Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados se encaminaba a convertir en ley la Emergencia Ocupacional que establece la doble indemnización por despidos sin justa causa durante seis meses, luego de que el oficialismo confirmara que se abstendría en la votación del dictamen del kirchnerismo, lo que fue criticado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Para aprobar este proyecto basta la mayoría simple, la abstención del oficialismo permitiría que la iniciativa se convierta en ley, con los votos de los 79 diputados del bloque Frente para la Victoria-PJ, más los 17 del Bloque Justicialista, que lidera Diego Bossio, y otras bancadas opositoras.
Massa criticó esta postura anticipada por el oficialismo por considerar que Cambiemos firmó un dictamen de comisiones de minoría en el que rechaza la doble indemnización y pidió que sus diputados expliquen por qué se abstendrían.
El exintendente de Tigre pretendía que se aprobara el dictamen de su espacio, el interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA, 37 diputados), que confirma la doble indemnización sancionada por el Senado pero añade un régimen de alivios fiscales para las pymes que contraten personal.
En las horas previas al debate por la ley antidespidos, el Ejecutivo envió una señal contundente a los gobernadores, de quienes dependen buena parte de los votos para la aprobación de ese proyecto: en la ciudad de Córdoba, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmó un acuerdo con todas las provincias para devolver el 15 por ciento de los fondos coparticipables.
Los principales funcionarios del gobierno nacional anticiparon el veto de la ley.
"El camino no es esa ley porque ya lo hemos visto hace poco tiempo, hace 12 años que se sancionó esa ley y no funcionó. Entonces, por qué repetir algo que no funciona. No podemos engañar a la gente" indicó el propio Macri días atrás, declaración que recalentó la relación con las centrales obreras que no descartaron la posibilidad de responder a un eventual veto con un paro nacional.
Hoy, luego de conocerse el resultado del debate parlamentario, los representantes de la cinco centrales sindicales concurrirán a la primera reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario que se realizará en el salón Norte de Casa Rosada.
Acceso a la Información Pública
La Cámara de Diputados aprobó con 229 votos a favor y 4 en contra y giró al Senado el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que obligará a los tres poderes del Estado y a los organismos autárquicos a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera.
Los únicos votos en contra pertenecieron a los diputados del Frente de Izquierda, que evaluó que la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo encargado de velar por la aplicación de la ley, será igual que "la inerte Oficina Anticorrupción".
La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del diputado oficialista Pablo Tonelli, quien lo calificó como "un gran avance" para que el Congreso "cumpla con una deuda que arrastra desde hace años".
La iniciativa dispone que los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos entre otros, deben brindar información a cualquier ciudadano que la solicite.
El área del Estado a la que se le requiera deberá satisfacer ese reclamo en un plazo de 15 días hábiles, prorrogable por otros 15, salvo en las excepciones previstas, referidas la información clasificada como confidencial o que comprometa la seguridad nacional.
La Agencia de Acceso a la Información Pública será la encargada de hacer el seguimiento del trámite y emplazar a los funcionarios a responder a la solicitud, así como a sancionarlos en caso de no responder en tiempo y forma.
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Al cierre de esta edición, la Cámara de Diputados se encaminaba a convertir en ley la Emergencia Ocupacional que establece la doble indemnización por despidos sin justa causa durante seis meses, luego de que el oficialismo confirmara que se abstendría en la votación del dictamen del kirchnerismo, lo que fue criticado por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Para aprobar este proyecto basta la mayoría simple, la abstención del oficialismo permitiría que la iniciativa se convierta en ley, con los votos de los 79 diputados del bloque Frente para la Victoria-PJ, más los 17 del Bloque Justicialista, que lidera Diego Bossio, y otras bancadas opositoras.
Massa criticó esta postura anticipada por el oficialismo por considerar que Cambiemos firmó un dictamen de comisiones de minoría en el que rechaza la doble indemnización y pidió que sus diputados expliquen por qué se abstendrían.
El exintendente de Tigre pretendía que se aprobara el dictamen de su espacio, el interbloque federal Unidos por una Nueva Argentina (UNA, 37 diputados), que confirma la doble indemnización sancionada por el Senado pero añade un régimen de alivios fiscales para las pymes que contraten personal.
En las horas previas al debate por la ley antidespidos, el Ejecutivo envió una señal contundente a los gobernadores, de quienes dependen buena parte de los votos para la aprobación de ese proyecto: en la ciudad de Córdoba, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, firmó un acuerdo con todas las provincias para devolver el 15 por ciento de los fondos coparticipables.
Los principales funcionarios del gobierno nacional anticiparon el veto de la ley.
"El camino no es esa ley porque ya lo hemos visto hace poco tiempo, hace 12 años que se sancionó esa ley y no funcionó. Entonces, por qué repetir algo que no funciona. No podemos engañar a la gente" indicó el propio Macri días atrás, declaración que recalentó la relación con las centrales obreras que no descartaron la posibilidad de responder a un eventual veto con un paro nacional.
Hoy, luego de conocerse el resultado del debate parlamentario, los representantes de la cinco centrales sindicales concurrirán a la primera reunión plenaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario que se realizará en el salón Norte de Casa Rosada.
Acceso a la Información Pública
La Cámara de Diputados aprobó con 229 votos a favor y 4 en contra y giró al Senado el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que obligará a los tres poderes del Estado y a los organismos autárquicos a brindar información a cualquier ciudadano que lo requiera.
Los únicos votos en contra pertenecieron a los diputados del Frente de Izquierda, que evaluó que la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo encargado de velar por la aplicación de la ley, será igual que "la inerte Oficina Anticorrupción".
La defensa inicial del proyecto estuvo a cargo del diputado oficialista Pablo Tonelli, quien lo calificó como "un gran avance" para que el Congreso "cumpla con una deuda que arrastra desde hace años".
La iniciativa dispone que los tres poderes del Estado, el Ministerio Público Fiscal, el de la Defensa, el Consejo de la Magistratura, las empresas del Estado y los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos entre otros, deben brindar información a cualquier ciudadano que la solicite.
El área del Estado a la que se le requiera deberá satisfacer ese reclamo en un plazo de 15 días hábiles, prorrogable por otros 15, salvo en las excepciones previstas, referidas la información clasificada como confidencial o que comprometa la seguridad nacional.
La Agencia de Acceso a la Información Pública será la encargada de hacer el seguimiento del trámite y emplazar a los funcionarios a responder a la solicitud, así como a sancionarlos en caso de no responder en tiempo y forma.