El 1 de mayo, los trabajadores chilenos conmemoraron el día internacional del trabajador con marchas en Santiago lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el principal sindicato del país.
Por su parte, la presidente de Chile, Michelle Bachelet, anunció que estudiará ajustes a una reforma laboral aprobada en el Congreso en abril, que es rechazada por la oposición y el empresariado, y uno de cuyos principales artículos fue declarado inconstitucional.
La reforma laboral de Bachelet fue llevada por la oposición derechista ante el Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo que otorgaba exclusividad a los sindicatos en cuanto a las negociaciones colectivas, un fallo que fue rechazado por los principales gremios de trabajadores y calificado por el Gobierno como una derrota para los chilenos. Ante esto, Bachelet anunció que va a "estudiar en detalle el contenido del fallo, una vez que se dé a conocer el texto íntegro, para decidir los recursos y acciones a seguir, introduciendo los ajustes a dicho proyecto para que no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad". "Creo que debemos seguir adelante, buscando las vías para construir relaciones más equilibradas entre trabajadores y empresas", agregó la mandataria durante un acto por el día del trabajador.
La reforma laboral de Bachelet modificó el código laboral que promulgó en 1979 el dictador Augusto Pinochet, que redujo la injerencia sindical a su mínima expresión. Como consecuencia de ello hoy la tasa de sindicalización en Chile bordea el 14%.
La nueva ley dispone que el sindicato sea el principal agente de negociación colectiva y prohíbe los reemplazos durante la huelga.

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