La Cámara Federal rechazó ayer la excarcelación del empresario Lázaro Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que investiga el juez Sebastián Casanello.
La Cámara consideró que "existe la posibilidad de que (Báez) fugue en el caso de recuperar su libertad", tal como lo había señalado en primera instancia el juez Casanello, decisión que había recurrido el imputado.
Pero en su fallo, además, la Cámara dirigió duras críticas hacia Casanello por no enfocar la investigación hacia la hipótesis de la "fuga" de unos 55 millones de euros hacia paraísos fiscales por parte del empresario Báez. Los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani tuvieron en cuenta "la naturaleza económica de los delitos" por los que Báez está imputado: "No puede perderse de vista el monto involucrado y no recuperado aún que demuestra, en principio, la disposición de dinero con la que cuenta el grupo -más particularmente el imputado-, con la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos países", advirtieron.
La acusación hecha contra el empresario es por el ingreso de dinero por una suma cercana a los 5,1 millones de dólares a través de su hijo Martín Báez -también imputado- presumiblemente en lo últimos meses de 2012, a la firma SGI S.A, más conocida como La Rosadita.
"Por modalidad denunciada, necesariamente se debe presumir que cuenta con contactos suficientes tanto aquí como en el extranjero los que, además de ocuparse de ese capital, también podrían prestarle auxilio personal ante una eventualidad, sin olvidarse de la facilidad evidenciada para moverse con rapidez utilizando aviones de la empresa de la que forma parte", remarcó el Tribunal para rechazar la excarcelación.
También valoró el posible entorpecimiento de la investigación a raíz de los contactos de Báez y, en ese sentido, recordó que un anterior jefe de la DGI, Ángel Rubén Toninelli, y su hijo "habrían compartido un viaje en avión con su hijo Martín", y más porque la hipótesis de lavado de dinero es la utilización de facturas apócrifas como delito precedente.
Incluso sobre los contactos de Báez, los jueces recordaron que durante la investigación se apartó como colaborador a la PSA primero y luego a Prefectura. A la Policía de Seguridad Aeroportuaria "porque uno de sus efectivos que dirigió los allanamientos en "SGI", habría prestado servicios bajo las órdenes de Báez y la Prefectura Naval Argentina, porque se registró la salida de esas oficinas de uno de sus integrantes antes de desarrollarse esas diligencias procesales"
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La Cámara Federal rechazó ayer la excarcelación del empresario Lázaro Báez y el contador Daniel Pérez Gadín, ambos detenidos en el marco de la causa por presunto lavado de dinero que investiga el juez Sebastián Casanello.
La Cámara consideró que "existe la posibilidad de que (Báez) fugue en el caso de recuperar su libertad", tal como lo había señalado en primera instancia el juez Casanello, decisión que había recurrido el imputado.
Pero en su fallo, además, la Cámara dirigió duras críticas hacia Casanello por no enfocar la investigación hacia la hipótesis de la "fuga" de unos 55 millones de euros hacia paraísos fiscales por parte del empresario Báez. Los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Horacio Cattani tuvieron en cuenta "la naturaleza económica de los delitos" por los que Báez está imputado: "No puede perderse de vista el monto involucrado y no recuperado aún que demuestra, en principio, la disposición de dinero con la que cuenta el grupo -más particularmente el imputado-, con la consiguiente posibilidad de manejar mayores relaciones económicas e influencias, también en distintos países", advirtieron.
La acusación hecha contra el empresario es por el ingreso de dinero por una suma cercana a los 5,1 millones de dólares a través de su hijo Martín Báez -también imputado- presumiblemente en lo últimos meses de 2012, a la firma SGI S.A, más conocida como La Rosadita.
"Por modalidad denunciada, necesariamente se debe presumir que cuenta con contactos suficientes tanto aquí como en el extranjero los que, además de ocuparse de ese capital, también podrían prestarle auxilio personal ante una eventualidad, sin olvidarse de la facilidad evidenciada para moverse con rapidez utilizando aviones de la empresa de la que forma parte", remarcó el Tribunal para rechazar la excarcelación.
También valoró el posible entorpecimiento de la investigación a raíz de los contactos de Báez y, en ese sentido, recordó que un anterior jefe de la DGI, Ángel Rubén Toninelli, y su hijo "habrían compartido un viaje en avión con su hijo Martín", y más porque la hipótesis de lavado de dinero es la utilización de facturas apócrifas como delito precedente.
Incluso sobre los contactos de Báez, los jueces recordaron que durante la investigación se apartó como colaborador a la PSA primero y luego a Prefectura. A la Policía de Seguridad Aeroportuaria "porque uno de sus efectivos que dirigió los allanamientos en "SGI", habría prestado servicios bajo las órdenes de Báez y la Prefectura Naval Argentina, porque se registró la salida de esas oficinas de uno de sus integrantes antes de desarrollarse esas diligencias procesales"