El Gobierno regresará hoy a los principales mercados financieros del mundo tras 15 años de ausencia para colocar bonos por hasta 15 mil millones de dólares, recursos que luego destinará a pagar a los fondos "buitre" y holdouts con el objetivo de sacar al país del default técnico.
Los siete bancos que hoy participarán de la operación de colocación de la deuda le aseguraron al Gobierno de Mauricio Macri que las ofertas superarán ese mínimo autorizado por el Congreso el mes pasado.
El endeudamiento es lo que condujo a Argentina a la crisis económica de 2001, la mayor de su historia, por lo que el anuncio de una colosal emisión de deuda provoca temores y mientras los mercados se entusiasman, la oposición critica con dureza.
A partir de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Alfonso de Prat Gay, dispuso que el Deutsche Bank, Hsbc, JP Morgan y Santander serán los "coordinadores globales" de la operación, mientras que Bbva, Cirigroup y UBS serán "colocadores conjuntos".
El agente de liquidación vuelve a ser el Bank of New York Mellon (Bony), que volvería a ser el agente financiero del país.
La emisión de deuda se realizaría a través de tres bonos, con vencimiento a cinco, diez y quince años, de entre 150 y 1.000 dólares por unidad y pagarán intereses y capital en dólares. Los bonos serán emitidos una vez más bajo la jurisdicción de Nueva York: en caso de un eventual default, será en los tribunales de esa ciudad donde nuevamente se debería dirimir su pago, según una condición que impuso el propio juez Thomas Griesa, quien entre jueves y viernes próximo levantará los embargos contra la Argentina.
Nuevamente Euroclear y Clearstream serían las agencias de compensación y liquidación y el Bank of New York Mellon (Bony) volverá a ser el agente de registro, pago y transferencia de la operación.
El Gobierno incluirá cláusulas de acción colectiva para limitar el poder de los fondos "buitre" en futuras reestructuraciones, según se desprende de la resolución del ministerio de Hacienda y Finanzas.
Según se detalló en la resolución 134/16, se establece "la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen". La condición para esta prórroga es "que se incluyan las denominadas cláusulas de acción colectiva y cláusula de pari passu, de conformidad con las prácticas actuales de los mercados internacionales de capitales", aclara el texto.
Esto elimina el "trato igualitario" en el que se basó el juez Griesa para fallar en contra de Argentina en 2012, cuando ordenó pagar a los "buitre" el 100% de su reclamo.

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