El exdirector de la Afip Ricardo Echegaray declaró ayer ante la Justicia que mientras estuvo al frente del organismo "nunca dio una orden para no investigar" a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas al empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero, sino que instó a los dirigentes regionales a avanzar en ese tipo de casos.
inicia sesión o regístrate.
El exdirector de la Afip Ricardo Echegaray declaró ayer ante la Justicia que mientras estuvo al frente del organismo "nunca dio una orden para no investigar" a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas al empresario Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero, sino que instó a los dirigentes regionales a avanzar en ese tipo de casos.
Echegaray estuvo casi seis horas en el Juzgado de Casanello, ante quien presentó un escrito, un video y contestó preguntas en el marco de la causa que investiga maniobras con facturas apócrifas y que involucraría a la Afip, por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico. Según explicó el exfuncionario, quien tenía competencia directa en la investigación de las empresas era la Dirección General Impositiva (DGI), ya que su rol -dijo- era el del "recaudador" de impuestos.
Echegaray fue indagado porque existen sospechas de que protegió las empresas de Báez, Austral Construcciones, grupo Penta S.A, Calvento S.A, y Constructora Patagónica Argentina S.A, que lo habrían proveído de facturas apócrifas para maniobras irregulares con fondos públicos.
Denuncia de Afip
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) presentó ayer ante la Justicia en lo Penal Económico una denuncia por apropiación indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores de 16 empresas que forman parte del grupo económico encabezado por Lázaro Báez. La denuncia, radicada en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 1, es por más de 223 millones de pesos y fue formulada a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social. La presentación, que entre otras medidas solicitó el embargo preventivo sobre el saldo de los importes adeudados, denuncia la retención de los aportes de los sueldos abonados a los empleados en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, que deberían haber sido depositados a la Afip en tiempo y forma.
La Ley Penal Tributaria y Previsional contempla la aplicación de penas de prisión de entre 2 a 6 años por este tipo de delitos.