Alberto Faustino Ortíz, exintendente de Palpalá; Rolando Pascual Ficoseco, intendente de Ciudad Perico; Ramón Jorge Ale, exintendente de Libertador General San Martín; Gabriel Nilson Ortega, exjefe comunal de Monterrico; Julio Carlos Moisés, exintendente de San Pedro de Jujuy, y Gustavo Bautista, exintendente de La Esperanza, se presentaron espontáneamente ante el fiscal en lo Penal nº 2 de nuestra provincia, con el propósito de aclarar situaciones derivadas de las actuaciones de la Oficina Anticorrupción respecto a las graves irregularidades detectadas en diversos programas y operatorias de construcción de viviendas, vinculadas a la organización "Tupac Amaru" que conduce Milagro Sala. Los nombrados, con el patrocinio letrado del doctor Alberto Matuk, señalan en un extenso escrito que los programas de construcción de viviendas para los sectores de menores recursos se originaban en el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección Nacional de Infraestructura, organismos que ya en el año 2003 implementaron el programa de emergencia habitacional. Relatan que estos programas, posteriormente, fueron reemplazados por otros programas federales, que se canalizaban a través de la Unidad Ejecutora provincial, que en Jujuy, por un Decreto del Poder Ejecutivo, quedó bajo la órbita del Instituto de Vivienda y Urbanismo, marco en el que se insertaron las cooperativas dependientes de la "Tupac Amaru" en toda la provincia, quedando a los Municipios la responsabilidad de ser organismos ejecutores de los proyectos, los planes de trabajo, curva de inversiones hasta el final de obra.
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Alberto Faustino Ortíz, exintendente de Palpalá; Rolando Pascual Ficoseco, intendente de Ciudad Perico; Ramón Jorge Ale, exintendente de Libertador General San Martín; Gabriel Nilson Ortega, exjefe comunal de Monterrico; Julio Carlos Moisés, exintendente de San Pedro de Jujuy, y Gustavo Bautista, exintendente de La Esperanza, se presentaron espontáneamente ante el fiscal en lo Penal nº 2 de nuestra provincia, con el propósito de aclarar situaciones derivadas de las actuaciones de la Oficina Anticorrupción respecto a las graves irregularidades detectadas en diversos programas y operatorias de construcción de viviendas, vinculadas a la organización "Tupac Amaru" que conduce Milagro Sala. Los nombrados, con el patrocinio letrado del doctor Alberto Matuk, señalan en un extenso escrito que los programas de construcción de viviendas para los sectores de menores recursos se originaban en el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Dirección Nacional de Infraestructura, organismos que ya en el año 2003 implementaron el programa de emergencia habitacional. Relatan que estos programas, posteriormente, fueron reemplazados por otros programas federales, que se canalizaban a través de la Unidad Ejecutora provincial, que en Jujuy, por un Decreto del Poder Ejecutivo, quedó bajo la órbita del Instituto de Vivienda y Urbanismo, marco en el que se insertaron las cooperativas dependientes de la "Tupac Amaru" en toda la provincia, quedando a los Municipios la responsabilidad de ser organismos ejecutores de los proyectos, los planes de trabajo, curva de inversiones hasta el final de obra.
Impedimentos
Sin embargo, denuncian los jefes comunales, que a pesar de las normativas legales, "por decisión e imposición de las propias cooperativas... les impedían, generalmente con actos de violencia física e intimidatorios, el ingreso a los lugares de construcción, los que a su vez, permanecían cercados, vigilados y cerrados durante todo el tiempo de duración de las obras". Esto se daba en las obras a cargo de la "Tupac Amaru", organización que "ejercía una presión que puede caracterizarse como invencible para impedirnos la vigilancia del desarrollo y avance de las construcciones, sino también actuábamos bajo intimidación al tiempo de la confección y firma de convenios y certificados, y sobre todo, cuando debían efectuarse los pagos de los trabajos que realizaban".
Modalidad de pago
Más adelante el escrito da cuenta que "especialmente en los días de cobranza, en cuanto el cheque que enviaba la UEP era recibido por el Municipio, todo el procedimiento que finalizaba con el pago a las cooperativas, a pesar que revestía cierta complejidad, debía realizarse prácticamente en el mismo día, con la finalidad de evitar la toma de edificios, roturas de oficinas y diversos mobiliarios y que quedaran funcionarios y empleados como rehenes de los grupos violentos que se agolpaban en los sectores de pago". A pesar de las gravísimas irregularidades, los intendentes denuncian que la Unidad Ejecutora Provincial y los funcionarios nacionales que visitaban Jujuy que debían controlar el avance y finalización de obras, no reaccionaron ante los informes de los municipios, ni formulaban observaciones o reparos. Y como "los flujos de dinero llegaban sin interrupción alguna, privilegiamos el interés de nuestras comunidades en que las obras se lleven a cabo". La grave presentación abunda en detalles de estos procederes, finaliza señalando que "aclarada tal circunstancia, a los fines de que quede descartada o desechada cualquier posibilidad de involucrarnos en eventuales o supuestas defraudaciones al erario público". Finalizan los jefes comunales, expresando su voluntad de contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan.