“El Congreso debe reasumir funciones en materia de deuda pública”, sostuvo el senador Walter Barrionuevo al explicar que en la actualidad esta facultad está delegada al Ministerio de Economía. “Lo que vamos a proponer en la próxima sesión es que el Congreso reasuma su competencia en materia de deuda pública de forma tal que en lo sucesivo el Poder Ejecutivo no pueda decidir unilateralmente la política de endeudamiento”, aseguró el legislador.
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“El Congreso debe reasumir funciones en materia de deuda pública”, sostuvo el senador Walter Barrionuevo al explicar que en la actualidad esta facultad está delegada al Ministerio de Economía. “Lo que vamos a proponer en la próxima sesión es que el Congreso reasuma su competencia en materia de deuda pública de forma tal que en lo sucesivo el Poder Ejecutivo no pueda decidir unilateralmente la política de endeudamiento”, aseguró el legislador.
El senador Barrionuevo anticipó que defenderá en la próxima sesión de la Cámara Alta un proyecto impulsado por el Frente para la Victoria para modificar la Ley 24.156 de Administración Financiera, que da lugar -en la actualidad- a un proceso de delegación de legislación en materia de deuda pública.
“Desde hace más de una década, cada Ley de Presupuesto Nacional faculta al Ministerio de Economía a reestructurar la deuda pública y creemos que es momento de darle un corte a esta situación”, dijo. Al mismo tiempo refirió que “el Congreso debe reasumir una de sus principales funciones -fijadas en el artículo 75 de la Constitución Nacional- para evitar, por ejemplo, nuevas prórrogas de jurisdicción”.
“Así las cosas -comentó- lo que vamos a proponerle al Congreso es que reasuma su competencia en materia de deuda pública de forma tal que en lo sucesivo el Poder Ejecutivo -el actual y los que lo sucedan- no puedan decidir unilateralmente nuestra política de endeudamiento”.
“La medida que proponemos tiene como objetivo proteger al pueblo a partir del compromiso de evitar un nuevo ciclo de mayor endeudamiento y ajuste”, finalizó.
Modificaciones
El proyecto, que cuenta con la firma de una veintena de senadores, propone la sustitución de los artículos 60 y 65 de la Ley 24.156 y sus modificatorias. De la misma forma deja sin efecto a partir de la sanción de la misma todas las delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo que tengan por objeto el ejercicio de cualquier tipo de autorización o facultad en materia de crédito público.