El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer allanar el estudio jurídico del exministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, en el marco de una causa contra el diputado kirchnerista Julio De Vido por presunta asociación ilícita por la compra de gas licuado.
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El juez federal Claudio Bonadio dispuso ayer allanar el estudio jurídico del exministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, en el marco de una causa contra el diputado kirchnerista Julio De Vido por presunta asociación ilícita por la compra de gas licuado.
Fuentes judiciales informaron que la Policía Metropolitana realizó un allanamiento en las oficinas del estudio de Dromi. La causa lleva el número 104567/14 y está caratulada "De Vido, Julio y otros, sobre asociación ilícita".
Bonadio dispuso los allanamientos luego de citar para el 21 de abril próximo al exfuncionario kirchnerista a indagatoria por la tragedia ferroviaria de Once. La causa se inició en 2014 y en ella se investigan presuntas irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL).
En esta investigación, previamente se habían hecho operativos en la sede del Ministerio de Planificación Federal, YPF y Enarsa, según consignó el portal Infobae.
La adquisición habría sido a un barco con GNL desde Rusia, pero que nunca llegó, pese a que se pagaron millones de dólares.
El año pasado, el fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a Julio De Vido por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionario público tras la compra de un barco con Gas Natural Licuado (GNL) contratado por la empresa estatal de energía Enarsa.
Esa compra fue en agosto de 2008 y se firmó un contrato con la firma española Contrater Consulting, una compañía sin antecedentes en el sector energético y que estaba intimada por el Registro Comercial de Madrid por mantener una situación irregular.
Este negocio habría significado un pago de cerca de US$ 57,3 millones por parte de la estatal para con la compañía española, dinero que habría sido transferido desde el banco Macro a una cuenta en Suiza.
Además, según explicó el medio Perfil, en esta transacción se incluía un adelanto de 2,5 millones de dólares de los cuales se desconoce el paradero.
Rívolo había pedido revisar este contrato y no descartaba que pudieran haber nuevas citaciones en esta causa e incluso se hablaba de un posible llamado al ministro Dromi, ya que se sospecha que compró el contrato entre la empresa española y la estatal a través de sus firmas Dysan y Diligentia.