores más los de la oposición parecen estar cerca de ese número. La Cámara eligió ayer a los 65 miembros de la comisión que determinará si existen argumentos jurídicos para la apertura de un juicio político con miras a la destitución de Rousseff, cuestionada por supuestas irregularidades contables en las que el Gobierno supuestamente incurrió en sus balances de 2014 y 2015