El juez neoyorkino Thomas Griesa, hizo lugar ayer a un pedido del Gobierno Argentino y levantó las restricciones impuestas al país, pero condicionó esa decisión a que se deroguen las dos leyes que impiden el acuerdo con fondos buitre y que además se les pague a quienes hasta el 29 de febrero aceptaron la oferta inicial argentina.

En rigor, el pronunciamiento del magistrado neoyorkino constituye un paso formal hacia el acuerdo definitivo con los fondos buitre y por ello aun no se podrán destrabar los pagos a bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Ahora, toda la mirada está puesta en el Congreso de la Nación, donde se deberán derogar necesariamente las leyes "Cerrojo" y de "Pago Soberano", para lo cual el Gobierno confía en obtener los votos necesarios para cumplir con el requisito impuesto por Griesa.

Ante la Asamblea Legislativa en la apertura de las sesiones ordinarias el pasado martes, el presidente Mauricio Macri pidió "responsabilidad" a la oposición para acompañar el proyecto oficial; mientras que por su parte, el Ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay advirtió sobre la necesidad de la aprobación de la iniciativa para habilitar "financiamiento" externo.

Ahora, en el Congreso de la Nación, donde se deberán derogar necesariamente las leyes "Cerrojo" y de "Pago Soberano"

Dos días después del acuerdo con los fondos buitres más duros encabezados por Paul Singer, Griesa consideró que: "Las circunstancias han cambiado tan significativamente como para volver las órdenes injustas y en detrimento del interés público".

El magistrado puso como condiciones que el Congreso derogue las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y que pague antes del 14 de abril -fecha límite establecida por el juez- a los holdouts que aceptaron la oferta antes del 29 de febrero.

En su resolución, Griesa destacó también "tres acontecimientos recientes que refuerzan la previa constatación de que los mandatos ya no son equitativos".

"En primer lugar, la República ha firmado acuerdos de principio con demandantes que representan a la gran mayoría de las reclamos de estas acciones. El total acordado asciende ahora a por lo menos 6.200 illones, potencialmente la resolución de más del 85% de los créditos de los demandantes", dijo el magistrado.

Agregó que "la República ha abandonado todos los antiguos retos a los mandatos de forma voluntaria, mostrando de esta manera una actitud completamente cambiada".

"Existe una urgente necesidad darle punto final. Si algunos demandantes eligen apelar esta orden, es su derecho, pero las apelaciones deben suceder rápidamente", argumentó.

Dijo que ahora "el Congreso argentino tiene que saber donde se encuentra y todas las partes deben actuar diligentemente para consumar estos acuerdos".

"Incluso si algunos demandantes deciden apelar, pueden seguir negociando. La única diferencia es que el tribunal ha sostenido ahora que la medida cautelar una vez considerada equitativa ya no lo es. La medida cautelar no se puede permitir para ser utilizada como una herramienta de peso en las negociaciones", evaluó el magistrado.

Detalles de un acuerdo histórico

Griesa adoptó la decisión un día después de la audiencia que mantuvo con representantes de la Argentina, de los fondos buitre y de los bonistas más pequeños.

En ese encuentro, el juez neoyorkino escuchó los alegatos de unos 14 abogados durante dos horas, pero al final postergó la resolución que recién tomó este miércoles.

Tanto los fondos NML Capital y Aurelius, que llegaron a un preacuerdo con Argentina para pagarles 4.653 millones de dólares, como otros querellantes que aún no llegaron a un compromiso, pidieron al juez que otorgue un plazo adicional de 30 días para que continúen las negociaciones.

Quienes también se opusieron a un levantamiento de la medida fueron los bonistas agrupados bajo el nombre "Pablo Varela", quienes el día anterior denunciaron sentirse discriminados por el mediador designado por Griesa, Daniel Pollack.

Los abogados de la Argentina habían solicitado la semana pasada a Griesa que levante la orden del pari passu o tratamiento equitativo a favor de esos fondos, de modo de permitir el retorno del país a los mercados financieros y el pago de sus bonos reestructurados en los canjes de 2005 y 2010.

En total, y teniendo en cuenta preacuerdos anteriores con otros acreedores que rechazaron esos canjes, el gobierno de Macri ha cerrado desde inicios de febrero compromisos por el 85% de las demandas y pagará en efectivo una suma de 6.500 millones de dólares, con una quita de 25% sobre 9 mil millones de reclamos judiciales.

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